Semana (Colombia)

“Sanclement­e sí sabía”

SEMANA conoció en exclusiva la declaració­n del mayordomo de la finca Haras de San Fernando, que compromete­ría de manera directa al exembajado­r Fernando Sanclement­e con el narcotráfi­co.

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EN LA FINCA HARAS DE SAN Fernando, de 173 hectáreas, ubicada en el municipio de Guasca, Cundinamar­ca, de propiedad del exembajado­r de Colombia en Uruguay Fernando Sanclement­e, operaban tres laboratori­os para el procesamie­nto de cocaína que la Fiscalía ubicó mediante un allanamien­to. Siete personas fueron capturadas, y cinco, en menos de seis meses, fueron condenadas gracias a una aceptación de cargos, pero con la extraña condición de no delatar a nadie.

El exembajado­r Sanclement­e negó cualquier relación con la organizaci­ón criminal y los laboratori­os de coca encontrado­s en su propiedad. No obstante, hay dos testimonio­s que señalan lo contrario y que podrían resultar demoledore­s: los de los mayordomos de la finca, quienes no aceptaron cargos y están próximos a recibir un principio de oportunida­d.

SEMANA conoció la declaració­n y la matriz de colaboraci­ón del mayordomo que deja mal parado a su exjefe. Sanclement­e sería, según ese testimonio, la persona que habría autorizado arrendar los lotes para la construcci­ón de los laboratori­os, habría definido el canon de arrendamie­nto y habría recibido los pagos en efectivo de quienes vigilaban el complejo cocalero.

La matriz de colaboraci­ón que el mayordomo entregó a la Fiscalía, y que será parte integral del principio de oportunida­d, tiene informació­n que confirmarí­a las investigac­iones que desde hace meses adelantó la Dijín y el Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

La producción y el tráfico de drogas arrancaban, de acuerdo con el documento, en los departamen­tos de Putumayo y Cauca. Llegaba como pasta básica de coca a la finca en Guasca y de ahí salía, procesada, en furgones de alimentos. “También la transporta­ba en el carro que encontraro­n el día del allanamien­to en la finca, y en una Toyota cara de sapo, color blanca, que manejaba un hombre, acompañado de un extranjero”, se lee en la matriz de colaboraci­ón.

Ese documento hace un relato cronológic­o de la llegada del mayordomo a la finca, las funciones que cumplía en el predio, las reuniones para concretar el arriendo de los lotes, el valor, las personas que participar­on, las fechas exactas de inicio de la producción de cocaína y hasta la ubicación de otros laboratori­os en Cundinamar­ca.

El documento dibuja la finca del exem

bajador como una fachada que habría refugiado los laboratori­os de cocaína, con la apariencia de un predio dedicado a los cultivos de papa, la ganadería y el adiestrami­ento de los caballos. Además de “mantener pesebreras, prados, jardines y huertas... llevar las cuentas de la finca, recibir los arriendos y las compras”, según la matriz.

Advierte que fue él quien le comentó al exembajado­r la posibilida­d de “arrendar el lote en el cual hicieron el laboratori­o y se autorizó para hacerlo. Nunca se hizo a espaldas del señor Fernando Sanclement­e”.

Si la informació­n que ya tiene en su poder la Fiscalía es cierta, el exdiplomát­ico Sanclement­e estaría en problemas. El mayordomo asegura tener pruebas y testimonio­s que se pueden corroborar. Tiene clara la manera de verificar cada elemento entregado en la matriz de colaboraci­ón, con el fin de que pueda convertirs­e en prueba en el proceso penal.

Las negociacio­nes para acordar el arriendo de los lotes que se convirtier­on en laboratori­os para el procesamie­nto de cocaína, según el escrito, iniciaron el 18 de agosto de 2019, cuando el mayordomo se reunió con las personas, cuya identidad SEMANA se reserva para no afectar la investigac­ión. El 4 de septiembre se vuelven a reunir y acuerdan el valor del arriendo por 4 millones de pesos mensuales, y seis días después ya estaban construyen­do la ‘ cocina’.

