Enfrentamientos por el desalojo de 1500 familias en Cali
Tensión. Los habitantes del lugar aseguraron que no les avisaron del desalojo y que no tuvieron tiempo de sacar sus cosas
El desalojo de unas 1500 familias en el oriente de Cali, en una de las zonas de invasión más grandes de esa ciudad, provocó momentos de tensión entre los vecinos del asentamiento y las autoridades locales y fuerzas de seguridad.
“Con toda la garantía de derechos humanos y junto a la fuerza pública, el Ministerio Público y distintos organismos de la Alcaldía de Cali se inició la recuperación de más de 30 hectáreas que habían sido ocupadas de manera ilegal en el predio Aldovea –coaunque rregimiento Navarro–”, indicó la Alcaldía de Cali en un comunicado.
El asentamiento comenzó, al parecer, el año pasado con motivo del paro nacional (ocurrido entre abril y junio), detalló César Lemos, subsecretario de Gobierno de Cali, y cuenta con una parte que es privada y otra que es pública, propiedad del distrito, donde está proyectado que se construya la Universidad Distrital.
Además, estas familias “están conectadas fraudulentamente al servicio eléctrico, es más, adquirieron unos transformadores e hicieron unas instalaciones incluso con postes de concreto en el asentamiento”, explicó Lemos, quien indicó que ya se ha cortado el servicio eléctrico.
Según esta información, el desalojo había sido consensuado con la comunidad, que habría “permitido el acceso al lote para ejecutar el proceso de manera programada, paulatina y progresiva”, en palabras del secretario de Seguridad y Justicia Distrital, Jimmy Dranguet Rodríguez.
Uniformados y 2000 funcionarios de la Alcaldía participaron en el desalojo
Versión diferente
No obstante, la versión de las autoridades fue desmentida por los vecinos del predio. La situación es “muy difícil porque no dijeron que iban a desbaratar las casas así”, explica Diana Castro, una de las vecinas de este asentamiento.
“Si hubiesen dicho con tiempo, ayer o hace dos días, uno hubiera arreglado las cosas para desalojar bien, como se debe, pero no, lo sacan a uno, no le dan ni solución ni nada”, lamentó Castro, a lo que agregó que no sabe dónde ir tras ser desalojada ni cómo “conseguir comida” para su hijo.
los vecinos aseguran no ser conocedores de la decisión de desalojo, la Alcaldía afirma que la medida “fue comunicada desde el pasado 26 de septiembre de 2022”.
En la operación han participado unos 1600 uniformados de la Policía Nacional y 2000 funcionarios de la Alcaldía, así como han sido utilizados camiones para los trabajos.
“La ruta de invadir predios públicos y privados para resolver la vivienda es equivocada y no la aceptamos, para las comunidades necesitadas instalamos mesas de trabajo para concurrir con el Gobierno Nacional y así adquirir tierra y posibilitar mecanismos alternativos de construcción”, aseguró tras la jornada de desalojo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
A esto añadió que para los que venden tierras “aprovechándose de las necesidades de nuestra comunidad la ruta es la judicialización”, por lo que serán denunciados ante la Fiscalía, informó el funcionario en un mensaje publicado en sus redes sociales.
“Esto resulta muy preocupante para la Defensoría del Pueblo dado que los menores de edad son personas de especial protección y se les deben garantizar sus derechos a la educación, integridad y a la vida”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Los enfrentamientos, en los que supuestamente se utilizan armas no convencionales, se reportan desde hace días en el caserío Cañas Bravas, una zona que compromete a varias veredas del departamento de Arauca, uno de los más golpeados por el conflicto y con más altas tasas de violencia del país.
La Defensoría del Pueblo indicó que las comunidades campesinas e indígenas de esta región permanecen en riesgo inminente por las acciones del Eln y de las disidencias de las Farc, algo que se traduce en el riesgo de desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños.
“Se han reportado daños a bienes inmuebles (...), hay riesgos por minas antipersonal, lo que las ha llevado a confinarse. Los niños no están yendo a la escuela y se están acabando los alimentos”, alertó el defensor del Pueblo.
Camargo, tras expresar su “preocupación y total rechazo” por las hostilidades, reiteró el llamado a los grupos armados a “dejar fuera del conflicto a toda la población civil, particularmente, a los niños, niñas y adolescentes, y a mostrar gestos que permitan avanzar en los diálogos para la construcción de la paz que viene promoviendo el Gobierno nacional”.
Además, exigió a las autoridades competentes hacer presencia en este territorio y adelantar acciones siguiendo las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en relación a las alertas tempranas que existen en la zona.