Bandas de microtráfico: un negocio con menores de edad
Los niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido instrumentalizados históricamente en el conflicto armado. El tema se ha posicionado en la agenda pública con revuelos políticos, como cuando el senador Roy Barreras reveló que el Ejército bombardeó un campamento de las disidencias de las Farc, en Guaviare, en donde había presencia de menores de edad.
Con todo el revuelo que generó este bombardeo, en el que el Ejército admitió ser consciente de que habían menores de edad, se hizo evidente que el reclutamiento de niños y adolescentes a grupos armados sigue siendo una realidad en el país.
Sin embargo, un fenómeno que ha pasado de agache, tanto en la agenda pública como en los medios de comunicación, es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en las bandas de microtráfico. Una investigación recientemente, publicada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano aportó nuevos datos.
Según la Fiscalía General de la Nación, entre 2015 y 2021, se desarticularon 441 estructuras dedicadas al microtráfico en el país, de ellas, 254 instrumentalizan a menores de edad. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Santander.
El subregistro es otro asunto preocupante, pues las denuncias no suelen llegar por la población civil, sino con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como lo manifiesta la Fiscalía General.
Para el profesor de la Universidad del Valle Leonardo Raffo López, experto en economías criminales, entender el silencio de la ciudadanía pasa por reconocer que en esas zonas, donde las bandas dominan parcial o totalmente –parques, calles, barrios, cuadras–, no solamente controlan el mercado ilegal, sino la seguridad y las relaciones sociales, a través de grupos preparados para la defensa de los integrantes de la banda, lo que implica amedrentar a la población y negociar con agentes de control local.
Cifras, entregadas por la Policía Nacional a la UIP, revelan que entre 2015 y 2021,
“Debía estar del trabajo a la casa, porque me estaban persiguiendo y enviando personas para invitarme a salir con el fin de matarme”
ROBERTO*
Tiene 13 años y salió de una banda delincuencial, rompió la ley del silencio, por lo que lo buscan para asesinarlo. Sigue luchando para no volver al negocio criminal.
fueron aprehendidos en el país 29.756 menores por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Para atender a los menores de edad aprehendidos por esta práctica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) expone que prima el restablecimiento de sus derechos, pero si son mayores de 14 años y menores de 18 años, ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa), que busca un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando una justicia restaurativa, de verdad y de reparación del daño del adolescente.
Esto puede incluir, en algunos casos, la privación de la libertad en Centros de Atención Especializada. Entre enero de 2015 y noviembre de 2021, ingresaron a estos centros 179 adolescentes y jóvenes por casos vinculados con el tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales expuso a la UIP que las familias de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo suelen tener núcleos uniparentales, caracterizados por situaciones complejas de vulneración y falta de control parental, que se refleja en dificultades en el proceso de escolarización.
Además, la nacionalidad venezolana es un aspecto difícil de ignorar, pues en los últimos seis años, 418 niños, niñas y adolescentes, migrantes desde el vecino país, fueron aprehendidos, con aumentos significativos anuales al pasar de dos casos, en 2015, a 132, en 2021.
Sobre este asunto de niños y adolescentes migrantes hay poca información. Sin embargo, es evidente que el interés de los grupos dedicados al narcotráfico es la identificación de la población vulnerable. Para Claudia Sánchez, directora técnica de Visión Mundial, la migración de personas venezolanas, en extremas condiciones de pobreza, es aprovechada porque representa mano de obra barata.
Es por esto que los migrantes encuentran en la dinámica delictiva una oportunidad, pero también hay casos en los que actúan bajo amenazas y otras formas violentas.
Las cifras muestran que esta situación viene en aumento durante los últimos años y, a la sombra de las preocupaciones ciudadanas, las bandas de microtráfico han logrado aumentar su rentabilidad a costa de la mano de obra manipulable y económica de los menores de edad.
Juan Manuel Núñez, asesor de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, explica que solo hasta 2015 comenzaron las investigaciones para entender este fenómeno, lo que infiere que las acciones en contra del mismo también van a ritmo lento.
Los últimos dos gobiernos han enfocado su trabajo desde una perspectiva de seguridad e inclusión social en zonas de miedo y microtráfico en el país. Por su parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ha tomado recomendaciones para adoptar políticas de prevención contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, Núñez aclara que “en todas las políticas hay que incluir una línea que tenga que ver con fortalecer las capacidades en todos los aspectos, porque si yo le digo qué hacer y cómo hacerlo, pero no le doy los medios para que lo haga, grave”. En pocas palabras, los recursos son limitados y el problema es muy amplio, pero la investigación es clara en concluir que es necesario que el Estado desarrolle políticas integrales para combatir la política de muerte que se sigue expandiendo en calles, plazas, esquinas, cuadras e incluso en redes sociales, y que arrebata la vida digna, la esperanza y los sueños de miles de niños y niñas en el país.
La investigación con cifras, datos, análisis e historias puede ser consultada en la página web www.bandasmicrotrafico.poligran.edu.co
*El nombre se cambia para reservar la identidad de la fuente.
Entre 2015 y 2021, fueron aprehendidos en el país 29.756 menores por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes