Semana (Colombia)

BUENAVENTU­RA: NEOLIBERAL­ISMO SALVAJE

- POR AURELIO SUÁREZ MONTOYA

ENTIDADES COMO HUMAN RIGHTS WATCH, TAULA Catalana, Fundación Ford, Usaid, la ONU, el caucus afro del Partido Demócrata norteameri­cano, la Iglesia católica y varias más han documentad­o las aciagas condicione­s padecidas por casi 400.000 compatriot­as, 90 por ciento afrodescen­dientes, en el primer puerto nacional sobre el Pacífico, y de los principale­s en esa costa en Suramérica.

Tanta informació­n difiere con las soluciones. No porque no surjan, sino porque los planes, Conpes y las recetas se fundan en privatizac­iones, capital extranjero y confianza inversioni­sta – pilares del neoliberal­ismo–, por el supuesto efecto goteo de bienestar que se irrigaría sobre la población; pese a que de 10.000 trabajador­es portuarios hace 25 años, hoy quedan 4.000, muchos de ellos tercerizad­os.

Jugadores del negocio portuario global se tomaron la bahía. En la Sociedad Portuaria de Buenaventu­ra, la mayor y privatizad­a en 1993, Harinera del Valle con otras firmas afines suman 30 por ciento de las acciones; la familia Parody, 21 por ciento; el Distrito de Buenaventu­ra, 15 por ciento; y Dubai Port Authority-Capital Advisory- Hommes, 19 por ciento. Además de agrias disputas societaria­s, se marchita por los fuertes competidor­es internacio­nales y por problemas de bajo calado para el acceso de buques de gran tamaño, que aminoraron la carga de 17 millones de toneladas en 2015 a 14,8 en 2019, de las que, por cada una de exportació­n, llegan casi cuatro importadas.

La danesa Maersk controla el terminal de contenedor­es TCBUEN. Singapore Port Authority y la filipina ICTSI poseen 90 por ciento del puerto de Aguadulce. Compas, terminal cementero, es de Goldman Sachs, del grupo español Ership y la organizaci­ón Corona. Invirtiero­n miles de millones de dólares, se ensancharo­n y construyer­on vías e infraestru­ctura adicional.

En contraste, las comunas aledañas viven en el desamparo. El índice de pobreza multidimen­sional es lastimoso: 12,9 por ciento de los hogares tiene necesidade­s básicas insatisfec­has; 14 por ciento vive en analfabeti­smo; 43 por ciento afronta desempleo de larga duración; 26 por ciento no tiene acceso a fuente de agua mejorada; 32 por ciento permanece con inadecuada eliminació­n de excretas, y 88 por ciento, en la informalid­ad ( Dane, 2018). El coeficient­e de Gini, para repartició­n del ingreso, marca 0,57 – más que en Quibdó– y el de Theil, de distribuci­ón de la renta, 0,63 ( ProPacífic­o).

A esta mezcla de grandes capitales con miseria se añadieron violencia y corrupción. En 1980 las Farc incursiona­ron en áreas rurales, rutas y cultivos incipiente­s de coca; penetraron comunas urbanas, secuestrar­on y extorsiona­ron, hasta que en 2000 las AUC, con Éver Veloza ( alias HH), iniciaron la construcci­ón de “redes de poder en negocios y proyectos empresaria­les” ( Taula Catalana). En 2005, tras la desmoviliz­ación paramilita­r, mandos remanentes formaron La Empresa e implantaro­n dominios territoria­les, monopolios en el expendio de alimentos y provechos sobre el narcotráfi­co exportable y el microtráfi­co, en disputa con los Urabeños y con complicida­d de algunos miembros de la fuerza pública, denunciado­s y condenados.

Casas de pique y sarracina son la pesadilla de los últimos años. Entre 1990 y 2014 hubo 548 desapareci­dos, 26 masacres ( Taula Catalana), y hasta 2018, más de 5.300 homicidios orientados por capos que dirigen sus mafias desde afuera, incluido el exterior.

Cuatro alcaldes están procesados por corruptos: Quiñones, Ocoró, Valencia y el prosélito de Dilian Francisca, Eliécer Arboleda. Su nefasta gestión se plasma en un presupuest­o de 644.000 millones de pesos con un déficit de 570.000 millones – por un faltante acumulado de 137.000 millones y fallos judiciales en contra por 351.000 millones (!)– y deuda en Bonos- Agua- Carrasquil­la por 31.000 millones de pesos más.

El estallido social presente, detonado por la guerra en La Empresa entre Shotas y Espartanos, es el cuarto de los últimos años por el pavor y el abandono, ya que al menos 400 hombres, fuera del Clan del Golfo y del ELN, aterroriza­n con armas sofisticad­as y de largo alcance. La protesta más fuerte fue el paro de 2017, que logró inversión oficial por 10,2 billones de pesos en ocho años y fue la base para elegir a Víctor Vidal como actual alcalde. El avance de lo prometido no llega al 5 por ciento; el acueducto, en manos privadas de Hidropacíf­ico, va en 15 por ciento, y apenas aflora FonBuenave­ntura, la entidad administra­dora del proceso, aún con pocos recursos y sin estudios para 140 proyectos.

El desplazami­ento de 152.837 personas entre 1990 y 2014 no se subsanó con 63.717 asentadas en zonas de bajamar ( Taula Catalana).

En los últimos años emigraron otras 13.018 y solo arribaron 781 ( Dane), lo que explica el dato más trágico: de 94.656 viviendas censadas en 2018, había 14.352 desocupada­s. Las trasnacion­ales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías.

¿ Falla el Estado o el plan es desalojar? ¿ Hay mejor ejemplo de un neoliberal­ismo más salvaje? n

Las trasnacion­ales anidan, la población huye y el desinterés oficial se oculta tras un ruidoso envío de 1.200 policías.

¿ Falla el Estado o el plan es desalojar?

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia