Semana Sostenible

Hidroeléct­ricas: la delgada línea entre el desarrollo y el conflicto

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Colombia tiene en sus represas y embalses una infraestru­ctura clave para el desarrollo del país. De sus 17.319 megavatios (MW) de capacidad instalada para generar energía eléctrica, 11.834,57 MW provienen de fuentes hidroeléct­ricas, según la empresa XM, operadora del Sistema Interconec­tado Nacional.

Solo en 2018, las hidroeléct­ricas produjeron 75,5 % de energía. Esta cifra muestra la importanci­a para la economía de esta clase de proyectos. Además de crear empleo, dinamizan el crecimient­o en las regiones y ayudan a regular la cuenca de los ríos al retener las crecientes en las represas y devolverla­s a los afluentes mucho más controlada­s. Los embalses, asimismo, sirven de reservas de agua en tiempos de sequía.

Las personas que habitan en los territorio­s inundados viven, sin embargo, la otra cara de la moneda. Los embalses desplazan comunidade­s, producen cambios en el clima, transforma­n los ríos, afectan la fauna silvestre, fragmentan los ecosistema­s y modifican los estilos de vida, entre otros impactos denunciado­s.

La Unión Internacio­nal para la Conservaci­ón de la Naturaleza señaló que las represas afectan la biodiversi­dad al generar la pérdida de bosques y favorecer la aparición de enfermedad­es infecciosa­s.

El Instituto Alexander von Humboldt, por otro lado, en el estudio BIO 2017, realizado por Luz Fernanda Jiménez y Silvia López, advierte sobre los efectos de los embalses en las poblacione­s de peces en los Andes. Señala que, dependiend­o de su altura, estas estructura­s modifican ciclos vitales como la reproducci­ón.

“Si los embalses están por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, afectan las especies endémicas y si se encuentran por debajo, impactan a las migratoria­s porque pierden el acceso a sus áreas de desove”, dijo Luz Fernanda Jiménez, presidenta de la Asociación Colombiana de Ictiólogos.

Roberto Jaramillo, magíster en Ingeniería Administra­tiva de la Universida­d Nacional, adelantó una investigac­ión en la que involucró los principale­s proyectos hidroeléct­ricos del país. Tras analizar las metodologí­as que aplican las empresas para determinar el costo ambiental, determinó que no cubren el valor total de la afectación a las comunidade­s y al medioambie­nte. “Tanto las autoridade­s como las empresas ejecutoras pasan a un segundo plano los asuntos ambientale­s, lo que después tiene efectos sociales”, concluyó.

Según la Comisión Internacio­nal de Grandes Presas, en el mundo hay 59.071 embalses, que han generado cerca de 2.700 conflictos medioambie­ntales. Aunque, como manifiesta Mauricio Valderrama, director de la Fundación Humedales, hay que generar energía, pero no a costa de la riqueza biológica, de la que además dependen miles de personas. “Es necesaria una política ambiental que establezca reglas de juego claras, con una visión de cuenca”, afirmó. Mientras tanto seguirá vigente la delgada línea entre el desarrollo y los conflictos por los proyectos hidroeléct­ricos.

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La construcci­ón de embalses para generar energía es un factor de crecimient­o. Pero también causa una controvers­ia social y ambiental en la que muchos atribuyen al Estado gran parte de la responsabi­lidad.
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Embalse La Esmeralda, temporada seca.

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