La Esmeralda: lo que el embalse dejó
La Central Hidroeléctrica de Chivor fue la primera generadora de energía hídrica construida en el país. Semana Sostenible viajó hasta Macanal, el municipio que más espacio aportó al embalse, para conocer de primera mano los factores positivos y negativos que el proyecto les trajo a esa región y a sus comunidades. Una mancha roja se observa a lo lejos. Son las seis y diez de la mañana y de a pocos comienzan a llegar a puerto Batá II los estudiantes de la Institución Educativa Jaime Campos de Macanal, Boyacá. Al otro lado, en puerto Batá I, los conductores se aprestan a encender los motores de las lanchas en las que trasladarán a los jóvenes por entre las turbias aguas del embalse La Esmeralda.
Al llegar a la orilla, cerca de 40 alumnos de bachillerato que viven en las cinco veredas del margen derecho de ese cuerpo de agua suben lentamente a las embarcaciones y, tras ajustar los chalecos salvavidas, emprenden el viaje. Los rayos del sol se abren espacio entre las nubes mientras los botes atraviesan velozmente la represa, que la empresa estatal Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) comenzó a construir en 1969, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Dos minutos después los estudiantes llegan a su destino.
Esta es su rutina hasta que llega el verano. Con la sequía habitual que impera entre diciembre y marzo empieza el viacrucis para los alumnos y para cerca de 1.000 personas que viven en las veredas Limón, Quebrada Negra, Media Estancia, Naranjos y Guavio. Todos ellos quedan aislados del casco urbano por el embalse.
El problema tiende a crecer con el paso del tiempo. Los habitantes se ven obligados a transportarse en bus por una carretera destapada. El viaje desde allá hasta el casco urbano puede tardar hasta dos horas. “La situación es muy complicada porque nos toca dar la vuelta. Desde la vereda Media Estancia, en donde yo vivo, hacer ese trayecto se vuelve exageradamente largo. Eso promueve aspectos como el desapego social y el estancamiento económico del municipio. La gente prefiere ir a otros pueblos y no a Macanal”, indicó Miller Salguero, concejal de esa localidad.
Así las cosas, enfermarse está prácticamente prohibido en ese sector durante el verano. Sin
transporte fluvial, trasladar a un paciente hasta el centro de salud del municipio se convierte en una odisea difícil y muy costosa. Deben pagar hasta 30.000 pesos por un expreso en carro particular.
“Lo más triste es que uno se pega el viaje y luego lo remiten para Garagoa, por ejemplo, porque el puesto de salud es de primer nivel”, mencionó Edith Salguero, presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) de Macanal.
La líder comunal afirmó que, por medio de un convenio entre AES Chivor y Asojuntas, están creando un fondo de solidaridad a fin de ayudarle a la comunidad con un incentivo económico para el transporte cuando se registren emergencias de salud.
Los agricultores también aseguran haber sufrido por esta presa. Aseveran que el clima cambió y que sus cultivos tradicionales se han visto afectados. “El hielo que produce este cuerpo de agua, especialmente en las noches y las madrugadas, acabó con los cultivos que antes se daban en esta región. Ahora nos toca vivir de otras cosas como la pesca y la minería”, dijo Jairo Perilla, habitante de Chivor, quien afirmó que parte de las veredas de Camoyo y Guali de esa población también quedaron inundadas.
Perilla explicó que, sin embargo, no pescan para vender sino para autoabastecerse. “Lo hacemos más para nuestro consumo que para comercializar, porque acá no se dan grandes cantidades de pescado. Hace como tres años, alguien echó langostinos a la represa para acabar con las especies que había. Hemos encontrado bastantes animales de esos. No es un mito”, comentó.
Otras afectaciones
Según los habitantes de Macanal, la construcción del embalse también trajo consigo el desplazamiento forzado. “La gente se vio obligada a irse por cuenta del mismo Estado. La mayor parte de las personas vivía en minifundios, sin títulos de propiedad. La empresa, ISA, solo negoció con los propietarios que mostraban escrituras, y si todavía existe un alto índice de falsa tradición en Boyacá, imagínense en esa época”, señaló el exconcejal de Macanal, Gustavo Martínez.
En una carta enviada el 10 de mayo de 1977 al jefe de inspección de la Presidencia de la República, los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas El Limón, Los Naranjos y Media Estancia se quejaban porque ISA no había pagado las parcelas que compró para construir la Central Hidroeléctrica de Chivor.
