Semana (Colombia)

¿ Un saludo a la bandera?

El Gobierno publicó el borrador del plan de austeridad. A pesar de las buenas intencione­s, los efectos reales de recortar el gasto serán marginales.

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S IN DUDA, EL PAÍS Atraviesa por un momento muy complicado en materia fiscal. El Congreso está a la espera de que el Ministerio de Hacienda presente el proyecto de reforma tributaria, y todo parece indicar que Carrasquil­la tiene el objetivo de gravar más productos con IVA y ampliar la base de renta.

Como es natural, esto ha causado revuelo en la opinión pública, teniendo en cuenta que la pandemia ha dejado sin trabajo a miles de colombiano­s, y los ingresos de los hogares se encuentran bastante golpeados.

Voces en el Legislativ­o han mostrado su preocupaci­ón, pues, de ser esta la naturaleza de la tributaria, las que llevarían del bulto serían las clases medias y populares.

Si bien el Gobierno dejó claro que no solo se trata de una reforma tributaria, sino fiscal, aún no queda muy claro cuáles serán los componente­s de ahorro y reducción del gasto burocrátic­o que tiene en mente.

Hace pocos días, se conoció el borrador del plan de austeridad, y este brinda algunos lineamient­os para ahorrar en el funcionami­ento del Estado.

Allí le ponen la lupa al aumento de la planta de personal. El borrador estipula que solo se puede modificar siempre y cuando su costo sea cero y genere ahorros para la entidad correspond­iente. Además, indican que cualquier cambio debe pasar antes por el Departamen­to Administra­tivo de la Presidenci­a de la República ( Dapre). Y esta entidad solo autorizará el aumento de personal para casos excepciona­les y prioritari­os.

Por otro lado, es de amplio conocimien­to que el Gobierno y sus entidades son famosos por utilizar con mucha frecuencia la figura de contrataci­ón por prestación de servicios. Ello ha facilitado en el pasado el aumento de la burocracia y hasta la creación de nóminas paralelas. En este frente se aplicará la misma regla: solo se podrán efectuar estas contrataci­ones bajo una revisión previa.

En materia laboral, piden que se racionalic­e el reconocimi­ento de las horas extras. En cuanto a las vacaciones, recuerdan que no se deben acumular, y solo en casos de fuerza mayor podrán ser compensada­s con dinero.

Con respecto a la realizació­n de eventos, piden que solo se hagan de forma virtual, así que es probable que los grandes lanzamient­os de programas gubernamen­tales e inauguraci­ones de obras a punta de tarima queden en el pasado.

Por otra parte, en caso de que se necesiten tiquetes aéreos, no podrán ser en primera clase, y advierten que, si el viaje se realiza con la comitiva de la Presidenci­a o de la Vicepresid­encia, no habría lugar a gastos de transporte. Las comisiones al exterior deberán contar con la previa aprobación del Dapre.

El borrador de decreto también se refiere al mantenimie­nto de bienes inmuebles, cambios de sedes y a la compra de bienes muebles. Aquí hay una serie de directrice­s de austeridad.

En la primera indican que el mantenimie­nto de las instalacio­nes propiedad del Estado solo se puede hacer de forma preventiva para garantizar el funcionami­ento y, así, evitar un gran impacto en el largo plazo, siempre y cuando la no realizació­n de estos mantenimie­ntos ponga en riesgo la seguridad de las personas.

Frente al cambio de sedes, solo procederán cuando no generen impacto al presupuest­o asignado en la vigencia, cuando la necesidad haga inaplazabl­e la construcci­ón o adquisició­n de la sede, y

cuando el edificio donde funciona la entidad amenace la seguridad de la gente.

Por otro lado, dejan claro que la compra de bienes muebles, como televisore­s, computador­es, hornos y demás, solo se podrá hacer cuando sea necesario para el normal funcionami­ento de las entidades y sus dependenci­as.

El decreto incluye un capítulo centrado en los esquemas de seguridad. En este se ordena revisar los esquemas de los servidores públicos del Ejecutivo con el fin de reducirlos.

En el tema de las camionetas, que tanta polémica suscita, aclara que estas solo se podrán comprar cuando las actuales presenten una obsolescen­cia mayor a seis años, y su necesidad esté debidament­e justificad­a y sustentada en estudios que demuestren la convenienc­ia y el ahorro para la entidad.

Estos vehículos, además, solo se utilizarán de lunes a viernes, y su uso en días no hábiles únicamente se justificar­ía por necesidade­s del servicio o por seguridad.

También parece que se acabarán los regalos, como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, revistas o folletos institucio­nales. El Gobierno le apunta al recorte en gastos de publicidad estatal.

Las suscripcio­nes a periódicos y revistas también tendrían sus días contados.

Para verificar el cumplimien­to del decreto, las entidades del Ejecutivo tendrán que presentar un informe semestral ante el Dapre, en el que se muestre la reducción del indicador del gasto.

Si bien este plan de austeridad es una buena señal por parte del Gobierno, su efecto real en las finanzas públicas es marginal. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrol­lo, considera que, si bien es un buen gesto, pues se avecina una reforma tributaria, en la práctica no tiene un impacto sustancial en el agregado.

Para Luis Carlos Reyes, director del Observator­io Fiscal de la Universida­d Javeriana, es claro que reducir los gastos en papelería y viajar en clase económica no solucionar­á en nada el problema fiscal del país, y argumenta que este tipo de lineamient­os solo le sirve al Gobierno para mandar un mensaje de austeridad ante la opinión pública.

Para Reyes, en lo único que el Estado ha sido austero es en la atención de los problemas sociales generados por la pandemia.

En eso parece que le asiste la razón, porque el borrador de decreto se asemeja al Decreto 1009, firmado por Iván Duque como parte del Presupuest­o General de la Nación durante la vigencia 2020, y algunas actuacione­s no reflejan una verdadera política de austeridad.

Tan solo basta con analizar el despliegue gue de los lo Gobiernos nacional y locales con la distribuci­ón d bución del primer lote de vacunas vacun que ue llegó al país.

El movimiento m miento de esquemas de seguridad segu y de funcionari­os de todo el gabinete abinete por varios departamen­tos, departas, incluso de algutenían algunos nos que nada tenían que ver con el sector secto salud, d, para lograr una foto del comienzo nzo de la vacunaenví­a vacunación, ción, sin duda, envía un mensaje contradict­orio. contrad

También, Tam mucho se ha hablado h sobre los gastos gasten las asco mu ni cacionesco­d el mu nicd el Gobierno, Gobie como omo los del d programa gración ma Prevención y acción a o el millonario contrato coque se s firmó el año pasado ado por 3.300 300 millones de pesos para manejar redes sociales y posicionar la imagen del presidente Duque.

Con estos antecedent­es, todo parece indicar que este decreto es un formalismo anual que, en el fondo, no tiene efectos importante­s.

Incluso, desde el mismo partido de Gobierno ya han sonado algunas propuestas.

El representa­nte Gabriel Santos pide, por ejemplo, que se eliminen las 14 consejería­s de la Presidenci­a, pues, según algunos cálculos, le cuestan al país 230.000 millones de pesos al año, y en muchos casos generan duplicidad de funciones con varios ministerio­s. El expresiden­te Álvaro Uribe también se ha referido al tema, y, si bien reconoce la inflexibil­idad del presupuest­o público, propone, por ejemplo, congelar los gastos del Ejecutivo y atarlos únicamente a la inflación. Según él, en el mediano plazo esto permitiría un ahorro de entre 0,8 y 1 por ciento del PIB. Asimismo, coincidió con la idea del representa­nte Santos de suprimir varias entidades. Y en esto sí que tiene experienci­a el expresiden­te.

Vale la pena destacar que en su Gobierno firmó 18 decretos mediante los cuales fusionó seis ministerio­s y borró de tajo más de 700 cargos. Así fue como nacieron los ministerio­s de Protección Social; de Comercio, Industria y Turismo; mo; de Ambiente, Vi Vivienda y Desarrollo Terri Territoria­l; y del Interior y de Justicia. cia. No obstante, obstan estas carteras luego fueron divididas nuev nuevamente en el mandato de Juan Manuel Santos.

Así las cosas cosas, es claro ro que el Gobie Gobierno de Duque tendrá qu que proponer poner algo más rob robusto en términos de aus austeridad en el marco de d la reforma forma trib tributaria si su obje objetivo es que todos tod los colomb colombiano­s pongan más. El esf esfuerzo debe ser de a ambos lado lados.

SE CALCULA QUE EL DÉFICIT DEL GOBIERNO NACIONAL PODRÍA ALCANZAR 90 BILLONES DE PESOS EN 2021.

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Ministro de Hacienda
ALBERTO CARRASQUIL­LA Ministro de Hacienda
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Presidente de la república
IVÁN DUQUE Presidente de la república

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