OTRO ‘ POLÉMICO EMPRESARIO’
LA MONOTONÍA DE LA MAÑANA DEL MIÉRCOLES 31 de enero de 2018 en el aeropuerto Hacaritama fue interrumpida por un robo, que más parecía ocurrir en Hollywood que en el caluroso y pequeño aeropuerto de Aguachica, Cesar. Cuatro hombres armados interceptaron una pequeña avioneta Piper en el momento de su aterrizaje, sobre las 9: 05 a. m. La nave había partido una hora antes del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga y transportaba 2.000 millones de pesos de una empresa de valores. Hombres armados hicieron descender al piloto y a los ocupantes, y se llevaron la aeronave. Horas después, la avioneta fue hallada en el corregimiento El Juncal.
Ese mismo año Cecilio Vera, conocido como Gigio, decidió que estaba listo para ser el alcalde de Bucaramanga y lanzó su candidatura mediante la recolección de firmas. El hombre, propietario de canchas sintéticas, tenía el cariño de muchos, pues le gustaba recorrer los barrios más pobres promoviendo equipos de fútbol, regalando uniformes y apoyando causas ciudadanas. Ante los ojos de todos era un empresario hecho a pulso, cuya historia inspiraba a muchos, pues, de un origen humilde, se convirtió en dueño de varios establecimientos deportivos, empresas de cableado eléctrico y contratista del Estado. Cuando se vio lejano a alcanzar la alcaldía, renunció a su aspiración y se unió a la campaña de Claudia Lucero López, esposa del congresista liberal Miguel Ángel Pinto, quien también aspiraba a la alcaldía de Bucaramanga. Al final perdieron. Gigio no era ajeno a las toldas políticas, pues fue financiador de la campaña del representante liberal a la Cámara Édgar Gómez Román ( según registro de Cuentas Claras), y varios reconocen su amistad con el senador, también liberal, Jaime Durán y con el exgobernador de Santander Mario Camacho Prada.
Pero, ¡ oh, sorpresa! El pasado viernes 19 de febrero, Gigio fue capturado junto a diez personas más, acusado de ser el financiador del robo de los 2.000 millones de pesos de la avioneta en Aguachica y de otros 1.500 millones de pesos, por medio de fleteos y hurtos a viviendas. Lejos de próspero empresario, las autoridades señalan a Gigio de ser uno de los financiadores de la banda delincuencial los Chulos, dedicada al robo de usuarios de entidades financieras y viviendas.
Según los investigadores, tres años de interceptaciones confirman la participación de Vera en la banda; además, el excandidato habría comprado con su tarjeta de crédito los tiquetes del piloto brasileño encargado de despegar la avioneta secuestrada.
Al momento de escribir estas palabras, en Bucaramanga se convocaba a un “plantón por la dignidad de Gigio Vera”.
Por supuesto que al señor Vera lo acompaña una presunción de inocencia, pero de ser condenado, su historia es la de muchos que rondan la política nacional.
Desde el arribo de Pablo Escobar al Congreso, son miles las historias de personas cuyas fortunas no tienen explicación dentro de la lógica de los negocios, pero que de un momento a otro se convierten en personajes con visibilidad local, por sus negocios o riqueza, y que luego buscan el figuramiento político.
El hecho hace recordar, por ejemplo, la elección como alcalde de Yopal de John Jairo Torres, conocido como John Calzones, quien amasó una fortuna vendiendo lotes ilegales y ganó las elecciones en la cárcel. O en un hecho más reciente, la captura de José Agustín Rodríguez Silva, concejal de Sutatausa ( Cundinamarca), sindicado de ser el homicida del alcalde del mismo municipio, José Humberto Rodríguez, quien había sido su contendor en la aspiración a la alcaldía. Aunque públicamente Rodríguez Silva era reconocido como un concejal propietario de estaciones de gasolina, hoy espera en la cárcel su condena por los delitos de homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas.
En esta realidad habita un problema de fondo: hoy la política y el crimen van muchas veces de la mano, y en esto tiene todo que ver el esquema de financiación de las campañas. Aspirar a un cargo de elección popular hoy cuesta miles de millones de pesos, y todos saben que estas verdaderas cifras no tienen nada que ver con las que reportan los candidatos al Consejo Nacional Electoral.
Según un estudio realizado en 2014 por Cifras y Conceptos, en convenio con el PNUD y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartita, para ese entonces una campaña al Senado costaba en promedio 3.000 millones de pesos. En el estudio encontraron campañas en las que se había gastado hasta 12.000 millones de pesos. Y eso fue hace siete años. Pero hoy, dicen los que saben, los montos son tan absurdos que una campaña a Gobernación, por ejemplo, puede costar hasta 20.000 millones de pesos. ¿ Quiénes pueden pagar estos montos exorbitantes? Muchas veces solo las fortunas que da el crimen, pues muy pocos ciudadanos que trabajen en empresas formales pueden invertir estas cifras extraordinarias a cambio de solo ser elegidos. Por eso es que estas grandes inversiones que hacen los ‘ polémicos empresarios’ en las campañas políticas son recuperadas a través de la contratación estatal, mediante pliegos licitatorios direccionados.
Este es el secreto a voces de la financiación de las campañas políticas en el país, y mientras esto no cambie, seguiremos teniendo a ‘ polémicos empresarios’ caminando de la mano de ‘ honorables congresistas’, o convertidos en gobernadores y alcaldes ante el aplauso y, la mayoría de las veces, la admiración de los demás. n