Como este, otros oficios dan muestra de incumplimientos. Uno de ellos consiste en un memorando del primero de marzo de 1989. En el documento, la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos le indicaba al ministro de Agricultura que “las formas utilizadas por los representantes de ISA para hacerse a los terrenos que constituyen la gran expansión que abarcó la represa fueron desacertadas, antitécnicas, inconsecuentes, injustas y aún inhumanas en un alto número de casos, lo cual causó de inmediato graves problemas, especialmente económicos, sociales y psicológicos, que posteriormente se agravaron con la inundación”.
El documento, firmado por Elías M. Jaime Molavoque, promotor departamental, señalaba además que “el pago a la mayoría de las familias afectadas (por su terreno) estuvo por debajo de los precios justos y que realmente valían, más cuando no era o fue su voluntad venderlos”.
30 años después, el concejal Luis Alberto Alfonso asegura que en Macanal ‘tumbaron’ a la comunidad. “A la gente le hicieron pagos irrisorios; pagaban lo que ofrecía el Estado y punto. Y si no, la expropiaban. A mi familia y a mí nos sacaron de allá a la fuerza. Es una gran tristeza porque se trataba de las mejores tierras del pueblo”, recalcó.
Por otro lado, AES Chivor presta el servicio de transporte fluvial solo entre las cinco de la mañana y las seis de la tarde. Eso se ha convertido, para muchos de los habitantes de esta población, en un elemento desintegrador que contribuye a la pérdida del tejido social y las costumbres.
Por su parte, Nelson Gagliardi, jefe de operaciones de la Compañía Naviera, afirmó que esa entidad, contratada por AES Chivor desde 1998 para brindar de manera gratuita el servicio de transporte fluvial de pasajeros, estableció esos horarios con base en la Ley 1242 de 2008 que, entre otras cosas, regula las rutas que deben cumplir las embarcaciones en las represas.
“Acá prestamos el servicio en tres rutas: una permanente que cubre cinco puertos; otra denominada ‘la ruta de hora’, que va parando en los puertos aguas abajo, y una llamada ‘ruta Camoyo’, que va hasta el rebosadero. Además brindamos un servicio para emergencias nocturnas en caso de que haya que pasar una ambulancia, un herido o un enfermo. Funciona a cualquier hora”, explicó.
Hugo Alberto Cortés, inspector fluvial del Ministerio de Transporte, corroboró esa información y señaló que la Compañía Naviera cumple con la normatividad.
Las compensaciones siguen en veremos
Antes de que el gobierno nacional tomara la decisión de inundar las 1.260 hectáreas que conforman el embalse, entre lo que hoy son los puertos de Batá I y Batá II existía un puente sobre el río Batá que permitía a las comunidades pasar a cualquier hora con sus mercancías y sus animales.
Tras el llenado de la represa, en 1975, retiraron el puente. Las comunidades pidieron construirlo de nuevo. Conformaron una comisión negociadora que se encargaría de hacer valer lo estipulado en el plan de obra y en el presupuesto general que contemplaba esa estructura. El Estado, por medio de Interconexión Eléctrica (ISA), empresa que ejecutó el proyecto, se comprometió a estudiar la respuesta.
44 años han pasado desde entonces y no hay asomo del puente. ISA descartó por completo construirla en 1974, aduciendo razones técnicas. A
cambio la compañía se comprometió a suministrar y mantener el servicio de un planchón durante 12 horas del día.
Para compensar la negativa, la empresa planteó adelantar una serie de obras e inversiones, entre las que se encontraba construir una carretera perimetral, electrificar las veredas aledañas al embalse, invertir un millón de pesos para construir el palacio municipal de Macanal y un plan para reforestar los alrededores de los 22,9 kilómetros de longitud que tiene la represa.
En su momento las comunidades aceptaron la oferta, luego intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Nabor Felipe Londoño, alcalde de Macanal, aseguró que el desconocimiento, la inocencia y la falta de visión de los negociadores de la época no les permitió exigir lo realmente justo. “Antes, sobre varios pasos del río había puentes peatonales. Entonces la empresa tenía que haber restablecido esos puentes al aumentar el nivel del agua, pero nunca lo hizo, al igual que la vía perimetral. Las carreteras que existen fueron hechas por los municipios y no por la empresa o el Estado”, manifestó el funcionario.
