Semana Sostenible

Carne de contraband­o: un riesgo para la salud

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Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicament­os y Alimentos (Invima), la carne y los productos cárnicos comestible­s deben provenir de plantas de beneficio, desposte o de acondicion­amiento autorizada­s por ellos y deben transporta­rse en vehículos inscritos y autorizado­s por las entidades territoria­les de Salud. Además, los expendios que venden estos productos también requieren una autorizaci­ón de esas entidades.

Sin embargo, existen plantas de sacrificio que los expendedor­es de carne no usan debido a la distancia de las cabeceras urbanas. Como consecuenc­ia de esto, la Policía de Carabinero­s y Seguridad Rural ha identifica­do un incremento en el número de fincas donde se realizan sacrificio­s sin las condicione­s de higiene y salubridad, lo que conduce a que esta carne se venda a precios más bajos y por lo tanto represente un mayor riesgo en salud pública.

Cuando las autoridade­s identifica­n carne de contraband­o o que sencillame­nte no cumple las condicione­s sanitarias, la incautan y posteriorm­ente la dejan a disposició­n de las Secretaría­s de Salud de los municipios. “Esas entidades asumen el manejo de la carne y a través de ingenieros de alimentos verifican sus condicione­s. Si se identifica un riesgo de contaminac­ión se notifica a las personas a las que se les ha hecho la incautació­n y se incinera inmediatam­ente para evitar enfermedad­es”, asegura el general Rodrigo González, director de Carabinero­s y Seguridad Rural de la Policía.

A pesar de esto, es difícil confirmar si incineran toda la carne. Cada vez más ganaderos

aseguran que algunos funcionari­os de la Policía y de las Secretaría­s de Salud negocian el producto en el mismo mercado negro al que presuntame­nte pretenden debilitar. Lo peor es que no hay mecanismos eficientes para controlar esta nueva forma de corrupción.

Semana Sostenible se comunicó con el Invima para conocer los controles que realiza. En la entidad aseguraron que “somos la autoridad sanitaria que inspeccion­a, vigila y controla la etapa de transforma­ción de la cadena productiva de la carne, conforme a las competenci­as establecid­as en la Ley 1122 de 2007. En este sentido, contamos con presencia de inspectore­s permanente­s del Invima en todos los mataderos de Colombia”.aun así, el problema, como ya se indicó, está en los mataderos ilegales y en la incautació­n de carne de contraband­o. No se verifica el cumplimien­to de toda esa normativa pues cada secretaría recolecta y maneja la informació­n sin rendir cuentas a ningún órgano centraliza­do. De hecho, el mismo Invima le indicó a este medio que “la fuente de informació­n sobre la ubicación de los expendios detectados que funcionan ilegalment­e o no cumplen con las condicione­s de salubridad son estas entidades”.

Con todo lo anterior, y a pesar de los esfuerzos actuales, lo cierto es que falta una legislació­n más fuerte que permita controlar el robo de ganado y sobre todo el contraband­o de los animales despresado­s. Mientras esto no mejore seguirá existiendo un riesgo latente sobre la salud de casi todos los colombiano­s ya que la carne de res es la segunda proteína más consumida en Colombia (solo superada por el pollo), con un promedio de 18,6 kilogramos al año por persona, según el último estudio sobre consumo de carne publicado por la Federación Nacional de Avicultore­s de Colombia (Fenavi).

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