El conflicto ambiental apenas comienza
Tauramena, Casanare, es el reflejo de varios territorios en el país que están arrinconados por proyectos extractivistas que el gobierno central está ordenando desde Bogotá. Su proceso no solo ayuda a entender la razón por la que algunos no quieren depender del petróleo, sino el verdadero impacto social de eliminar las consultas populares.
Llegué a Tauramena un jueves de lluvia. Eran las 8:30 p. m. y en el recorrido de la terminal a la plaza central predominaban restaurantes, misceláneas, discotecas, billares y salas de internet. Todos estaban vacíos. Pasé un fin de semana en el pueblo donde se encontró uno de los yacimientos de petróleo más grandes del país. La sensación de estar en un lugar desierto nunca cambió. A quien se le pregunte en Tauramena dirá que no siempre fue así. Hace 35 años, Eustacio Cárdenas, un comerciante muy conocido en el municipio, fue testigo de cómo en 1980 la bonanza petrolera transformó su pueblo. Pasó de vivir en un municipio sin alcantarillado ni vías a un paradero del progreso. Recuerda la llegada de obreros y familias enteras buscando lo que no habían encontrado en sus regiones: futuro. “La gente empezó a comprar casas y terrenos para construir. Con la plata que se ganaban en las petroleras montaban sus negocios, cualquier cosa se vendía. Mientras más gente llegaba, mejor nos iba”, cuenta hoy, a sus 71 años. La transformación no solo se vio en el casco urbano. El sur del municipio, en la zona rural, cambió enormemente. Donde antes solo había ganado, esteros y llanura, se construyeron ciudadelas de hierro, espacios cerrados en los que hay decenas de contenedores que hacen las veces de casa, oficinas, restaurantes y consultorios para quienes extraen el petróleo. Hoy todavía quedan 17 ciudadelas en Tauramena. A pesar de que los pozos del sur siguen activos, de la abundancia de aquella época queda muy poco. Rodeado de su mercancía atrapada en el polvo, Eustacio asegura que las ventas no andan bien. “Hay mucha competencia y poco comprador”. William Eslava, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) de Tauramena, le llamó a ese fenómeno ‘la burbuja económica’. “El que menos ganaba era un obrero; estamos hablando de entre uno y dos millones de pesos en esa época. Poco a poco se fue creando una burbuja que hoy no podemos sostener, porque la gente se fue quedando sin trabajo y quienes lo tienen ya no reciben los mismos ingresos”, dice. William cuenta que al principio las compañías les prometieron mejorar su economía, pero después de que construyeron los pozos, esa ilusión se vino abajo. “Cuando terminaron de construir sus bloques y empezaron la etapa de explotación, la mayoría de obreros fueron despedidos. Necesitaban gente en los cargos altos; cargos que la gente del pueblo no ocupó. Y como no hemos estado de acuerdo con eso, algunas compañías han empeorado la situación dejando de usar los servicios y productos del pueblo”. El impacto social y económico con que tuvieron que lidiar durante años obligó a los más jóvenes a buscar otras maneras de sobrevivir. Algunos se dieron cuenta de que la única zona que las petroleras no habían tocado guardaba una riqueza ambiental de la cual podían sacar provecho.
La rebelión
Al día siguiente, en un recorrido por el pueblo, conocí a tres mujeres: Heidy Cárdenas, Camila Reyes y Jully Méndez. Ellas encontraron en el ecoturismo una opción no solo para generar empleo, sino una manera de proteger El Cerro, una zona montañosa en donde se sospecha hay petróleo y carbón. Heidy explicó que precisamente ese lugar fue la sede del XV Festival Nacional de Caminantes hace dos años. “Por primera vez llegaron 2900 personas de diferentes lugares del mundo para hacer senderismo en El Cerro”. Sin embargo, Jully, ingeniera ambiental y miembro del Comité por la Defensa del Agua de Tauramena, también comentó que existe una gran probabilidad de que Ecopetrol explote este lugar. “Ellos quieren hacer un proyecto de sísmica 3D. Es decir, introducir explosivos en la tierra para saber si hay petróleo. Si lo hacen, podrían fracturar los sellos base de los acuíferos, provocando que estas aguas se profundicen. Esto impactaría gravemente al municipio, pues en este lugar nacen los ríos de los que nos abastecemos”. Decidí conocer El Cerro. Ingresamos en camioneta y luego seguimos a pie por un camino de piedra que los mismos campesinos construyeron. Pasamos por un puente colgante y, finalmente, llegamos a una montaña de la que sale un chorro gigante de agua. Rodeados de un bosque abundante, conocimos las cascadas del Zambo, un lugar imponente, a 640 metros sobre el nivel del mar. La afirmación de Jully sobre los sellos de los acuíferos puede preocupar a cualquiera, pero, ¿existe información suficiente para demostrar los impactos de la sísmica en la disminución del agua? Julio Fierro, geólogo de la Universidad Nacional, conocido por haber frenado