El Estado colombiano falló en proteger a sus ciudadanos
Estado mudo. Pese a las recomendaciones concretas de las alertas tempranas, muy pocas veces se obtiene respuesta estatal y las advertencias parecen no ser tenidas en cuenta para prevenir las tragedias
El pasado 9 de mayo de 2019, el Estado colombiano fue condenado por haber hecho caso omiso a las alertas que anunciaban la situación que se vivió en Bojayá, Chocó, en 2002. Para el Tribunal Superior del Chocó, el Estado les falló a sus ciudadanos.
Hoy, 18 años después, la Procuraduría General de la Nación inicia la investigación sobre unos hechos similares: las alertas tempranas que se emitieron sobre la situación de conflicto en el sur del Nariño no obtuvieron respuesta del Estado y las autoridades locales, y devinieron en la masacre de ocho jóvenes en el municipio de Samaniego el pasado 15 de agosto.
PUBLIMETRO encontró que, para Samaniego, Nariño, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta 032 de 2019, en la que advertía sobre la configuración de un conflicto interno en el departamento tras el fortalecimiento del Eln y su disputa con las bacrim.
La alerta dirigida a la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, relata tres hechos que presagiaban violaciones a los derechos humanos: los panfletos del Eln del 15 de julio de 2019, en el marco del anunciado ‘Paro armado’; la presencia de hombres armados en La Llanada, con acciones de control social, y hostigamientos a la fuerza pública.
Por esto, la Defensoría hizo siete recomendaciones a siete instituciones estatales que parecen no haber sido acatadas, pues los hechos victimizantes se dieron un año después, dejando a su paso dolor en la familia de ocho jóvenes en una masacre sangrienta de la que aún no hay culpables.
El Estado no responde a las recomendaciones de la Defensoría
Las tensiones entre la entidad y los gobiernos de turno han sido evidentes desde hace muchos años. Mateo Gómez, exdirector del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, indicó que estas han mutado con el paso de los años, de acuerdo a las tensiones políticas del momento.
“Cuando Fernando Londoño era ministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez, la percepción era que el país estaba desbordado de alertas tempranas y por lo tanto el Gobierno debía asumir las riendas del impulso de la prevención. Entonces la Defensoría pasó de emitir las alertas a remitir informes de riesgo que eran evaluados por el Ministerio del Interior, que decidía cuándo esos riesgos eran elevados a alertas. Ante el altísimo nivel de consumación y la evidente transgresión de la autonomía de la Defensoría en la que se puede llamar como la ‘era Germán Vargas Lleras’ (2010), el entonces ministro del Interior y Justicia de Juan Manuel Santos decide que todos los informes se eleven a alertas”, explicó Gómez a PUBLIMETRO.
El esquema cambia con la firma del acuerdo de paz con las Farc, cuando queda acordado que con el propósito de prevenir que la dejación de armas conlleve a un exterminio de los excombatientes, como sucedió con la UP a mediados de los años ochenta e inicios de los años noventa, las alertas fueran emitidas autónomamente por la Defensoría y el rol del Gobierno fuera el de la coordinación y articulación de las acciones de respuesta rápida.
La respuesta del Estado a las alertas
En el decreto 2124 de 2017, el Ministerio del Interior reglamentó lo que denominó el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante los hechos que pudieran poner en riesgo a la población, que estaría conformado por dos componentes: las alertas tempranas y los Ciprat.
La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) es el ente que se encarga, según el decreto, de “coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas”. Sin embargo, esto no parece llevarse a la práctica.
“He participado en varios Ciprat, pero en mi sentir no está siendo un instrumento lo suficientemente eficaz. ¿Por qué? Porque llegamos 50 actores, la Defensoría muestra la alerta y cada uno muestra lo que está haciendo o lo que hará. Pero ahí no hay una real decisión de articulación, no hay acción. He venido haciendo ese reclamo”, aseguró a PUBLIMETRO Luis Suárez, gobernador (e) de Antioquia.
Para José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), la situación es más compleja, pues relata el no cumplimiento de las recomendaciones y así, el Ciprat se convierte en “una reunión en donde la gente expone cosas bonitas, que nunca se ven en los territorios”.
Por ejemplo, “desde el 2017, la Defensoría ha emitido 12