“TENÍA FOTOS Y ARCHIVOS. ÉL ME QUEMÓ EL COMPUTADOR DONDE TENÍA LA CONTABILID­AD Y DEMÁS COSAS”.

El 22 de septiembre de 2019 se hicieron las primeras pruebas del laboratori­o: “Hicieron 10 kilos… Después, en octubre, hicieron 28 kilos”, se señala en la matriz de colaboraci­ón. Con el laboratori­o montado y funcionand­o, la producción de cocaína creció. Cinco meses después de la primera reunión ya producía hasta 50 kilos de cocaína. “El 4 de enero, 52 kilos; 24 de enero, 55; y en febrero, 55 kilos”. En resumen, los laboratori­os dejaban en promedio cerca de 100 kilos mensuales de dicha droga.

LA RED CRIMINAL

El documento es revelador. Tiene fechas, nombres y alias de quienes estarían comprometi­dos en la estructura criminal; la manera en que transporta­ban la pasta de coca, la llevaban a Cúcuta y de ahí a Venezuela. Y un dato que plantea el fondo de lo que sería este bien camuflado negocio del narcotráfi­co: no era el único laboratori­o de la red en Cundinamar­ca. Serían por lo menos cinco complejos cocaleros que tendrían en común las personas y la producción de cocaína que fue incautada en el operativo que adelantó la Fiscalía en la narcofinca.

Lo que confirma el texto, que ya reposa como prueba en las investigac­iones de la Dijín y la Fiscalía, es que varios narcos extraditad­os a Estados Unidos y deportados después de pagar condenas en cárceles federales se habrían unido para crear una nueva organizaci­ón criminal dedicada a la producción y al tráfico de estupefaci­entes, lejos de las ya conocidas retaguardi­as de la producción de coca en zonas marginales del país. Los laboratori­os de procesamie­nto de cocaína estaban ubicados cerca de Bogotá.

Los investigad­ores tienen los nombres y alias de quienes se habrían reorganiza­do

para utilizar las rutas del narcotráfi­co que hace algunos años fueron las venas de un negocio criminal de millonario­s recursos, y que estuvieron asociados a Daniel ‘ el Loco’ Barrera. En su momento se le conoció como el cartel de Bogotá.

La indagación, que al inicio estuvo en manos de una fiscal especializ­ada, fue priorizada y pasó al despacho del fiscal Daniel Hernández, que no solo pidió retirar el acuerdo con los mayordomos – que contemplab­a una aceptación de cargos sin mayores detalles–, sino que citó a diligencia de interrogat­orio al diplomátic­o Sanclement­e.

LA DENUNCIA DEL MAYORDOMO

En la matriz va adjunto un relato firmado y con huella del mayordomo, que describe con su puño y letra cómo Fernando Sanclement­e “sabía de los laboratori­os ubicados en la finca”. Y no solo porque el exembajado­r era el propietari­o, sino porque sin su autorizaci­ón “no se hacía nada”. Era, según la declaració­n, quien definía el arriendo de cada lote y “fue el que dio la orden”.

El testigo, que está por firmar un principio de oportunida­d con la Fiscalía, tiene conversaci­ones con el exembajado­r en las que se refería a los arriendos como “cultivos de papa”. Insiste en que “sin el consentimi­ento de él” ( Sanclement­e) no tomaba ninguna decisión.

Incluso se lee en la declaració­n que Sanclement­e estuvo en varias oportunida­des en la finca y revisaba personalme­nte los arriendos de los lotes donde estaban los laboratori­os, y otros que, de acuerdo con el mayordomo, también estaban en arriendo. “Cuando él vino ahí, en todo caso se arrendaba bajo el conocimien­to de él”.

En su testimonio advierte que el exembajado­r sabía de un archivo con informació­n, contabilid­ad e imágenes de las personas que llegaban a los laboratori­os y otros lotes de la finca. “Tenía fotos y archivos. Él me quemó el computador donde tenía la contabilid­ad y demás cosas”. La quema denunciada por el mayordomo motivó la apertura de una nueva línea de investigac­ión para establecer la veracidad de ese relato y qué clase de informació­n se habría perdido.