el proceso petrolero en la Sierra de la Macarena, explicó que la investigación que se ha adelantado en esta etapa de exploración es deficiente. Sin embargo, “hay casos en los que algunos jueces han fallado a favor de las comunidades porque demuestran que la sísmica ha generado deslizamientos en zonas de alta pendiente (como El Cerro)”. Óscar Vanegas, docente de la Universidad Industrial de Santander, geólogo e ingeniero de petróleos, recordó que, antes de 1996, las exploraciones sísmicas necesitaban una licencia ambiental que otorgaba el Ministerio de Ambiente, pero para agilizar esta etapa las eliminaron. Desde esa época, las compañías petroleras no están obligadas a hacer estos estudios de impacto. “Ahora, como son los campesinos quienes evidencian que el agua se disminuye cuando hacen estas exploraciones, se les termina exigiendo a ellos que lo demuestren. Pero es imposible, porque estos estudios son sumamente costosos”, agregó. Cuando regresamos al pueblo, me dijeron que era necesario hablar con la profesora Luz Marina Olarte, testigo de cómo el agua de su finca se empezó a secar en los últimos años. Entramos a su casa, una especie de hotel que nunca terminó de construir. Al preguntarle cómo recordaba Tauramena antes de que llegaran las petroleras, solo quiso llorar. “¿Usted trabajó para estas compañías?”, vuelvo a preguntar. Titubeó un poco, pero respondió: “Sí, nosotros nos beneficiamos del petróleo, quien diga que no, es un mentiroso. Pero lo hicimos porque no sabíamos lo que sucedería después con nuestras fincas y con el agua”. Por esa sensación de haber perdido más de lo que ganaron y de luchar contra una amenaza que no pueden definir ni cuantificar, el 15 de diciembre de 2013 realizaron una consulta popular en la que 4428 personas votaron ‘no’ para detener la exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en 11 veredas que conforman El Cerro. Además de recordar ese día como un hito en la historia del pueblo, por frenar lo que parecía infranqueable –habitantes del municipio aseguran que días antes el Ministerio de Ambiente, el Ministro de Minas y funcionarios de Ecopetrol les prometieron el cielo y la tierra para que no hicieran la
consulta–, Tauramena era un ejemplo de resistencia y su proceso se replicó en nueve municipios más. Lo más difícil para estas regiones ha sido mantener en pie la consulta. En el caso de Tauramena, en 2015 Ecopetrol interpuso una demanda de nulidad a este mecanismo de participación, pero solo hasta este año se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare. Según Jully, el Tribunal se basó en el comunicado de la Corte Constitucional, emitido también este año, en el que dejó sin validez legal las consultas populares, entre ellas la de Cumaral, Meta. Siguiendo la línea de la Corte, el acuerdo municipal por el cual se le otorga valor a la consulta de Tauramena también quedó anulado. Así las cosas, Ecopetrol nuevamente tiene vía libre para iniciar su proyecto de exploración sísmica. Pero el proceso continúa, pues la administración de Javier Augusto Álvarez, alcalde de Tauramena, apeló la decisión.
Ambiente 0 - extractivismo 1
Es viernes en la mañana y sigue lloviendo. Es la primera vez que veo a más de 30 personas reunidas en la plaza central. Jully dice que se debe a que los campesinos, concejales y el alcalde discutirán en el Concejo Municipal la decisión del Tribunal. Ingresamos al recinto y, en una de las intervenciones, el alcalde dice que habló con algunos funcionarios de Ecopetrol, quienes le manifestaron que realmente no tenían interés en El Cerro. Que, al parecer, demandaron la consulta solo para que otros municipios no siguieran usando este mecanismo. La mayoría de los asistentes se veían incrédulos. A pesar de que Álvarez y sus antecesores han comprado 8070,75 hectáreas en El Cerro para su protección; a pesar de que Tauramena, en su Plan de Desarrollo ha impulsado nuevamente la agricultura y el turismo, y a pesar de que en 2014 decidió actualizar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que quedó explícito que se prohíbe cualquier actividad extractiva en El Cerro, aún no han logrado detener las intenciones del gobierno central de seguir viendo a su municipio como una despensa petrolera. Esto sucede porque, según Rodrigo Negrete, abogado ambientalista, no existe una ley que defina cómo se deben hacer los acuerdos entre la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los territorios. Por ejemplo, “la Corte le había dicho a la ANM que no siguiera otorgando títulos mineros hasta que acordara el proceso con los municipios, mediante una ley que el Congreso tiene que expedir. Pero ha hecho caso omiso. Por
Semana Sostenible y Mongabay Latam quisieron conocer la posición de Ecopetrol, pero en su área de comunicaciones respondieron que, como el proceso sigue en curso, no les parece conveniente dar información y prefieren esperar los resultados.
eso las comunidades se vieron obligadas a usar la consulta popular como mecanismo para proteger su territorio”. Sin embargo, para Brigitte Baptiste, directora del Instituto Alexander von Humboldt, la consulta popular no es el mejor mecanismo para que se dé una concertación, pues es un acto de resistencia que no se hace con información. “Se debe tener en cuenta la opinión de las comunidades, pero no puede ser vinculante. Existen otros mecanismos como los acuerdos municipales, los acuerdos de defensa del patrimonio ecológico y cultural, y los Planes de Ordenamiento Territorial”. Pero Negrete asegura que ninguno se está respetando. “Los acuerdos se están haciendo a puerta cerrada con el alcalde y no con el Concejo Municipal y la comunidad”. En cuanto a los POT, “en la mayoría no está explícita la prohibición de actividades mineras o de petróleo, porque, por ejemplo, hasta 2016 el Código de Minas, en su artículo 37 y posteriores, prohibía a los municipios restringir estas actividades. A pesar de que ya lo pueden hacer, no actualizan sus POT y dejan abierta la puerta a la minería. Aunque no se respete, es un mecanismo que se debe agotar”. Negrete aseguró que solo le están dejando un camino a la gente: “Salir a las calles a protestar”. Si bien Colombia necesita del dinero que genera la minería legal y la extracción del petróleo, un hecho que no es ajeno en Tauramena ni en la mayoría de municipios, ordenar el país con títulos mineros y concesiones petroleras sin reconocer el ordenamiento territorial y ambiental es exacerbar un conflicto ambiental y social. Para no ir muy lejos, se encontró que en la Amazonía, una zona declarada sujeto de derechos por la Corte Suprema de Justicia para detener la deforestación, existe una probabilidad muy alta de extraer minerales estratégicos como el uranio, el coltán, el oro, el hierro y el platino. En 2012 se declararon 17,5 millones de hectáreas de Áreas Estratégicas Mineras en la Amazonía y el Chocó. Sin embargo, en 2015 la Corte dijo que esto quedaba sin valor y efecto, pues no hicieron consultas previas con las comunidades indígenas y afrocolombianas, ni tampoco concertación con los municipios. Pero la ANM no habría acatado la orden de la Corte y las declaró áreas “suspendidas”, según respondió a un derecho de petición enviado por esta publicación, una figura totalmente diferente a “dejar sin valor y efecto”. Además de emitir un concepto distinto, también habría ignorado la sentencia C-035 de 2016, en la que se le advierte que, antes de volver a declarar Áreas Estratégicas Mineras, tendrá que hacer una consulta previa, una concertación con los municipios y tener en cuenta los POT de los territorios. Ahora, según la ANM, se pretende establecer nuevas zonas pero con el nombre de Áreas de Reserva Minera. A la fecha, hay 16.797 hectáreas delimitadas sin concertación con las autoridades en Antioquia, Caldas, Cesar, Chocó, La Guajira, Huila, Tolima y Boyacá. Pero esto no es todo. Al comienzo de este año se presentó el proyecto de Ley 196 de 2018, el cual fue aprobado en Cámara, en cuarto debate, con la intención de sustraer áreas de reserva de la Ley Segunda para adjudicar terrenos baldíos a campesinos y víctimas del conflicto armado. Estas áreas de Reservas Forestal se delimitaron en 1959 para el desarrollo de la economía forestal, la conservación de las aguas, suelos y fauna silvestre. Entre las
siete áreas declaradas, está la Reserva de la Amazonía. Allí, este proyecto de ley planea ampliar aún más la frontera agrícola y también deja la puerta abierta a actividades mineras y de hidrocarburos. Semana Sostenible y Mongabay Latam buscaron, incluso con un derecho de petición, al Ministerio de Ambiente para que explicaran este tema, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
La ilusión
El abogado Rodrigo Negrete considera que hay una presión sistemática desde el gobierno central para continuar con proyectos extractivistas y que estamos frente a un dilema social del que poco se habla: todavía hay comunidades que están dispuestas a perder una quebrada a cambio de una vía o un empleo. Es el caso de Néstor Hernández, presidente de la vereda El Guafal, una de las zonas en donde se haría el proyecto sísmico en Tauramena. “No tenemos electricidad, ni gas, ni vías. Los beneficios que han llegado al municipio por las regalías no se ven en la vereda”, explicó. A pesar de escuchar sobre los riesgos ambientales que trae la exploración sísmica en El Cerro, dice que aceptarían la entrada de Ecopetrol a sus terrenos si es la única manera de conseguir, al menos, electricidad. Para entender un poco más esta decisión, Néstor, un llanero de gorra y gafas de sol que anda en su motocicleta por la montaña, aseguró que le parece injusto que sus vecinos puedan sacar sus cultivos de la finca en carro y él no. Cree que su vida mejoraría si Ecopetrol entra a explorar su terreno, como sucede en el sur del municipio. Alexander Rojas, presidente de la vereda Lagunitas y Rolfe Bohórquez, presidente de la vereda El Zambo, en cambio, están en contra de extraer petróleo de El Cerro. Aunque Alexander trabajó haciendo sísmica en otros departamentos, conoció de cerca la furia de la gente que no quiere que sus ríos se sequen. “Muchas veces me tocó salir corriendo, porque los campesinos nos sacaban a plomo”. Mientras que Rolfe vio cómo las compañías construyeron vías en algunas veredas; vías que hoy solo pueden usar las tractomulas. Con sus experiencias, Alexander y Rolfe trataron de convencer a Néstor para que no creyera en las promesas que hacen las petroleras. Pero al final no se veía muy seguro. “Por esa ingenuidad terminamos pagando todos”, concluyeron.