Sustitución sin sustituto
Nada que empiezan los proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, a pesar de que en muchas regiones están por cumplirse dos años del programa definido en el Acuerdo de Paz. Hay un riesgo alto de que el país esté dejando pasar esta oportunidad de llevar legalidad y desarrollo al campo.
A principios de noviembre, 53 exrecolectores de coca se reunieron con Alfonso Gasca, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Bosque, en San José del Fragua, Caquetá, para hablar sobre el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). “Estamos aguantando hambre, no tenemos quién nos dé trabajo”, le dijeron. Se acogieron al proceso de sustitución voluntaria y se supone que debían recibir un pago mensual de un millón de pesos durante un año por realizar labores comunitarias. Pero, hasta ahora, la plata del programa para contratarlos no ha entrado. Llevan seis meses sin conseguir trabajo y ahora están pensando en “hacer lo que una vez hicieron los cultivadores: descumbrar y sembrar coca”. Buscaron a Gasca porque es uno de los líderes campesinos que han estado pendientes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio, pero el mensaje es para el gobierno: el
PNIS, uno de los puntos principales de la Reforma Rural Integral que se pactó en el Acuerdo de Paz de La Habana, no anda en muchas regiones y, en otras, lo hace muy lento. De acuerdo con lo acordado entre el gobierno y la población cocalera, a los cultivadores que erradicaran voluntariamente sus cultivos ilícitos se les entregaría un Plan de Atención Inmediato con ciertas ayudas en su tránsito hacia la legalidad. Consiste en un pago bimensual de dos millones de pesos durante el primer año, un desembolso de 1.800.000 para una huerta casera de seguridad alimentaria, otro de nueve millones para un proyecto productivo de corto plazo de autosostenimiento y, finalmente, uno de diez millones para un proyecto de largo plazo del que, se supone, vivirán el resto de su vida. Además, a los recolectores se les daría un millón de pesos mensuales durante el primer año por ayudar en trabajos comunitarios. Pero según el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCDI), solo 14 por ciento de los raspachines está recibiendo una mensualidad y aún no se ha empezado a desarrollar ningún proyecto productivo. Además, de los 87.431 beneficiarios verificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), solo 33 por ciento tiene asistencia técnica. “Hay unos retrasos considerables. Las familias arrancaron la coca en los primeros dos meses y, en muchos casos, solo han recibido el pago de ese tiempo. Ninguna tiene claro en este momento una alternativa económica en reemplazo de la que tenían”, cuenta Pedro Arenas, director del Observatorio.
Arenas, una de las personas que más saben de coca en el país (de adolescente fue raspachín en el sur del Meta, antes de hacerse representante a la Cámara y alcalde de San José del Guaviare), es enemigo del postulado que ya están manejando algunos medios de que el PNIS es un “fracaso”. Todavía cree que es posible dar buenos resultados a largo plazo, como lo ha hecho en términos de erradicación en el corto (con un cumplimiento de 91 por ciento según los ejercicios de verificación de la UNODC). Pero depende de la prontitud en el cumplimiento del gobierno. “Me temo que esa ventana de oportunidad se puede estar cerrando”.
Una sensación de abandono
“La situación está tensa en San José”, cuenta Alfonso Gasca. A tal punto que, el 28 de septiembre, 200 cocaleros bloquearon la vía que conecta Caquetá y el Cauca para exigirle al gobierno mayor premura en el cumplimiento del PNIS. Los raspachines pedían que se hicieran los pagos, y los cultivadores, que empezaran los proyectos productivos, que aún no han formulado. Estos últimos hacen un cálculo básico: a las 540 familias beneficiarias en San José del Fragua les han dado tres pagos bimensuales y les darán otros tres durante los próximos seis meses. Pero si los proyectos productivos de ciclo corto como el plátano, la caña o la yuca tardan al menos un año en empezar a producir, ya van a estar, mínimo, seis meses sin ingresos. “Por eso estamos viviendo un clima de desesperación” dice Gasca. “Erradicar en un principio trajo mucha tranquilidad a la gente. Pero ya nos entra la zozobra del no cumplimiento del Acuerdo, y la gente está a punto de volver a ‘molestar’ con las matas de coca. No vemos otra fuente de ingreso. Solo con los pagos nos están cumpliendo”. La situación es similar en varios municipios. En Tumaco no ha entrado ningún pago desde agosto. En tres Juntas de Acción Comunal (Río Chagüí, Rosario y Recuerdos de Nuestros Ancestros del Río Mejicano) no les han girado un peso, cuenta Franklin Cortés, miembro de la Comisión de Planeación Participativa del PNIS en el municipio. En parte, por una cuestión de seguridad, pues la UNODC no ha podido hacer la verificación en estos sectores, uno de los requisitos para recibir los giros. “En Tumaco, hasta hoy, no ha habido sustitución de cultivos. Lo que ha habido hasta el momento es erradicación, sea voluntaria o forzosa”, asegura Cortés. “Eso está creando una emergencia social. A la gente le quitaron el sustento que tenía. Hoy sobreviven de desplazarse a otras zonas, donde todavía hay cultivo para jornalear. No les queda de otra”. Por otro lado, las condiciones de seguridad de los líderes campesinos que defienden el PNIS solo empeoran con las demoras. La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana identificó al menos 40 asesinatos de líderes este año (hasta noviembre) relacionados con ese programa . En general, los homicidios en las zonas de sustitución crecieron 35 por ciento durante los primeros tres meses del actual gobierno, según el documento ‘Los primeros 100 días del presidente Iván Duque’, de la Fundación Ideas para la Paz. Y eso sin contar, claro, los numerosos líderes que han recibido amenazas. Franklin Cortés es uno de ellos.
