Las presiones a un tesoro natural
En julio de 2018, Colombia y el mundo recibieron la noticia de que la Unesco había declarado patrimonio cultural y natural de la humanidad a Chiribiquete, y que ahora tendría 4,3 millones de hectáreas. Pero un año antes ya se había evidenciado su flagelo, que sigue sin dar tregua.
Por muchos años la serranía de Chiribiquete solo estuvo en el radar de investigadores y científicos. Pero a partir de 2018, su majestuoso paisaje llamó la atención del mundo entero. Por primera vez un lugar del país recibía de la Unesco el reconocimiento como patrimonio mixto de la humanidad. La joya de la corona, un tesoro de riqueza invaluable: la vida misma.
El gobierno de ese momento, además, aumentó su superficie a 1.486.676 hectáreas, hasta convertirla en el área protegida continental más grande de Colombia, con 4.268.095 hectáreas. Sin embargo, esas buenas noticias venían acompañadas del mal sabor de las 219.973 hectáreas de bosque destruidas en el país entre 2016 y 2017, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Las mediciones y alertas sobre el aumento de este fenómeno comenzaron cuando Ricardo Lozano fue director del instituto, hoy ministro de Ambiente.
La Amazonia, donde queda el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, concentraba 65 % de la deforestación nacional, con 144.000 hectáreas de selva derribadas. En Parques Naturales Nacionales (PNN), la cifra llegó a 12.000 hectáreas. “En julio de 2017, nuestro programa de monitoreo evidenció la presencia de estas actividades ilegales de deforestación en el parque, especialmente en la zona noroccidental, cerca de las sabanas del Yarí”, afirmó el ministro Lozano. Más de mil hectáreas ya se veían devastadas.
Un despropósito ambiental que no se detiene. De esto dan cuenta las alertas tempranas del Ideam. Los informes trimestrales hacen pensar que la tasa de deforestación en 2018 superará con creces la del año anterior. Los últimos datos, emitidos por la entidad entre julio y septiembre, mostraban que el principal núcleo de deforestación se centró al occidente del departamento del Guaviare, especialmente en áreas de influencia de la vía Marginal de la Selva.
El Ideam señala que quienes impulsan esta tala indiscriminada buscan, principalmente, expandir las praderas con el fin de apropiárselas y acaparar las tierras para ganadería. César Humberto Meléndez, director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), también denuncia esos motores de deforestación. Para él, actores externos a la zona suelen financiar estas actividades y ven en la posesión de la tierra y el cambio de su uso la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de los bosques naturales.
Esas acciones también abarcan ampliar ilegalmente la infraestructura vial, extraer madera y cultivar coca, lo cual contribuye a su vez a poner en jaque a este ecosistema estratégico que alberga parte del patrimonio de la humanidad.
Semana Sostenible y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible sobrevolaron Chiribiquete y vieron de primera mano la tala y las quemas que afectan el parque y su área de influencia. Esa zona alcanza las 2.694.000 hectáreas, y comprende puntos conocidos como bajo
Itilla, Miraflores-girisa; medio Itilla, puerto Polaco; alto Itilla, Cristalina; Chuapal; Tortugas y Manaviri; Angoleta; Yaguará II; alto Camuya; ciudad Yarí y bajo Caguán.
La tierra, el centro de la disputa
La tenencia de la tierra siempre ha estado detrás de actividades como la ganadería, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la extracción de madera, la construcción de vías. Implica acaparar una zona sin importar que sea rica en diversidad biológica y minerales, todo a costa de su ubicación estratégica conectada con otras regiones de Colombia y otros países.
Como una táctica, tumban los bosques y los queman a sabiendas de que es un delito, para luego ocupar los territorios. Esto a pesar de la protección que brinda ser un Parque Nacional Natural, y de que el 12 % del territorio amazónico constituye una reserva forestal de ley segunda, no sobrepuesta con otras figuras de protección. De poco sirve en la práctica esa medida de conservación orientada a desarrollar la economía forestal y a proteger los suelos, las aguas y la vida silvestre.
