¿VUELVE EL TERROR A LA COMUNA 13?
La violencia en San Javier, Comuna 13 de Medellín, no cesa. Los enfrentamientos constantes y la lucha de poder tienen atemorizados a sus habitantes
La situación que viven los habitantes de la Comuna 13 cada vez es más compleja. La pelea por el control territorial de las bandas criminales que operan en San Javier ha dejado decenas de muertos y personas heridas.
El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, Sisc, reportó que desde el 1 de enero y hasta el 20 de junio de 2018, los homicidios han aumentado en un 70%, al pasar de 20 casos en 2017 a 34 en lo corrido del año.
La violencia
Andrés*, un joven habitante de San Javier, es enfático al decir que la situación de violencia que viven es a causa del abandono institucional en el que se encuentra la Comuna.
La violencia y el terror que se han sembrado en la comunidad, explicó Andrés, responden a la “falta de presencia del Estado en los territorios y que son el resultado del abandono que sufre la Comuna 13 desde hace mucho tiempo”.
El joven reveló que hay sectores (como Betania) que tienen toques de queda y “donde en las últimas semanas ha habido 10 homicidios y que, lo peor, han sucedido en los mismos puntos”. Además, dijo que esta zozobra la padecen los habitantes de Juan XXIII, Robledo Aures y Altavista.
Por su parte, Julián*, otro habitante de la Comuna, comentó que desde hace varias semanas tres rutas de busetas integradas al Metro de Medellín, pertenecientes a la empresa Conducciones América no están operando, “lo que ha generado caos en el sector porque han dejado de prestarle el servicio a cerca de 5000 personas al día, pues cubren cinco barrios distintos”.
Al parecer, la razón por la que estas rutas no están operando es porque “las bandas criminales han modificado la forma como cobran las extorsiones a los conductores de los buses, a quienes ahora los obligan a buscar a los ‘pillos’, encargados de recibir las vacunas y ya no tienen que subirse a los buses a cobrar, porque así disminuye el riesgo de ser capturados”, afirmó Julián.
Lucha territorial
Según Julián, que ha analizado el conflicto en su territorio, todo se ha intensificado desde la captura de alias Juancito, quien había hecho mucho daño en el sector y tenía una guerra desde hace tiempo con la banda criminal Cuatro esquinas.
“El conflicto se resume en que al capturar a ‘Juancito’ otro combo entró a disputar el territorio con la gente de ‘Juancito’: los de Cuatro Esquinas. De ahí los asesinatos que se han presentado: el de alias el Enano, alias Fredy, alias Nando, etc. Por eso el incremento en el cobro de las extorsiones, porque el nuevo combo lo que quiere es dinero”, explicó Julián.
Además, agregó que en barrios como Betania, Belencito, Villa Laura, El Corazón, El Morro y Travesías se han presentado varios asesinatos y los delincuentes han obligado a los comerciantes a cerrar sus establecimientos.
“En términos generales, les quedó grande al Alcalde, a la Policía y al secretario de Seguridad de Medellín ponerles coto a los delincuentes en esta comuna. La excusa no debe ser solo que capturamos a este o tal jefe. La respuesta debe ir mucho más allá”, agregó.
El Comité de Derechos Humanos de la Comuna 13, en cabeza de James Zuluaga, líder social, confirmó la situación de violencia generalizada en la Comuna, donde dijo se han hecho cada vez más frecuentes las balaceras y los homicidios, que además de las muertes han dejado gran cantidad de heridos y desplazados.
“Nos manifiestan varios ciudadanos habitantes de la Comuna que se sienten secuestrados en sus propias viviendas, por el temor que sienten de salir y ser asesinados por una bala perdida o por cruzar una frontera invisible”, dijo Zuluaga.
Las denuncias
Zuluaga, en nombre de los defensores de los derechos humanos y comunicadores de la Comuna 13, indicó que ahora están denunciando lo que está pasando en la comuna con temor, porque “funcionarios de la Alcaldía de Medellín nos advirtieron de una forma amenazante que, si continuábamos visualizando la problemática de la Comuna 13, nos van a judicializar por generar pánico”.
La advertencia, explicó Zuluaga, es para que en diferentes espacios “no trabajen con nosotros porque no somos personas de fiar”. A raíz de esto instauraron una denuncia ante la Fiscalía porque consideran que, según el Derecho Internacional, eso es violencia de Estado. “La Policía de la Comuna 13 nos ha empezado a hacer seguimientos y señalamientos, por lo que consideramos que es por orden de la administración, ya que la Fiscalía no nos ha hecho ningún tipo de citación”, dijo Zuluaga.
Además, el líder social le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que enfoque su atención en Medellín, y en particular, en la Comuna 13, “para que nos brinden las garantías necesarias para continuar con nuestro trabajo y que no se repita la historia, cuando el Estado colombiano fue sancionado por las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, con lo ocurrido entre los años 2000 y 2002, cuando se ejecutaron las distintas operaciones militares”.
Por su parte, la Personería indicó que ha recibido las denuncias de la ciudadanía frente a las extorsiones a las que están sometidos los transportadores y los comerciantes, lo que genera aumento en el costo de vida y afecta gravemente la calidad de vida de las personas.
“La Personería se ha reunido con líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y diferentes organizaciones que han manifestado que no es un fenómeno nuevo, pero que, ante el aumento de los enfrentamientos y la incursión de nuevos actores armados, es cada vez más difícil llevar una vida digna”, indicó Mario Montoya Vanegas, personero auxiliar. En San Javier, desde los últimos días de abril y hasta la fecha, algunos alimentadores del Metro y las rutas 200, 222, 201, 202, 203 y 221 han dejado de prestar el servicio por temor a las represalias por el no pago de ‘vacunas’.
Respecto a la situación en Altavista, evidenció la Personería que varios productos de consumo diario como el gas, las arepas y los huevos están sometidos al control y al cobro de ‘vacunas’ por grupos armados ilegales.
Y en Robledo, la ciudadanía en general y los conductores de buses han manifestado ser víctimas de extorsión (incluso varias veces en un solo recorrido) pues diversos grupos armados tienen control sobre diferentes puntos de la comuna. “Nuestro compromiso con los Derechos Humanos nos lleva a estar de forma constante recorriendo los territorios y avisando oportunamente a las instituciones que tienen el deber de atender a la población. En vista de la situación expuesta, hacemos un llamado a las demás instituciones del Ministerio Público para que ejerzamos un acompañamiento constante a la comunidad en procura de proteger y restablecer los derechos humanos vulnerados”, puntualizó Montoya.
“Habitantes de la Comuna 13 que se sienten secuestrados en sus propias viviendas, por el temor que viven de salir y ser asesinados por una bala perdida o por cruzar una frontera invisible”
James Zuluaga, defensor de los derechos humanos en la Comuna 13