El asesinato de líderes sociales en Colombia no es ningún mito
El Centro de Investigación y Educación Popular insiste en que las muertes “no son por líos de faldas, sino de tierras”
Ni líos de faldas, ni casualidades, el asesinato de defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país es sistemático y tiene una razón básica: la lucha por la tierra. Así lo demuestra un informe del Cinep, que lanza una alarma de cara a lo que viene para el campo colombiano.
Un total de 138 líderes sociales fueron asesinados en 2017 en el país, lo que supone un incremento del 20% con respecto al año anterior, cuando se registraron 115 víctimas, reveló un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
La organización detalló en su documento que “no son líos de faldas, son líos de tierras”; los asesinatos se produjeron por persecución política, abuso de autoridad e “intolerancia social”.
El nombre del estudio hace referencia a las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a finales del año pasado atribuyó parte de los asesinatos de líderes sociales a disputas por tierras y linderos, por rentas ilícitas, e incluso a “líos de faldas”.
En el documento, el Cinep detalló las violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los autores materiales de estos actos y las regiones más afectadas, todos generados por la disputa de tierras, eje del conflicto armado en el país.
“Se continúa amenazando y asesinando a líderes y defensores de derechos humanos de manera premeditada, aplicando planes y acciones violentas contra ellos, los testimonios de las víctimas registrados lo comprueban”, manifestó durante la presentación el director del Cinep, Luis Guillermo Guerrero.
En opinión de Guerrero, “las noticias no son las mejores” sobre la violación de derechos humanos, lo cual corrobora que en el país sigue vigente una “guerra sucia” cometida principalmente por grupos herederos del paramilitarismo.
Estos grupos, señalados por el Cinep como paramilitares, son los principales responsables de los crímenes, pues la organización vinculada a la Compañía de Jesús los acusa de cometer 609 amenazas, 69 asesinatos, 28 lesiones físicas, 16 desapariciones forzadas y 14 actos de tortura durante el año pasado, entre otros.
Le siguen miembros de la Policía colombiana, quienes perpetraron 268 lesiones físicas, 134 detenciones arbitrarias, 45 judicializaciones arbitrarias, 42 amenazas y 31 ejecuciones, detalla el documento.
De igual forma, se señala al Ejército, la Fiscalía, la Armada, la Fuerza Aérea, empresas, agentes externos y al Instituto Nacional Penitenciario de varias violaciones.
El último caso ocurrió ayer en zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde bandas delictivas asesinaron a María del Carmen Moreno Páez, presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Caño Rico, municipio de Arauquita.
Según la organización Somos Defensores, durante el primer trimestre de este año 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados, 26 más que en el mismo periodo de 2017.
Estas cifras contrastan con las que facilitó el presidente Juan Manuel Santos, el pasado 14 de marzo, cuando aseguró que 160 líderes sociales fueron asesinados desde 2016.
El informe especificó que las zonas más afectadas son Valle del Cauca con 271 casos, seguido por Cauca (253), Antioquia (149), Chocó (112), Bogotá (108), Cundinamarca, (77) Norte de Santander (66), Nariño (65) y Bolívar (57).
“El desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”, concluyó Guerrero.