Que algunos acaparan tierras en el Guaviare y Caquetá, los departamentos de Chiribiquete, es un secreto a gritos. Las autoridades ambientales, la Fiscalía, la Procuraduría, gremios como el de la palma y el ganado, la Fuerza Pública, Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente y Defensa y hasta la misma Agencia Nacional de Tierras lo saben y lo reconocen. La Agencia de Renovación del Territorio habla de la ausencia de un catastro rural actualizado, que permita conocer el dueño de los predios y los polígonos de finca. Las notarías de los municipios de la zona también deberían ser intervenidas, pues como manifiesta Carlos Olaya, investigador de Dejusticia, “en el Guaviare existen dispositivos informales para defender las compras de tierras frente a actores regionales, ya sean autoridades locales u otros acaparadores; lo que podría verificarse con un examen escalonado: revisar primero las oficinas de instrumentos públicos, por si se están validando negocios ilegales sobre figuras
de protección agraria o ambiental; luego, las notarías, para no descartar que se esté optando por una formalidad incompleta al registrar las compras de tierras solo ante estas instituciones, y así sucesivamente hasta llegar a contratos de documentos que no reposen en ninguna oficina estatal”.
El coronel Federico Mejía, comandante de la Brigada 22 de Selva, dice que se trata de mafias. “Los campesinos no tienen plata para pagarle a cien motosierristas”, afirma. Lo respalda Meléndez, director de la CDA: “Esa gente llega con grandes capitales desde fuera del departamento. Contrata campesinos y cuando llegan los operativos, solo caen estos, no los autores intelectuales ni los financiadores”, sostiene.
Caminos destructores
El desarrollo vial detona la especulación de tierras en esta zona. “En cuanto la gente oyó sobre la Marginal de la Selva, tuvimos, en menos de cinco meses, una deforestación de 2.000 hectáreas en las áreas aledañas”, recuerda Meléndez.
La Marginal de la Selva forma parte del Plan Maestro Intermodal de Transporte (PMIT) y busca conectar a Colombia con Ecuador y Venezuela. Según estudios de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afectaría directamente los sectores de Yaguará, Angoleta y Chuapal –área de influencia de Chiribiquete– e incluso sectores de los ríos Tunia e Itilla.
El gobierno Santos suspendió su construcción. En su momento, el propio presidente la consideró contraproducente para el medioambiente y la obra quedó en standby. Al consultar al actual vicepresidente de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, afirmó que el Invias no tiene presupuesto suficiente para desarrollar varias vías, como la Marginal. “Hay proyectos detenidos, pero esto no quiere decir que no se vayan a hacer”, dijo en referencia a esta troncal.
Construir carreteras en el Guaviare no es fácil, pues la mayor parte de ese territorio es reserva forestal. Sin embargo, las Farc abrieron varias trochas. Una de ellas lleva de Calamar a Miraflores. Según la Agencia de Renovación del Territorio, esta institución no autorizó ninguna adecuación para esta vía. Aunque aparecía en el plan 50x51, o plan de vías terciarias para la paz, el Ministerio de Ambiente la señaló de improcedente, pues estaba en una área de reserva.
Esta carretera, sin embargo, mejoró sus condiciones. Y, según Meléndez, todo indica que algunos entes territoriales la ampliaron y al hacerlo destruyeron bosque primario en zona de reserva de ley segunda, sin permiso ambiental alguno. “Ya hay investigaciones penales y sancionatorias en proceso”, afirmó.
La Procuraduría General de la Nación adelanta una de esas investigaciones contra el gobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry. De acuerdo con lo indicado por Ramón Laborde, procurador judicial II ambiental y agrario, en octubre pasado comenzó el proceso, que debe mostrar resultados en abril de este año. “Adelantan las pesquisas sobre temas como una carretera que el señor está promoviendo y unos cultivos de palma. Esta es una colonización brava, que además justifica públicamente diciendo que el Guaviare tiene muchos campesinos y tiene derecho a desarrollarse”, agregó.
