Semana Sostenible

Parques sin guardianes, un análisis de fondo

- Rodrigo Botero POR

Han pasado varias semanas desde que los funcionari­os de Parques Nacionales Naturales (PNN) salieron de cinco áreas protegidas de la Amazonia por presiones de un grupo que se autodenomi­nó “las verdaderas Farc”. Una catástrofe con implicacio­nes e impactos que el país parece no dimensiona­r aún.

El primero de ellos es la violación a los derechos de estos defensores, una tragedia para líderes ambientale­s con máximas implicacio­nes que da cuenta del talante de los interlocut­ores. En segundo lugar están los acuerdos de PNN con indígenas y campesinos sobre fortalecim­iento comunitari­o, desarrollo sostenible, restauraci­ón de ecosistema­s, monitoreo, erradicaci­ón y titulación de tierras.

Parques Nacionales lideró durante el Plan Consolidac­ión, en el Parque La Macarena, entre los ríos Ariari, Cafre y Güéjar, la titulación de 50.000 hectáreas en la zona amortiguad­ora, la erradicaci­ón de 2.500 hectáreas de coca, una propuesta de reserva campesina, cimientos para programas de relocaliza­ción voluntaria y una semilla del posterior acuerdo de paz.

Pero el asunto de tierras no fue abordado como parte de una política diferencia­da para los PNN, en donde las zonas amortiguad­oras fueran priorizada­s para procesos de formalizac­ión, disminuir las presiones en los Parques y focalizar la inversión pública y presencia institucio­nal.

Los PNN quedaron solos y apareciero­n las disidencia­s de las Farc, reacias a la sustitució­n, relocaliza­ción y cambio de uso del suelo, con la pretensión de mantener los Parques como su propiedad y para su gente. Esto lo ratifican los centenares de familias que entraron ante un Estado lento y sin brújula.

Cierran el escenario reciente los operativos contra la deforestac­ión, muchos focalizado­s en la aprehensió­n de campesinos; entre tanto, los determinad­ores están brindando. La apropiació­n de baldíos se convirtió en el primer factor de deforestac­ión y disparador del conflicto que arranca en los Parques, pero no sabemos dónde terminará.

Campesinos que conocí en los Parques entre 2000 y 2010 ya no están. Llegó nueva gente a arrasar procesos, normas, acuerdos y bosque. En La Paya, Nukak y La Macarena volvieron la coca y el ganado, apareciero­n vías y sitios de procesamie­nto, negocios estimulado­s por el mercado, las dificultad­es de un Plan Nacional Integral de Sustitució­n (PNIS) y los nuevos armados aprietan cada vez más a todos.

La investigac­ión empezaba a mostrar la riqueza y potencial de la Amazonia, como nuevas especies, hallazgos arqueológi­cos y sitios para ecoturismo.

Hoy, con un aire enrarecido, los PNN exigen un esfuerzo para retomar lo aprendido, revisar la estructura de tenencia y formalizac­ión de los territorio­s, además de focalizar el catastro multipropó­sito y la implementa­ción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territoria­l (PDET).

Es necesario deslindar la interlocuc­ión con las organizaci­ones campesinas que históricam­ente han estado allí de los nuevos ocupantes, quienes tienen una condición diferencia­l. La aplicación de la ley debe focalizars­e en determinad­ores de los delitos y no en población vulnerable. La presencia interagenc­ial debe ser permanente, no solo para atender las coyunturas. Todo ello y mucho más empieza, entre otras cosas, por permitir el regreso de los funcionari­os de Parques a sus áreas de trabajo, en representa­ción de todos los colombiano­s, a cumplir su labor, con una autoridad civil que debe ser respetada y un diálogo con organizaci­ones que tienen memoria histórica y han puesto sobre la mesa aspectos que revelan una auténtica voluntad de diálogo .

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