Gobierno convoca más proyectos, pero sin éxito
Primer año presentó 315 planes en extraordinarias; solo 3% se aprobaron
La administración de Luis Guillermo Solís Rivera es la que ha convocado la mayor cantidad de proyectos de ley en sesiones extraordinarias durante los primeros tres años de gobierno, pero es la que ha tenido menos éxito en la aprobación desde la presidencia de Rafael Ángel Calderón Fournier.
El Programa Estado de la Nación (PEN) determinó que desde la década de 1990 se sometieron a discusión, en promedio, 187 proyectos anuales en los periodos de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, durante los cuales tienen prioridad los planes enviados a Cuesta de Moras por el Poder Ejecutivo.
Una cifra superada por el actual gobierno, que remitió a discusión un promedio de 267 proyectos de ley en las sesiones extraordinarias de los primeros tres años.
En el primer año, la administración Solís Rivera presentó 315 iniciativas en sesiones extraordinarias, con una tasa de éxito del 3%, la más baja desde 1990.
Al año siguiente, el Ejecutivo experimentó una leve mejoría, convocó 203 y el 8 % fue aprobado.
En tanto, en el 2016 envió 284 propuestas al Congreso, con un éxito del 14%.
Varios factores han incidido en este resultado.
Uno de ellos es el multipartidismo en la Asamblea Legislativa: nueve agrupaciones políticas. Otro, el hecho de que los gobiernos heredan proyectos de la administración anterior.
Antes del 2002, las discusiones eran más ágiles en el Congreso porque los partidos oficialistas tenían una alta representación en el plenario o incluso eran mayoría.
Esto se sustenta en las cifras del PEN. Durante el bipartidismo casi la mitad de las leyes (47% promedio anual) eran aprobadas por el impulso de la Presidencia de la República, pero la participación bajó a 32% con la llegada del multipartidismo.
De acuerdo con Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, la dinámica en el Congreso requiere de un diálogo permanente con cada fracción e incluso con cada diputado. El jerarca sostiene que la situación ha mejorado con el paso de los años, lo que ha permitido la aprobación de leyes como la Reforma Procesal Laboral o el Código Procesal Civil.
En opinión de Gonzalo Ramírez, presidente del Directorio Legislativo, al Gobierno le ha faltado fuerza y capacidad para adaptarse a la fragmentación.
“El Poder Ejecutivo ha tenido el beneficio de que hay una gran cantidad de diputados de oposición que tienen un alto nivel de responsabilidad con Costa Rica y las próximas generaciones, y nos hemos puesto de acuerdo con pesar de que ni la fracción oficialista tiene muchas veces la capacidad de hacerlo”, aseguró.
Hay otra razón: de acuerdo con el PEN, la velocidad para aprobar una ley es de año y medio en promedio, lo cual evidencia la reconocida lentitud de los procesos a lo interno de la Asamblea Legislativa.
Para ejemplificar el tiempo que puede tardar la aprobación de un proyecto, se puede tomar la reforma que desde hace 15 años se intenta realizar a la Ley de Aguas.
Desde el 2002 existe una iniciativa en la corriente legislativa para reformar la legislación de 1942, sin embargo, por diferentes motivos ese texto no prosperó. Ocho años más tarde un grupo de ciudadanos creó el “Proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, que entró en el Plenario en abril de 2010.
Desde ese momento enfrentó un largo camino; su aprobación en primer debate se dio en marzo del 2014, pero una resolución de la Sala Constitucional se lo trajo abajo. El texto volvió a discusión en octubre del 2017 y la iniciativa popular se aprobó en primer debate (nuevamente) el 2 de noviembre de este año, luego de que se le aplicó un texto sustitutivo del diputado Juan Marín, recientemente fallecido.
La historia no termina ahí. Para que el proyecto se convierta en ley de la República, deberá legitimarse en segundo debate. Sin embargo, el texto se encuentra en pausa, ya que varios diputados alegaron incongruencias en el proceso de aprobación y lo enviaron a consulta a la Sala Constitucional, donde actualmente se encuentra en análisis.
La estimación sobre la velocidad del trabajo legislativo se dio luego de que el PEN analizó 2.198 leyes registradas, donde se excluyeron 103 casos con valores extremos.
EF solicitó al PEN los datos de los días que duró cada administración en aprobar leyes y así obtener el tiempo promedio de aprobación de leyes durante las legislaturas con multipartidismo, pero a la hora de cierre no se había obtenido respuesta.
Ramírez, presidente del directorio, añadió que el Poder Legislativo tiene diversas tareas que van más allá de aprobar leyes.
“Tenemos que hacerle ver a los ciudadanos que la Asamblea Legislativa no es una fábrica de hacer leyes, sino un lugar donde se viene a expresar en su máximo grado la democracia del país y la representatividad de los costarricenses, además de hacer control político”, afirmó.
Steffan Gómez, coordinador del capítulo de Democracia, del Estado de la Nación, explicó que el trámite en las comisiones permanentes podría incidir en la eficiencia legislativa, ya que algunas no están representadas por muchos partidos lo que genera poca calidad en los debates. Cuando se dictamina un proyecto y lo pasan a discusión al plenario, las fracciones que no estaban representadas lo devuelven a revisión y esto atrasa el trámite.
No obstante, el panorama cambia cuando las comisiones son más grandes y tienen más representación, en ese caso Gómez indica que el diálogo es más efectivo y el proceso de aprobación de leyes suele ser más eficiente.
La lentitud en la Asamblea Legislativa también genera que muchas de las leyes que presenta un gobierno sean aprobadas hasta la siguiente administración.
La dinámica es más frecuente desde el 2010, cuando la administración de Laura Chinchilla pudo impulsar iniciativas de ley propias hasta el tercer año, ya que durante las dos primeras legislaturas se discutieron proyectos heredados del gobierno de Óscar Arias Sánchez.■■