Carne de contrabando: un riesgo para la salud
Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la carne y los productos cárnicos comestibles deben provenir de plantas de beneficio, desposte o de acondicionamiento autorizadas por ellos y deben transportarse en vehículos inscritos y autorizados por las entidades territoriales de Salud. Además, los expendios que venden estos productos también requieren una autorización de esas entidades.
Sin embargo, existen plantas de sacrificio que los expendedores de carne no usan debido a la distancia de las cabeceras urbanas. Como consecuencia de esto, la Policía de Carabineros y Seguridad Rural ha identificado un incremento en el número de fincas donde se realizan sacrificios sin las condiciones de higiene y salubridad, lo que conduce a que esta carne se venda a precios más bajos y por lo tanto represente un mayor riesgo en salud pública.
Cuando las autoridades identifican carne de contrabando o que sencillamente no cumple las condiciones sanitarias, la incautan y posteriormente la dejan a disposición de las Secretarías de Salud de los municipios. “Esas entidades asumen el manejo de la carne y a través de ingenieros de alimentos verifican sus condiciones. Si se identifica un riesgo de contaminación se notifica a las personas a las que se les ha hecho la incautación y se incinera inmediatamente para evitar enfermedades”, asegura el general Rodrigo González, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía.
A pesar de esto, es difícil confirmar si incineran toda la carne. Cada vez más ganaderos
aseguran que algunos funcionarios de la Policía y de las Secretarías de Salud negocian el producto en el mismo mercado negro al que presuntamente pretenden debilitar. Lo peor es que no hay mecanismos eficientes para controlar esta nueva forma de corrupción.
Semana Sostenible se comunicó con el Invima para conocer los controles que realiza. En la entidad aseguraron que “somos la autoridad sanitaria que inspecciona, vigila y controla la etapa de transformación de la cadena productiva de la carne, conforme a las competencias establecidas en la Ley 1122 de 2007. En este sentido, contamos con presencia de inspectores permanentes del Invima en todos los mataderos de Colombia”.aun así, el problema, como ya se indicó, está en los mataderos ilegales y en la incautación de carne de contrabando. No se verifica el cumplimiento de toda esa normativa pues cada secretaría recolecta y maneja la información sin rendir cuentas a ningún órgano centralizado. De hecho, el mismo Invima le indicó a este medio que “la fuente de información sobre la ubicación de los expendios detectados que funcionan ilegalmente o no cumplen con las condiciones de salubridad son estas entidades”.
Con todo lo anterior, y a pesar de los esfuerzos actuales, lo cierto es que falta una legislación más fuerte que permita controlar el robo de ganado y sobre todo el contrabando de los animales despresados. Mientras esto no mejore seguirá existiendo un riesgo latente sobre la salud de casi todos los colombianos ya que la carne de res es la segunda proteína más consumida en Colombia (solo superada por el pollo), con un promedio de 18,6 kilogramos al año por persona, según el último estudio sobre consumo de carne publicado por la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi).