La pregunta sobre el aborto... ...es otra
Con la ley o sin ella, con la opinión pública a favor o en contra, la realidad es que las mujeres abortan. El debate no es ‘sí’ o ‘no’ al aborto, sino cómo se cumple lo establecido y si es necesario avanzar hacia la despenalización total.
En Colombia se hacen cerca de 400.000 abortos anuales, según estima el Instituto Guttmacher de Nueva York. Las cifras disponibles para 2017 indican que más del 90 por ciento de ellos son ilegales. Profamilia reportó 10.514 abortos y Oriéntame, 10.411. ¿Y el resto? Ni calculando los procedimientos adelantados por las EPS los abortos legales alcanzan un porcentaje significativo frente a las estadísticas de la organización estadounidense.
Desde hace 12 años el aborto en Colombia se despenalizó en caso de violación, malformación del feto o de riesgo de la salud de la mujer. Esta última causal adhiere a la definición de la Organización Mundial de la Salud: la salud como un estado de bienestar integral (mental, económico, social y emocional), y no solo ausencia de enfermedad. Sin embargo, las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a este servicio. Según Mónica Roa, autora de la demanda de despenalización del aborto en 2006, uno de los principales obstáculos es la falta de conocimiento. “La mayoría de mujeres y niñas no conoce este derecho ni los alcances de las causales, especialmente la de salud, que es amplia. El gobierno no ha hecho una labor informativa y pedagógica”. Las interpretaciones restrictivas de la ley, generalmente asociadas con las creencias o prejuicios de los prestadores de servicios de salud, es otro obstáculo. Un estudio de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres analizó 90 casos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre 2016 y 2018 y señaló ante la Superintendencia de Salud a las EPS que peor atienden las solicitudes. El resultado: Compensar, Sanitas, Cafesalud y Salud Total fueron las que más incumplieron la ley y negaron abortos. Según Juliana Martínez, coordinadora de la Mesa, Compensar es ejemplo de la carrera de obstáculos que puede significar acceder a un aborto legal. “Presentan dilaciones y malos tratos. Envían a las mujeres a lugares que no existen, a atención prenatal o a centros de adopción. Recientemente acompañamos a 39 mujeres, de las cuales 27 se encontraron con obstáculos de este tipo”. La objeción de conciencia, por su lado, no tendría que ser una barrera, pero su abuso sí lo es: se presenta cuando se adopta tácitamente como una política institucional o cuando quien objeta conciencia no da información y obstaculiza el proceso. “La objeción de conciencia solo la puede hacer una persona y no puede tener cargos directivos ni administrativos. Quien lo hace tiene la
En 2008, solo 322 de los 400.000 abortos anuales se hacían dentro del sistema de salud. Tras los avances para que las mujeres puedan acceder al aborto legal, la cifra pasó a 5688 en 2013 y a más de 20.000 en 2017.
obligación de informar bien a las mujeres y derivarlas a otros prestadores que puedan brindar el servicio sin obstaculizar su derecho”, asegura la abogada Mónica Roa y señala que los casos más preocupantes son los de quienes son objetores pero no lo dicen, de manera que “usan su autoridad para incidir en la decisión de las mujeres o darles información falsa”. Despenalización social El pasado 13 de noviembre, durante el ‘Diálogo intergeneracional por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe’, la médica feminista chilena Marisa Matamala dijo que es necesario trabajar en la despenalización social del aborto y naturalizarlo como un hecho de la vida cotidiana. A eso mismo apuntan Roa y Martínez, como una de las maneras de socavar las talanqueras que se les pone a quienes solicitan el IVE. Para Roa, jurídicamente existen claridades. Lo que hace falta es una transformación cultural que promueva el respeto por las decisiones de las mujeres y por las leyes. “La discusión no es aborto sí o no. Eso ya la Corte lo decidió y los prestadores de servicios médicos tendrían que respetar el derecho y no privilegiar sus posiciones personales”. Para Juliana, hay barreras que tienen que ver con la negación de la capacidad moral de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo, así que les piden autorizaciones de terceros, cuando ya la Corte ha expresado que la decisión es de ellas. “No se trata de reabrir debates sobre si el aborto es legal o no ¡Es un derecho! De ahí en adelante todos podemos tener posiciones personales. Por ejemplo, tú no discutes si el divorcio es legal o no así no estés de acuerdo con él. Es un derecho y el que quiera se divorcia. Este es el corazón de la discriminación: puede haber posiciones diversas, pero no se puede limitar el derecho”, agregó. Despenalización total Según la Coordinadora de la Mesa para la Vida y la Salud de las Mujeres, la legalidad incompleta se expresa en todas estas barreras, pues el sistema actual deja mucha potestad a quienes operan la ley y la interpretan: “Desde el portero y la enfermera que son objetores de conciencia hasta el médico que dice: ‘sí te hago el aborto pero hasta tal semana’”.
Esto se traduce en desigualdad y exclusión, pues atenciones como las de las EPS causan que las mujeres con recursos prefieren solicitar un servicio privado y las mujeres con menos oportunidades terminen siendo madres contra su voluntad o arriesgando su vida en lugares ilegales. Es decir que el aborto se convierte en un privilegio de clase, etnia, edad y ubicación territorial. Abortar aún es un delito según el Código Penal, a pesar de que en 2016 la Fiscalía sacó una directiva diciendo que no es de interés para el Estado y que todo caso de aborto que conozca una autoridad judicial se debe interpretar a la luz de las causales. La Mesa conoció entre 2017 y 2018 al menos diez casos de criminalización. Mujeres que accedían al sistema de salud por alguna de las causales eran acosadas con amenazas de judicialización. “Acompañamos el caso de una menor de 15 años que accedió por violencia sexual. Llegaron hombres del CTI a llevarse el feto ‘como prueba de homicidio’. Su madre fue hostigada por funcionarios de la Fiscalía, que le decían que debía estar muy segura de la violencia sexual. En un sistema como este, el siguiente paso debe ser la despenalización total”. En la misma línea, la abogada Viviana Bohórquez, candidata a doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, asegura que si bien la sentencia de 2006 es histórica, lo ideal es que las mujeres decidan su aborto sin intermediaciones. “la ley se basó mucho en derechos y poco en cosas prácticas, y finalmente esas cosas prácticas son operadas por los profesionales de la salud. Hay que ser críticos sobre su rol”. Bohórquez coincide en que la discusión hoy debe centrarse en la eliminación del aborto del Código Penal. “Además de ser un delito ineficiente, envía el mensaje simbólico de que se está haciendo algo mal”. Hasta ahora, ningún país Latinoamericano lo ha hecho, mientras que un país como Canadá, que no tiene ningún tipo de restricción, tiene la tasa más baja del mundo. Sin embargo, como concluye Mónica Roa, “hay una tendencia en Latinoamérica: la marea verde nos contagió a todas y está liderada por las nuevas generaciones que serán protagonistas de esta nueva etapa del debate”. *Según un informe de la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher.