Ecoterrorismo

¿En qué momento se extendió la percepción de que la protesta social implica siempre actos vandálicos? ¿Cuál es el límite entre uno y otro?

El primero de diciembre de 1955 en Montgomery, Alabama, Rosa Parks tomó un autobús para ir a su casa. En ese entonces tenía 42 años y trabajaba como costurera, al mismo tiempo que pertenecía a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés). Se sentó en la primera fila de la sección de la mitad del autobús, en la que las personas negras estaban autorizadas para hacerlo, pero cuando tres hombres blancos abordaron el transporte y no encontraron sillas vacías en la sección delantera, el conductor, James F. Blake, pidió a Parks y a los de su fila que cedieran los asientos. Ella se negó y fue arrestada. Este acto de desobediencia civil hace parte del comienzo del Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y es un ejemplo recurrente para explicar la protesta social y pacífica. Sin embargo, hoy existe una percepción generalizada que relaciona la protesta con la violencia. Ese es su estigma. En septiembre de este año, Guillermo Botero, ministro de Defensa, aseguró que los grupos armados son quienes financian la protesta social. En un comunicado posterior explicó que, como ministro, es “absolutamente respetuoso de ese derecho ciudadano de expresión pública y pacífica”. Lo anterior se suma a su declaración a los pocos días de haber sido designado en la cartera, cuando dijo que la protesta social debía ser ordenada y representar “los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”. “¿Cómo así que ordenar la protesta?”, se pregunta Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, y agrega: “La gente debe ser capaz de discernir las causas de una protesta. Generalmente lo que nosotros reclamamos son derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano, a la salud, al trabajo, al agua. Estos están siendo vulnerados por empresas o gobiernos. Nosotros acompañamos las voces de las minorías. Si el impacto y el poder de la protesta social no fuera tal, los gobiernos no estarían pensando en regularla. No se puede continuar estigmatizando la protesta social”. La percepción de que activismo y vandalismo estén en el mismo saco se desprende de acciones violentas de grupos o individuos específicos. En este orden de ideas, el ‘ecoterrorismo’ es un concepto

que apareció en el panorama en los años ochenta y ha servido para agrupar las acciones de los ambientalistas extremos. La delgada línea En 2003, el FBI etiquetó como organizaciones ecoterroristas al Frente de Liberación Animal (ALF) y el Frente de Liberación de la Tierra (ELF). En el banner de la página web del primero se puede ver a un hombre encapuchado que abraza un cerdo. Una de las funciones del portal es recopilar las notas periodísticas de ALF: la mayoría informa de la liberación de animales, sabotajes en carnicerías y el encarcelamiento de activistas. El poder de estas acciones está en su descentralización: las liberaciones de animales suceden en todas las partes del mundo y el portal da cuenta de cada caso. En los últimos años, las actividades relacionadas con ecoterrorismo han surgido en Latinoamérica. El caso de mayor cubrimiento fue el atentado contra Óscar Landerretche, quien era el presidente de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco). El 13 de enero de 2017 un artefacto explosivo estalló en su casa y lo hirió levemente. El ataque se lo adjudicó el grupo Individualistas Tendiendo a lo Salvaje (ITS), que publicó en redes sociales supuestas imágenes del artefacto con el siguiente mensaje: “Nuestro regalo explosivo es por la devastación que Codelco lleva perpetuando en las tierras sureñas”. Ahora bien, el límite entre activismo y vandalismo fue puesto a prueba en 2013 cuando activistas de Greenpeace pensaban abordar una plataforma petrolera en el ártico ruso para poner un cartel y denunciar la actividad extractiva. Las autoridades rusas detuvieron el intento y a las 30 personas que estaban en el barco Arctic Sunrise. Todos fueron acusados de piratería y vandalismo, pero la presión internacional forzó a Putin a amnistiar a los activistas después de tres meses. Hernán Pérez Orsi, activista argentino que participó en la actividad, opina que este caso es un gran ejemplo de la delgada línea que diferencia el activismo del vandalismo, porque “el primer límite lo puso Rusia a través de una criminalización que buscaba desestimar el mensaje, pero la respuesta internacional demuestra que este depende de los puntos de vista y que no se pueden meter en el mismo paquete el vandalismo y el activismo pacífico”.