Burocracia
¿A qué se deben los retrasos del PNIS? En primer lugar, el tamaño del programa pudo haber desbordado la capacidad del Estado. “Como se hizo el programa, bien o mal, no fue por oleadas, sino que las más de 85.000 familias en todo el país iban entrando. Entonces alguna de estas pudo haber tenido una demora por diversos factores”, dice Emilio José Archila, alto consejero para el Posconflicto. Además, “tuvimos unas restricciones ahora porque, si bien los recursos se habían presupuestado, no estaban disponibles. Tuvimos que hacer un esfuerzo grande de presiones al Ministerio de
Hacienda para contar con ellos”, contó Archila, quien asegura que la idea es estar al día antes de enero. En cuanto a las vigencias futuras, el PNIS tiene cerca de 1,6 billones en el presupuesto de 2019, según el alto consejero. Muy por debajo de los 2,5 billones que Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) estima necesarios para cumplir con los compromisos del próximo año, según un informe publicado en octubre. Para Jorge Pulecio, coordinador de la oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia, otro gran problema ha sido “el funcionamiento burocrático de Naciones Unidas, que opera los recursos en varias partes. Ellos deciden, por ejemplo, comprar las semillas en Bogotá por grandes contratos que toman tiempo. Pero la gente en terreno tiene semillas nativas, que ella misma puede manejar”. Otro factor es el papeleo. Además de pasar la verificación bimensual de la UNODC, las familias deben acreditar varios requisitos. A noviembre, 12.399 familias (14 por ciento del total) tenían los pagos suspendidos por problemas documentales.
El lío con la tierra
En julio de 2016, Briceño, Antioquia, empezó el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos. Fue un éxito rotundo: en menos de 15 días, las más de 547 hectáreas que inundaban el municipio con coca desaparecieron. Los primeros pagos entraron regularmente y ya este año 700 familias terminaron de recibir sus primeros 12 millones de pesos. Pero hubo un problema que no anticiparon. Como cuenta John Jairo González, líder campesino de ese municipio, “el 60 por ciento de los cocaleros no éramos dueños de la tierra. Nosotros la trabajábamos y le dábamos el 10 por ciento del producido al dueño. Cuando erradicamos no les interesó arrendarnos más, porque la agricultura tradicional no es rentable para ellos”. Entonces, cuando empiecen los proyectos productivos no habrá tierras para implementarlos. Por este motivo, la Agencia Nacional de Tierras ofreció en diciembre del año pasado 137 subsidios de compra. Pero ninguna familia ha podido acceder a ellos porque no hay tierras, ya que la promesa de desarrollo rural en el posconflicto disparó el valor de la propiedad, cuenta Arenas. En otras regiones del PNIS hay problemas con la titularidad de la tierra. Solo la quinta parte de las familias tienen escritura de su propiedad y 13 por ciento están en arriendo. Eso, según Arenas, dificulta el proceso, porque sin derechos de propiedad claros hay menor confianza . “Está probado, no solo en Colombia, sino en Perú, Tailandia y Bolivia, que cuando a una familia le entregan el título de su propiedad no se vuelve a vincular con economías ilegales, porque teme perder su titularidad”. Por otro lado, también hay que llevar infraestructura a esas regiones para que los proyectos productivos sean rentables. Sin vías no hay proyectos agrícolas que puedan competir en el mercado, especialmente en las zonas más alejadas, que pueden estar a seis horas del núcleo urbano más cercano. Ahora, eso podría llevar a un dilema en términos medioambientales: mejorar la infraestructura vial en zonas forestales podría conducir al aumento de la colonización, el famoso efecto “espina de pescado”, que ha contribuido a acabar con más de 760.000 kilómetros cuadrados del Amazonas brasileño, un área poco más grande que Francia, en menos de 50 años. Finalmente, opina Pulecio, una sustitución efectiva de los cultivos de coca requiere de un cambio de mentalidad. De la lógica de la ilegalidad a la del mercado capitalista, de asociación entre campesinos, del desarrollo tecnológico de los medios de producción; “consolidar el capitalismo, en otras palabras”. Y eso toma tiempo. Un cambio así sería una “utopía irresponsable” pensarlo en solo dos años. “Debería ser de 10 a 15 años de PNIS”, agrega, que es el tiempo al que le apunta el Acuerdo de Paz para consolidar toda la Reforma Rural Integral. “No es una cuestión de, como decían algunos, cambiar coca por cacao. Se trata de sustituir una cultura de ilegalidad por una productiva estable. La sustitución de cultivos es mucho más que cambiar un palo por otro”, concluye Pulecio.