Las excusas médicas que mantuvieron hospitalizado a Tapia Juez legalizó las capturas
Investigadores viajaron desde Bogotá a realizar la captura de Emilio Tapia por el caso de MinTIC
“Ustedes falsificaron la garantía bancaria que ampara el buen manejo del anticipo por 70.000 millones” ANDREA MUñOZ Fiscal
Dolores abdominales, un cuadro de hipertensión y retrasos en las pruebas de laboratorio han sido algunas de las excusas médicas presentadas por los defensores de Emilio Tapia a quien finalmente legalizaron su captura ayer por el caso de Centros Poblados.
Tapia, empresario condenado por el Carrusel de la Contratación y quien tiene el beneficio de la detención domiciliaria en Barranquilla, fue capturado en una clínica en esta capital por investigadores que viajaron desde Bogotá a realizar el procedimiento.
Es así como el abogado, empresario y contratista natural de Sahagún, Córdoba, iba a ser capturado en su residencia, ubicada en el barrio El Poblado en la capital del Atlántico. Incluso las autoridades llegaron hasta la vivienda, pero solo hallaron a la empleada del servicio doméstico, quien les informó que Tapia estaba hospitalizado desde el 19 de septiembre en la Clínica La Misericordia, en Barranquilla, “está en una clínica por dolores abdominales”, informaron extraoficialmente.
Por tanto, los investigadores tuvieron que trasladarse hasta el centro asistencial, donde hallaron a Tapia en el tercer piso siendo valorado por personal médico. El procesado negó ser revisado por Medicina Legal, porque ya estaba siendo atendido en este hospital. Allí manifestó que mantenía todos sus sentidos.
Historial de la clínica
Cabe recordar que uno de los socios de la Clínica La Misericordia es el médico neurocirujano Dieb Maloof, exsenador liberal, que fue condenado en 2007 a siete años por parapolítica y presuntos nexos con Jorge 40.
Maloof fue capturado el 25 de febrero de 2015 en medio de una investigación que realizaba la Fiscalía por el homicidio del exalcalde de Santo Tomás, Atlántico, Nelson
Mejía Sarmiento, perpetrado en 2004 por paramilitares.
Por este caso, Maloof pagó una pena de cuatro años y nueve meses de prisión impuesta en enero de 2008 por parapolítica.
Sobre el caso de Tapia, la clínica fue notificada de su captura y se plantea que corresponda a un Médico de Medicina Legal procedente de Bogotá, hacer la evaluación del caso y determinar su verdadero estado de salud.
Como es de conocimiento, Emilio Tapia fue condenado el 6 de mayo de 2015, un el juez 42 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, a tres años, un mes y seis días de prisión y a cancelar un total de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pena que apeló el fiscal del caso al considerar que la pena a imponer debía estar muy por encima de la impuesta.
Con videollamada, la fiscal del caso pudo verificar que su captura se hubiera dado en todas las dignas condiciones. Tapia quedó en calidad de recapturado en este centro asistencial.
El teléfono de Tapia fue incautado para recopilar información probatoria, sin embargo el allanamiento a su residencia no se efectuó. Tapia Aldana se encuentra bajo una estricta vigilancia de los agentes del CTI de la Fiscalía General.
El CTI también capturó en su vivienda a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, ganadora del polémico contrato por más de un billón de pesos para llevar internet a más de 7000 colegios públicos rurales de 15 departamentos del país, en el que se habrían presentado garantías bancarias falsas y un desembolso del anticipo por 70.000 millones de pesos.
Fueron legalizadas este martes ante el Juzgado 53 de Garantías las capturas de Tapias, del representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y el agente de seguros Juan José Laverde, implicados en el escándalo de MinTic que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen.
En las audiencias, la Fiscalía General de la Nación les imputó a los implicados los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal debido a la presentación de una garantía bancaria.
Ni Tapias ni Duque ni Laverde aceptaron los cargos imputados por la fiscal Andrea Muñoz.
Durante la audiencia Muñoz aseguró, “ustedes falsificaron la garantía bancaria que ampara el buen manejo del anticipo por 70.000 millones”.
La Fiscalía indicó que los tres tenían el pleno conocimiento de que estaban participando de la falsificación de varios documentos privados.
Los tres habrían inducido al error a los funcionarios del Ministerio de las TIC en el marco de la licitación. “Esto con el objetivo de tener el acto administrativo, de fecha del 9 de diciembre, en la que se adjudicó el contrato a Centros Poblados”, concluyó la fiscal.