ECONOMÍA
El país se prepara para la propuesta de la ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible. Una iniciativa liderada por la cartera económica para beneficiar al medioambiente y a la sociedad.
La apuesta de Minhacienda por el clima
El mundo enfrenta una crisis inminente. La comunidad científica ha advertido que de no intervenir, el problema climático afectará todos los aspectos de la vida en el planeta. Según un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, el aumento de la temperatura implica una reducción de 7,22 % del PIB mundial per cápita para 2100. A esta situación se suman las problemáticas generadas por la contaminación del agua, el aire y el uso irracional de los recursos naturales.
A nivel mundial, 87 % de la población vive en lugares con niveles de calidad del aire perjudiciales para la salud, lo que implica una pérdida anual en ingresos laborales de 255.000 millones de dólares. En el caso del plástico, se calcula que el mundo ha producido más de 8.000 millones de toneladas desde 1950, pero ha reciclado solo 9 %.
Esta realidad no es ajena a la situación en nuestro país. El cambio climático genera grandes impactos en Colombia. El fenómeno de La Niña en 2011 generó pérdidas cercanas a los 11,2 billones de pesos, equivalentes al 2 % del PIB nacional. Por su parte, El Niño en 2016 dejó pérdidas por 3,1 billones de pesos.
Los impactos macroeconómicos y fiscales por cuenta del cambio climático son inminentes. En caso de no adaptarse a este fenómeno, Colombia podría perder cada año 0,5 % de su PIB por afectaciones en el sector agropecuario y de transporte. En resumen, todo pasivo ambiental eventualmente se convertirá en un pasivo fiscal.
El Ministerio de Hacienda reconoce estos costos. En línea con esto ha participado activamente en la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática y los Principios de Helsinki, que promueven incluir el cambio climático en las discusiones fiscales, macroeconómicas y de finanzas públicas.
La cartera de Hacienda lidera el proyecto de ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible, con la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y los Ministerios de Ambiente, Energía, Transporte y Agricultura. También ha contado con el apoyo de dos organizaciones ambientales: el Instituto Global de Crecimiento Verde y Transforma. Busca impulsar la transición hacia una economía limpia, resiliente al clima y baja en carbono.
Según explican voceros de la cartera, están diseñando instrumentos no para aumentar el recaudo sino para enviar una señal que permita cambiar el comportamiento. Esos ingresos podrían servir para corregir los impactos negativos, financiar la transición en los sectores que se verían afectados y generar oportunidades económicas en nuevos campos promisorios como las energías renovables, la bioeconomía o la economía forestal.
El proyecto de ley que presentaría el gobierno nacional se compone de dos grandes bloques. Primero, definir mecanismos para implementar estrategias de crecimiento limpio. Segundo, crear o modificar los instrumentos económicos ambientales.
De esta forma, se trata de canalizar eficientemente los recursos en programas de mitigación y adaptación al cambio climático, que también apuntan al crecimiento de la productividad y competitividad en el país. Así mismo, contempla medidas para reducir emisiones de material particulado producidas por vehículos e industrias altamente contaminantes; propiciar estructuras de economía circular; reducir el consumo de plásticos de un solo uso; y consumir eficientemente los recursos naturales.
Esta ley se articularía con los avances que ya tiene Colombia para la gestión de estas problemáticas, como la Ley 1931 de 2018 y con esto la creación del Sistema Nacional de Cambio Climático y su mecanismo operativo, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático(cicc). Además, toma aspectos esenciales planteados por la Misión de Crecimiento Verde y adoptados en el Conpes 3934 de 2018.
El sector hacienda ha desarrollado varias políticas relacionadas con estos temas y contempla una agenda mucho más ambiciosa en el mediano plazo. El sector ya trabaja, entre otras políticas, en diseñar bonos verdes, instrumentos financieros que contemplan riesgos de desastres y modelos macroeconómicos que involucran riesgo de cambio climático.
La ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible promete generar cambios estructurales que no solo promuevan un desarrollo económico más limpio, sino el bienestar social en el largo plazo. No obstante, para cumplir con los objetivos propuestos, cada miembro de la sociedad debe comprometerse y asumir un papel activo en la transición hacia un crecimiento sostenible.
Semana Sostenible habló con Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, sobre la ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible que presentará ante el Congreso.
Semana Sostenible: ¿Por qué el Ministerio de Hacienda decide apostarle a presentar un proyecto de ley que busca incentivos para cambiar comportamientos en materia ambiental?
Alberto Carrasquilla: Hace más de una década, los temas ambientales no se relacionaban directamente con Hacienda. Ahora es claro el impacto del cambio climático en la estabilidad fiscal y económica del país, por lo cual el ministerio ha trabajado en varias líneas estratégicas como el impuesto al carbono, la promoción de energías renovables e infraestructura verde y los instrumentos financieros para gestionar el riesgo, así como el diseño de una emisión soberana de bonos verdes, entre otros. Crear incentivos económicos para generar mejores comportamientos es también parte de nuestra función.
Semana Sostenible: ¿Cuáles son los principales puntos de este proyecto de ley?
A.C.: El proyecto se estructura en dos pilares: la definición de mecanismos para la implementación de estrategias de crecimiento limpio con el fin de priorizar de manera articulada las inversiones y la creación o modificación de instrumentos económicos ambientales para generar cambios en el comportamiento de todos los sectores. Quiero subrayar que la intención no es generar recaudo, sino enviar una señal económica para que los sectores y consumidores mejoren sus prácticas de producción y consumo, y así lograr un menor impacto ambiental. Incluimos instrumentos orientados a reducir emisiones de gases efecto invernadero, propiciar estructuras de economía circular, mejorar la calidad del aire e incentivar un consumo eficiente de los recursos naturales.
Semana Sostenible: ¿Cuándo se presentará la propuesta de ley? A.C.: Está planeado hacerlo en octubre. Por supuesto, nuestra idea es discutirla previamente con actores del Congreso, pues queremos que sea una ley de consenso. Aspiramos, además, presentar algunos resultados de las discusiones en diciembre durante la COP 25 en Chile, para así mostrar los avances de Colombia en sus compromisos ambientales.
Semana Sostenible: ¿Cómo creen que el país, entendido como otras entidades, sectores, consumidores y tomadores de decisión reaccione ante esta iniciativa?
A.C.: El proceso ha estado acompañado de conversaciones con la Misión de Crecimiento Verde, académicos, ONG ambientales, agencias de cooperación, varios expertos en el ámbito económico y ambiental, e incluso con los gremios. Todos nos han dado insumos muy valiosos para mejorar la propuesta, así como respuestas positivas. Así mismo, el Congreso no es ajeno a estas discusiones, ya que en varias oportunidades algunas de las propuestas han sido analizadas allí.
Semana Sostenible: De aprobarse la ley, ¿cuándo empezarían a aplicarse estos mecanismos financieros?
A.C.: Esperamos que el proyecto tenga un trámite ágil en el Congreso. De ser así, algunos cambios podrán iniciarse en 2020. Sin embargo, esto dependerá de cada mecanismo. Tenemos la confianza en que esta Ley será aprobada, ya que constituye una respuesta integral con muchos beneficios para el país.
“Generar mejores comportamientos es también nuestra función”: minhacienda