Sin embargo, Semana Sostenible tuvo acceso a unos documentos que darían cuenta de que ISA sí construyó parte de vía perimetral. Se trata de la denominada vía Los Militares, entregada al departamento por medio de la ordenanza 058 de 1987. De ser así, esta empresa estatal habría cumplido con esa compensación, al igual que con un gran porcentaje de la electrificación y la reforestación de la ronda.
De mano en mano
Las peticiones de las comunidades se fueron diluyendo luego de la transferencia de ISA a Isagen en 1995, la posterior venta del proyecto hidroeléctrico a la empresa chilena Gener S. A., en 1996, y finalmente el negocio con la multinacional norteamericana AES Corporation en 2000.
Ahora le solicitan al Estado y a la empresa de turno construir un puente vehicular entre los puertos Batá I y II. Obra que, según el alcalde de Macanal, costaría alrededor de 26 millones de pesos. Adicionalmente, le piden al gobierno nacional generar una tarifa diferencial en el servicio, pues consideran injusto que en una región que produce el 6 % de la energía del país se pague uno de los servicios de luz más costosos.
Un generador de desarrollo
La historia de Macanal tiene dos partes: antes y después de la construcción del embalse La Esmeralda. La ejecución de este proyecto también trajo consigo crecimiento económico y desarrollo social. Se estima, por ejemplo, que la primera y la segunda etapa de edificación generaron más de 5.000 empleos.
Actualmente, en la central hidroeléctrica trabajan cerca de 130 personas, la mayor parte oriunda de esa región conocida como el valle de Tenza, o de otras provincias de Boyacá. “Un proyecto de esta edad (50 años) ya no tiene grandes actividades por desarrollar, salvo aquellas periódicas de inspección y mantenimiento, que se adelantan cada cinco u ocho años”, señaló Óscar Pérez, coordinador de Gestión Social de AES Chivor, quien agregó que con frecuencia esa compañía utiliza los servicios de más de 15 empresas de la región en temas de servicios.
El funcionario destacó, además, que esa compañía invierte cerca de 4.000 millones de pesos al año en su política de responsabilidad social. “1.000 millones de pesos anuales destina la empresa en comprar predios para la restauración natural. Hasta el momento ya hemos adquirido más de 450 hectáreas”, dijo.
Pérez resaltó que esta clase de embalses también ayudan a regular la cuenca, ya que las grandes crecientes provienen de los ríos Batá, Tunjita y Rucio (Negro), principales afluentes de La Esmeralda. “El caudal promedio que le llega al año al embalse está entre los 60 y 70 metros cúbicos por segundo, pero en invierno han llegado crecientes de hasta 1.400 metros cúbicos por segundo, de tal suerte que, si no existiera la represa, estas aguas bajarían por el río Batá, generando fuertes inundaciones”, resaltó. Frente a los temas del puente vehicular sobre el embalse y la carretera perimetral, el coordinador afirmó que si esos compromisos existieran realmente, la compañía los habría respetado. Así, lo hace con la obligación heredada de garantizar gratuitamente el transporte fluvial los 365 días del año y el transporte terrestre, ida y regreso, todos los días, desde la vereda Media Estancia hasta el casco urbano del municipio.
Pérez deja claro que una compañía privada no tiene por qué sustituir al Estado. “Lo que hacemos es unir esfuerzos para poder mejorar las condiciones de vida de la gente en las zonas”, apuntó.
La empresa, de igual manera, transfirió recursos vía compensación de energía, en 2018, por el orden de 27.409 millones de pesos, a los 35 municipios que conforman la cuenca o aportan tierra al embalse, así como a las cuatro corporaciones autónomas regionales que tienen injerencia directa sobre ese territorio (CAR, Corpochivor, Corpoboyacá y Corpoguavio). “Del 6 % de la venta bruta que por norma se debe transferir, 3 % se destina a los municipios y otro 3 % se le entrega a las corporaciones. Macanal, por ser el municipio que más territorio y fuentes hídricas aporta, recibe un porcentaje mayor”, explicó.
Este es solo un ejemplo de lo que sucede con los proyectos hidroeléctricos en el país, en los que la debilidad de la institucionalidad estatal queda en evidencia. Bien sea por exceso de permisividad con las empresas a la hora de otorgar licencias, hacer estudios y exigir compensaciones, o porque descargan toda la responsabilidad en estas compañías. Es decir, buscan que ellas garanticen derechos como salud y educación, por mencionar algunos, que corresponden a los gobiernos. Al final del día, las comunidades y el medioambiente terminan sin el pan y sin el queso.