LO ACUSAN DE ROBAR A 50 PROFES CALDENSES
Cuatro delitos, en calidad de autor (2) y coautor (2), le fueron acusados a un hombre ayer en la audiencia de formulación de acusación en el proceso que se adelanta en contra de 12 delincuentes que estafaron a 50 docentes en Caldas.
El sujeto recibió la acusación por videollamada desde Barranquilla, en donde se encuentra bajo vigilancia del Inpec. A su lado estaban dos abogados, uno titular y otro suplente, quienes lo representan en la defensa.
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Concierto para delinquir, uso de documento falso, estafa agravada y falsedad en documento privado fueron los delitos que, a juicio del fiscal, cometió el acusado.
Las estafas ocurrieron desde 2017, cuando una red delincuencial suplantó las identidades de docentes con buena capacidad de endeudamiento, en Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Quindío, entre otros.
Por la investigación salieron a la luz 15 nombres, de hombres y mujeres, que desde Barranquilla llegaban a esas regiones a delinquir. El paso a paso era el siguiente: identificaban a docentes con buena capacidad de endeudamiento, les suplantaban los documentos y sacaban cédulas falsas, iban a la Secretaría de Educación departamental a pedir certificado laboral y luego iban a las cooperativas o bancos a solicitar los préstamos.
Su labor
En Caldas donde suplantaron a 50 docentes, la red delincuencial se robó $944 millones. En todos los casos suplantaron las identidades de docentes y pidieron préstamos o créditos a su nombre.
El hombre que fue acusado ayer pidió préstamos, bajo suplantación, por $65 millones 702 mil. Además, sirvió de falso codeudor para que otros delincuentes hicieran lo mismo. Bajo esa figura, permitió el robo de $76 millones 692 mil.
Así las cosas, el sujeto participó en el robo de al menos, $147 millones 394 mil. Y pudo haber sido más dinero, pues la Policía alertó a dos cooperativas de algunas irregularidades en una solicitud de dos créditos que sumaban $98 millones.
Tras las denuncias y la investigación, un juzgado de Manizales expidió orden de captura que se hizo efectiva en un municipio de Atlántico, en donde un juez legalizó el procedimiento. Actualmente se encuentra con medida de aseguramiento.