Después de las protestas

La protesta social, en cada una de sus formas, está en riesgo de que su reclamo se desestime y pase a segundo plano al ser criminalizada. Sin embargo, el peligro no solo es este, sino la vulnerabilidad de los manifestantes tras haber actuado.

En 2017 fueron asesinados 207 defensores del medioambiente, el año con más muertes registradas, según cifras del ‘Reporte anual de defensores’, de la ONG Global Witness. El estudio denuncia que el 60 por ciento de las muertes tuvieron lugar en Latinoamérica: 57 en Brasil, 24 en Colombia, 15 en México, 8 en Perú. Estas cifras hacen de Colombia uno de los países más peligrosos para defender este tipo de causas. Por otro lado, el reporte identifica la lucha por la tierra y los recursos naturales como el origen de la violencia. En algunos casos, la investigación incluso establece las industrias que podrían estar motivando los asesinatos, siendo la agroindustria y las industrias extractivas las posibles responsables del mayor número: 46 y 40, respectivamente. Entre los presuntos perpetradores identifica a las bandas criminales (32), los soldados (30), la Policía (23) y las fuerzas paramilitares (13), y resalta una cultura generalizada de la impunidad. La mayoría de víctimas en Colombia fueron líderes comunitarios que protestaron en su momento y que fueron estigmatizados como violentos antes de ser asesinados.