JEP ordena protección nacional a víctimas
BOGOTÁ. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ordenó una medida cautelar nacional y una audiencia pública para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.
Según la dependencia, hacer justicia implica concederles el derecho a saber las circunstancias en las que se dieron las violaciones, los acontecimientos y motivos que llevaron a la perpetración de los crímenes. Así como la reparación simbólica por medio de relatos que dejan sin sustento la negación de estos hechos violentos.
La decisión también se tomó ante la falta de consolidación de sistemas de información relacionados con el proceso de búsqueda e identificación, la dificultad en el acceso a la información, el subregistro de víctimas de desaparición, así como factores socioculturales relacionados con el temor a denunciar y la desconfianza en las entidades estatales en la protección de puntos de interés forense. “Hay evidencia de falta de coordinación; la necesidad de un fortalecimiento presupuestal y tecnológico; ausencia de una política pública integral para abordar la desaparición forzada, así como la custodia y preservación de puntos de inhumación; baja participación en tomas de muestras biológicas y precariedad de infraestructura para el tratamiento y abordaje de los cuerpos”, destaca el comunicado. Ante estas evidencias, la JEP adoptó la medida cautelar nacional, con lo que se busca contar con acciones más eficientes que respondan a los requerimientos de las víctimas. Se ordenó a ministerios, organizaciones de derechos humanos y a autoridades nacionales y territoriales, entregar informes.
De acuerdo con la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), cerca de 100 mil personas fueron víctimas de desaparición en medio del conflicto. El 14 y el 16 de mayo se realizarán las audiencias en Bogotá y Barrancabermeja. Para consolidar el universo de víctimas desaparecidas en Colombia, la UBPD, Medicina Legal, Grube, Fiscalía y Uariv deberán conformar una mesa técnica que deberá entregar una cifra oficial en seis meses.