Chiribiquete: ¿un propósito de todos?
Observar el panorama de la deforestación alrededor de algunas zonas del Parque Nacional Chiribiquete y en su interior genera reflexiones sobre cómo proceder para revertir esta tendencia, que ha tenido una dinámica vertiginosa en los últimos años.
Las zonas que rodean Chiribiquete tienen un común denominador: son las más alejadas de los centros poblados, padecen una ausencia institucional aguda y empiezan a evidenciar el crecimiento de grupos disidentes de las Farc en su borde. En algunas áreas, ya no es clara la diferencia entre los lugares que están controlados por la disidencia y los grandes latifundios de bandas criminales. Parecería que alianzas antes impensables hoy maduran al calor de la selva.
La gobernabilidad en estas zonas está seriamente vulnerada. Las poblaciones allí presentes reconocen otro statu quo, y en general, les resulta extraño ese lenguaje institucional y esa normatividad invocada a la hora de buscar su participación en la búsqueda de soluciones. Es como si cada uno viviera en mundos diferentes: la institucionalidad reclama la adopción de leyes, normas, planes, proyectos, y la gente exige una transformación de sus territorios para poder transitar hacia la legalidad.
Alguna vez, acompañando el proceso de ampliación de Chiribiquete, estaba en una reunión en una vereda lejana. Alguien preguntó qué pensaba del proceso de paz y le dije que creía que sería benéfico para estas regiones. Una señora entrada en años, de quien sabía que tenía un hijo combatiente en la guerrilla, me dijo que ella no quería ese acuerdo. “Aquí necesitamos un grupo enfierrado, sea de izquierda o de derecha. Que diga por dónde caminar, que limpie esto de ratas, que dé los permisos para tumbar y hacer finca; que sepa mandar”.
Esta anécdota permite entrever lo que hay más allá de la deforestación: un urgente ejercicio de gobierno en el que la conservación de los bosques resulte de la presencia integral de todas las agencias. En el que el ejercicio de los derechos de ciudadanía sirva de punto de encuentro de estas poblaciones con el marco legal del Estado.
Un Estado que oriente la colonización
El tema central que subyace en la deforestación de la Amazonia, y en particular alrededor de Chiribiquete, es la apropiación de las tierras baldías. Con un retraso histórico de décadas en la asignación de derechos de propiedad y uso del suelo, ha sucedido una “tercerización” en actores ilegales (caso guerrillas y disidencias) y entes territoriales, municipales o departamentales. Para el primer caso, la asignación y permisos para acceder a tierras ha sido parte del quehacer histórico de estos grupos, lo que ha permitido a la población reconocer en estos actores una solución a sus necesidades de derechos sobre la tierra.
Por otro lado, los entes territoriales, por medio de la formalización de las veredas, han tenido un instrumento valioso para utilizar esta figura como una unidad de planificación de la inversión pública, que llega a la gente local sin que medie una titulación previa. En ambos casos, y no con poca razón, las consideraciones de restricción de uso del suelo no han sido determinantes al generar esta “ordenación de la tenencia” en esas zonas.
En uno y otro, grandes áreas de acaparamiento se ven favorecidas por la inexistencia de restricciones al tamaño y uso de los predios que adquieren en el mercado informal. Entonces, es claro que se requiere una aparición contundente del Estado para liderar el proceso de formalización de la propiedad, en el que los derechos de la gente se vean reconocidos y la institucionalidad pública oriente el poblamiento. El tamaño, uso del suelo y localización de los predios formales son un imperativo para romper el dominio del mercado informal de tierras que hoy acecha Chiribiquete.
Los derechos de uso del bosque en las reservas forestales son una oportunidad y una alternativa de gran importancia para darle salida a la presión sobre las tierras. Las iniciativas de forestería comunitaria alrededor de Chiribiquete pueden solucionar las necesidades de muchas comunidades que habitan zonas inadjudicables, pero con potencial de uso forestal no maderable y maderable, para también garantizar formas de manejo y administración territorial que devuelva la gobernanza a las comunidades locales, al permitir un vínculo totalmente diferente con el Estado y promover su participación en el ejercicio de gobierno local.
Si bien hoy el Ministerio de Ambiente avanza en proyectos piloto, se hace necesaria una propuesta general para este borde de colonización, que aún puede albergar casi un millón y medio de hectáreas de bosques.
La economía local se requiere con urgencia; un mercado que rompa la hegemonía de la ganadería y la coca en esas zonas durante las últimas décadas. Esta región tiene un potencial turístico enorme y supera con creces lo que ofrece el modelo ganadero convencional. En áreas como La Lindosa, el río Guayabero, las sabanas del Yarí, el río Itilla, los cerros del Capricho, las lagunas del Guaviare, por solo mencionar algunos casos, hay una oferta ambiental única. Los paisajes, la biodiversidad, los vestigios arqueológicos, los senderos de caminantes, las áreas de pesca deportiva, el avistamiento de aves pueden ser una opción real con un impulso decisivo de política pública y asociación entre comunidades e inversionistas que
tienen demanda en múltiples partes del mundo. Experiencias que incluyen excombatientes, comunidades indígenas, campesinos y grupos de investigación empiezan a germinar, aún de manera espontánea y a veces desordenada. La presencia de turismo internacional cada vez mayor demuestra que allí hay un interés que tiene un tiempo finito de ser organizado, antes de que los valores ambientales y arqueológicos desaparezcan. La investigación entre científicos y sabedores locales abre un universo de posibilidades de un nuevo modelo de desarrollo para la región. Chiribiquete merece ser el centro de investigación más importante de la Amazonia colombiana.
La aplicación de la ley y la justicia
Durante años los funcionarios ambientales han solicitado el apoyo de la Fiscalía, la Procuraduría y la Fuerza Pública. Respuestas destempladas se han escuchado como: “¿Tiene gasolina para hacer un vuelo?, ¿me pueda dar coordenadas para ver dónde es eso?, ¿cuál es el problema con unos arbolitos?”. Cada periodo de mando trae consigo un director que cambia de prioridad y funcionario, según su criterio.
Además de la falta de articulación, la legislación está desactualizada y no pondera los crímenes ambientales. Gran tarea que el Congreso y el Ejecutivo podrían liderar en esta legislatura.
Mientras tanto, no se puede continuar mostrando como éxito la captura de motosierristas o cuidanderos de finca. El desafío es dar con los responsables de conspirar, financiar y apropiarse de los baldíos de la Nación; de destruir la reserva forestal de la Amazonia y un parque patrimonio de la humanidad. El desafío es recuperar la confianza de la población en que el ejercicio de la justicia es ponderado y empieza por los grandes delincuentes, y no por la gente del común. El desafío es no hacer operativos puntuales y salir corriendo; es hacer presencia territorial permanente. ¿Será mucho pedir? No se requiere desarrollar un modelo como el Sivam, de Brasil, pues la información en tiempo real ha llegado a quienes corresponde. Esta es una responsabilidad que ha sido evadida por una combinación aparente de incompetencia y desprecio por lo ambiental. Pero lo que hay en juego es mucho más que eso.
El sector privado
Tres sectores tienen una incidencia importante en el presente y futuro de Chiribiquete: el ganadero, el palmero y el de transporte (asociado a su vez con el de hidrocarburos).
En los últimos tres años, el incremento de más de 550.000 cabezas de ganado (datos ICA 2018 y análisis FCDS) en los municipios que hay alrededor de Chiribiquete coincide con el aumento en el área deforestada en esa zona. Claramente hay una desarticulación entre la promoción de la actividad, la comercialización de productos y su relación con el área de origen de estos. A la fecha, no se ha podido conciliar la definición de una frontera de ampliación ganadera, la cual debe ser el primer aspecto en la adopción de buenas prácticas y condiciones habilitantes para la comercialización de productos en condiciones de sostenibilidad. El mercado tiene que premiar o castigar el origen de los productos, y en el caso del sector ganadero es apremiante. Esta es una deuda enorme que debe empezar a remediarse.