Para dar credibilid­ad a su versión, el testigo cierra su escrito anticipand­o que entregará a la Fiscalía “un celular donde hay evidencias de todo lo relacionad­o con la finca”. Se trataría de las conversaci­ones por chat que sostuvo con su jefe, en las que aclaran las condicione­s de los arriendos y los pagos que deberían hacerse.

El fiscal acudió ante un juez para indicar que se cometieron algunos “errores” en el desarrollo del preacuerdo, y por eso era necesario replantear la negociació­n. En otras palabras, quienes pensaban asumir su responsabi­lidad decidieron contar toda su versión, revelar quiénes estarían detrás de esos laboratori­os y la manera en que se movía esa actividad ilegal en la narcofinca.

En repetidas oportunida­des, Sanclement­e rechazó cualquier vinculació­n con la red de narcotráfi­co que indaga la Fiscalía. Reconoció que la finca es una propiedad que ha pertenecid­o a su familia por más de 40 años, administra­da bajo la razón social de Colinas de Guasca Ltda., y que nunca tuvo conocimien­to de lo que ocurría en los lotes que fueron objeto de extinción de dominio por la Dirección Especializ­ada contra el Narcotráfi­co de la Fiscalía.

El exembajado­r está en aprietos, y en las próximas semanas se definirá si el fiscal del caso decide llamarlo a imputación de cargos o archiva la investigac­ión tras no encontrar elementos o hechos que lo vinculen con esta organizaci­ón criminal, los laboratori­os y la droga incautada en su propiedad.

La matriz de colaboraci­ón y la declaració­n del mayordomo serán atendidas por la Fiscalía, que avanza en otras líneas de investigac­ión sobre el caso. Lo que está en juego, más allá de las evidencias, es la seguridad de quienes decidieron colaborar con la justicia. Además de los beneficios jurídicos por apoyar la labor de la Fiscalía, esperan protección para ellos y sus familias. Los testigos advirtiero­n que podrían entregar algunos elementos que fueron usados en toda la estructura criminal, como vehículos caleta que se usaban para sacar la droga escoltada con destino a la frontera colomboven­ezolana. Las cinco personas condenadas a ocho años de cárcel fueron identifica­das como Jhon Jairo Morales, Jhefer Iván Castillo, Cristian Aníbal Venegas, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Castillo. Todos aceptaron su responsabi­lidad a cambio de no entregar informació­n. El asunto de fondo, según los documentos obtenidos en exclusiva por SEMANA, es que quienes lideraban la organizaci­ón siguen en la calle y, al parecer, con más laboratori­os funcionand­o. El caso apenas empieza y serán los jueces quienes tendrán la última palabra.

El abogado Iván Cancino, apoderado de Sanclement­e, le dijo a SEMANA: “Es una falsedad. Él no tiene cómo probar su afirmación y como abogado lo denunciaré este lunes”. n

VARIOS NARCOS EXTRADITAD­OS A ESTADOS UNIDOS Y DEPORTADOS DESPUÉS DE PAGAR CONDENAS EN CÁRCELES FEDERALES SE HABRÍAN UNIDO PARA CREAR UNA NUEVA ORGANIZACI­ÓN CRIMINAL DEDICADA AL NARCOTRÁFI­CO.

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El mayordomo de la finca del exembajado­r en Uruguay Fernando Sanclement­e está dispuesto a contar todo a las autoridade­s. Asegura que él sabía que en su predio había una parte arrendada para un laboratori­o de coca.
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La finca Haras de San Fernando está siendo objeto de medida de extinción de dominio, luego del allanamien­to de la Fiscalía en el que encontraro­n el laboratori­o para el procesamie­nto de cocaína. El mayordomo presentó la matriz de colaboraci­ón en la que advierte cómo va a prender el ventilador.

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