No solo estas vías amenazan la conservación de Chiribiquete. A finales de 2018 apareció en el parque una carretera de unos 75 kilómetros. El hecho aumentó la alarma en PNN e hizo que su directora, Julia Miranda, solicitara con urgencia un operativo conjunto con la Fuerza Pública. “Desde diciembre le he pedido al general Carlos Moreno, del comando unificado del Ejército, que hagan algo. Ya hay una casa junto a esa carretera y eso se nos puede llenar de más gente y de ganado”, afirmó.
El general, por su parte, respondió que cerca de ese lugar desarrollaron la operación Zeus, que dio
de baja a alias Cadete, exjefe de las Farc y cabecilla de las disidencias. “Esto implica hacer una operación más elaborada, incluso mandar tropa adelante, porque podríamos poner en riesgo la integridad de las personas que vayan”, dijo.
El coronel Mejía respaldó esta versión. Asimismo, manifestó que la logística para este operativo requiere un buen presupuesto, pues implica horas de vuelo que en este momento no tienen. “Quién va a pagar esas horas… Cómo garantizamos que allá no hay gente, campesinos, niños… Además, hay una debilidad en el sistema judicial y es que a quienes capturemos, si lo hacemos, van a estar libres en tres horas”, afirmó.
Una falla en el sistema
El coronel puso la lupa en otra rueda de este engranaje, en lo que muchos coinciden: la debilidad del poder judicial. “Los jueces no tienen el conocimiento suficiente. Les ponen un comparendo ambiental, y listo. Es un delito excarcelable. No hay temor alguno, no se les presiona para que den información”, agregó Mejía.
La Fiscalía General de la Nación dispuso de un equipo de ocho fiscales especializados para coordinar acciones y afectar las estructuras criminales responsables de la tala indiscriminada de bosque en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta. Pero la autoridad ambiental y entidades como Parques sienten que falta mucha más celeridad en las acciones y fuerza en las penas.
A octubre de 2018, la Fiscalía había judicializado por deforestación unas 60 personas en la Amazonia colombiana. Esto no significa cárcel, sino cargos, multas y medidas no privativas de la libertad. Consultamos a esta entidad para conocer las cifras más recientes y el estado de estos procesos, y no hubo respuesta.
Miranda, Meléndez y el coronel Mejía coinciden en que falta mayor articulación. Si bien existe un protocolo interinstitucional de lucha contra la deforestación, que incluye la coordinación de información entre el Ideam, el Cti-fiscalía, Policía y las Fuerzas Armadas en sus componentes de inteligencia e investigación, en muchos casos la autoridad ambiental no puede llegar a hacer peritaje sobre algunos operativos, pues no tiene los recursos económicos para desplazarse. La Fuerza Pública dice enfrentar una situación similar, y de hecho esgrime –entre otras– esa excusa frente a la acción esperada en Chiribiquete.
Sin embargo, la CDA ha impuesto cerca de 40 sanciones ambientales. Tomaron como referencia las alertas tempranas que enciende el Ideam. “Tenemos expedientes con cosas monstruosas, como deforestación de 400 y hasta 600 hectáreas”, afirmó su director Meléndez.
El funcionario también advirtió que ellos expiden su concepto técnico y generan multas que pueden llegar hasta los 2.500 millones de pesos, pero que el proceso, sin embargo, se demora
demasiado para tener consecuencias. “Todo es tan lento que el congelamiento de bienes, que debería suceder inmediatamente, se da solo al final. Mientras tanto, la persona se declara insolvente y muchas multas quedan como un saludo a la bandera”, agregó.
Media vaca por hectárea
En medio del debate sobre a quién corresponde hacer frente a la deforestación, miles de cabezas de ganado se desplazan por vías legales e ilegales hasta lo más profundo de la selva, incluso hasta el propio Chiribiquete. “La principal amenaza que tienen nuestros parques en esta región es la ganadería”, dijo Miranda.
La Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA), sin embargo, afirmó que no tiene funciones de control directo en los territorios afectados por la deforestación. Pero aclaró que sí han dado los lineamientos específicos acerca de dónde es posible desarrollar proyectos agropecuarios, es decir, juiciosamente. Y, en conjunto con el Ministerio del Ambiente, han marcado frontera agrícola en la Amazonia.
De esta forma, el área para cultivar y tener ganado en esta región (Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo) alcanza alrededor de 6,8 millones de hectáreas. Según Fedegán, la productividad en esos departamentos tiene indicadores de 0,5 animales por hectárea. Al hacer la proporción entre cabezas de ganado, animales por hectárea y área destinada a actividades pecuarias, queda claro que hay bovinos en terrenos con vocación forestal.
El ejemplo más claro aparece en San Vicente del Caguán. Según la Upra, este municipio caqueteño tiene 305.190 hectáreas destinadas a actividades agropecuarias. A 2018, tenía 831.586 cabezas de ganado en 5.854 fincas, 2.555 con áreas de hasta 500 hectáreas. Esto significa que solo con estas fincas, sin contar las más pequeñas, el área destinada a ganadería excede 972.310 hectáreas de la zona de frontera.
El ICA y Fedegán confirmaron que, a 2018, aumentó en un 40 % el número de predios y un 50 % el número de cabezas de ganado en municipios de Caquetá y Guaviare. Entre estos aparecen Solano, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare, Calamar y el Retorno, entre otros.
Por esta y otras razones, Julia Miranda, directora de Parques, llama la atención sobre la cadena productiva de lácteos y cárnicos. “La pregunta también es cuáles empresas compran esa leche y esa carne, y cómo le hacen seguimiento a su materia prima”, dijo.
Nestlé es una de ellas. Lleva años en la zona y en Florencia tiene una planta que procesa precondensado de leche y compra el producto en algunos municipios del departamento. Sin embargo, afirma aplicar un proceso de selección para los ganaderos que incluye presentar un certificado del ICA que acredite que el predio donde tienen los animales corresponde a un terreno pecuario.
Por su parte, Karol Milena Villamil, gerente de Gestión Ambiental de Alquería, afirmó que ellos solo compran leche eventualmente en la región y que no tienen proveeduría directa.
Algunos actores señalan la palma de aceite como otro motor de deforestación. Sin embargo, Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma, manifestó que investigan, de la mano de la Upra y otras entidades estatales, si algunos cultivos que aparecieron en el Guaviare, específicamente en un área conocida como Sabanas de Fuga, están dentro de la frontera agrícola o en zona de reserva forestal.
Otras presiones
Sin duda, los cultivos de coca impulsan la destrucción de los bosques. Según el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, 70 % de la deforestación proviene de actividades ilícitas e ilegales. “En 2017, la deforestación asociada a cultivos de coca en Colombia alcanzó 24 % del total. Es decir, por coca se talaron diariamente 137 hectáreas de bosque natural. Esto equivale a 161 canchas de fútbol sembradas con coca en ecosistemas estratégicos”, dijo.
Y agregó que este gobierno evidenció lo que estaba sucediendo. “Desde el sistema de monitoreo del Ministerio de Ambiente e Ideam mostramos un crecimiento de 30 % de hectáreas deforestadas asociadas a cultivos de coca. Pasamos de tener 38.391
hectáreas deforestadas en 2015 a 47.463 hectáreas en 2016 y 49.416 hectáreas en 2017 por esta misma causa”, afirmó Lozano.
La posibilidad de sustraer lugares de reserva forestal para desarrollar proyectos mineros y petroleros también amenaza en forma latente a la Amazonia y Chiribiquete. El área ampliada del parque y su zona de influencia no tienen bloques petroleros en explotación, pero sí la figura de planificación e interés para la exploración de ese sector productivo.
Pasa exactamente lo mismo con las áreas estratégicas mineras (AEM) definidas por la Agencia Nacional de Minería. Este ente tiene una expectativa de hacer exploración y explotación en el Guaviare.