El sector palmero ha dado un paso importante. Por ejemplo, Fedepalma señala que no es de su interés ampliar la frontera agropecuaria en la Amazonia ni establecer cultivos en áreas de restricción ambiental. Sin embargo, vemos que hay inversionistas no asociados que ven en las zonas de La Fuga, el Guayabero y el Yarí una oportunidad para su expansión. Esto pone una presión adicional sobre el mercado informal de tierras, que se traduce en presión sobre los bosques de la reserva forestal y de Chiribiquete. Estas presiones, de manera sinérgica
con el efecto del proyecto Marginal de la Selva, han disparado la más alta tasa de deforestación regional. De nuevo, sin catastro, formalización y aplicación de la ley será complejo detener esta expectativa, como ya ocurrió hace una década en la región del bajo Ariari, entre Granada y San José del Guaviare. Ojalá aprendamos como país que del ordenamiento de la propiedad en zonas amortiguadoras depende, en gran medida, la salud de sus parques.
Al sector de transporte le llegó la hora de definir hasta dónde es apropiado seguir extendiendo la red vial, dónde consolidarla y abandonarla. Las buenas prácticas de infraestructura implican no solo técnicas de ingeniería, sino también de planeación del paisaje. Asimismo, establecer la resiliencia de los ecosistemas a la densidad vial y generar trazados con criterios que van más allá del derecho de vía. Pensar la infraestructura verde como oportunidad económica y no como costo adicional. Funcionarios juiciosos de los ministerios de Ambiente y Transporte han venido construyendo unos lineamientos de infraestructura verde para carreteras, y este podría ser el momento en que estos sean propuestos para su implementación en la periferia de Chiribiquete.
Los procesos de exploración para producción minero-energética que se vayan a desarrollar a futuro en la zona de influencia de Chiribiquete deberán empezar por una consideración: eliminar en todas las fases del proceso la construcción de trochas y vías que puedan permitir migración y poblamiento en área boscosas. La construcción de plataformas off shore in land han sido desarrolladas en los países vecinos de la cuenca amazónica. El turno es para Colombia, para lo cual la Anla tiene la palabra.
Los resguardos y los aislados
Alrededor de Chiribiquete hay resguardos indígenas que están siendo amenazados y cuya desprotección está abriendo un enorme frente de colonización hacia el parque. A pesar de haber sido impuestas algunas medidas cautelares para la restitución de este territorio a las comunidades del resguardo Yaguará, a la fecha no ha sido posible detener la ocupación ilegal, así como tampoco la creación y el registro de nuevas veredas campesinas en ese territorio. Se requiere el liderazgo del Ministerio del Interior, de la Agencia de Restitución de Tierras y de la Agencia Nacional de Tierras, entre otras, para que esta población pueda retornar a la zona.
Aún más preocupante es la situación que se presenta respecto a las zonas de movilidad de pueblos en aislamiento voluntario, en particular aquellos que se encuentran sobre la zona occidental del parque, donde se presentan señales no solo de deforestación y colonización, sino también de construcciones viales bajo el bosque, que indican la movilización de grupos armados.
Es de recordar que cualquier contacto no deseado con indígenas en aislamiento puede concluir en su desaparición, como ha sido reportado en diferentes casos en la Amazonia continental. Solamente una acción permanente de la Fuerza Pública para disuadir los intentos de ingreso a los territorios de aislados podrá reducir el riesgo de que Colombia vuelva a experimentar un etnocidio como el que se ha dado en pocas décadas con el pueblo nukak.
Rodear el sector ambiente
El sector ambiental del gobierno está en el ojo del huracán, a pesar de que la deforestación es el resultado de la falta de coordinación y consistencia de un Estado que durante décadas ha promovido unas formas de desarrollo económico ajenas a la biodiversidad. Así también, la “tercerización” no explícita en el control territorial ha dejado abierto el mercado informal de tierras como combustible del acaparamiento, y permitido que formas de gobierno local muy pobres y con frecuencia corruptas perpetúen la conformación de un territorio con gobernanza diferenciada del resto del país. En este contexto, se le pide a las autoridades ambientales “hacer cumplir la ley”. Aun a costa de la muerte, intimidación, desplazamiento, y otros impactos, de sus funcionarios.
Es el momento de repensar el modelo, pues ni Chiribiquete, ni las poblaciones campesinas o indígenas, ni el desarrollo económico legal están funcionando. Es tan claro como que si no hacen vinculantes las responsabilidades de cada sector, público o privado, para la conservación de este territorio y el desarrollo legal de sus comunidades, podemos anticipar que además de la pérdida de un patrimonio de la humanidad estaremos recreando nuevos ciclos de violencia que se pueden ampliar a todo el país.