ICE, no más de lo mismo
El Financiero entrevistó a la nueva presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, Irene Cañas, sobre el papel que jugará esa empresa pública durante el próximos cuatrienio. Queda claro que su agenda y prioridades están aún en proceso de elaboración, aunque dichosamente se distancia en estilo de su predecesor, y esa mayor apertura nos permite atisbar algunas de sus propuestas.
Esto es importante porque el ICE tiene un fuerte impacto en la provisión de servicios esenciales para los costarricenses en general y para el sector productivo en particular, siendo indispensable, entonces, que las actuaciones de la institución, a todo nivel, estén siempre sujetas a un estricto escrutinio público y de la prensa. La jerarca se apuntaría un punto a su favor con ese renovado compromiso con la transparencia.
Ahora bien, partimos del hecho de que cualquier política pública en el campo de las telecomunicaciones y de la energía –adoptadas, claro está, por el Poder Ejecutivo y no por el ICE– debe tener como objetivo garantizar a los usuarios su más amplio acceso, en términos adecuados de disponibilidad, calidad y costo. En ese propósito, la entidad, como proveedor preeminente en un caso y todavía exclusivo en el otro, es de suma relevancia y el liderazgo y visión que le impregne su cabeza serán determinantes para llevar adelante las transformaciones internas que se requieren. De ahí que sea imperativo que el consumidor –y su satisfacción plena– se conviertan en el centro de atención y la prioridad número uno del instituto y no así el mantenimiento de la planilla y menos la institución per se. Doña Irene tiene claro que aquí tiene un gran reto por delante.
Peligrosa tentación
En ese mismo sentido, el Instituto no es una agencia de colocación de empleo y la incursión en la provisión de nuevos servicios o negocios que se sugiere no puede ser guiada por la necesidad de darle trabajo a funcionarios que ya no se requieren y cuyo costo se traslada irremediablemente a las tarifas que todos pagamos. Esta preocupación es mayor cuando se pretende prestar esos servicios a nivel centroamericano, con el riesgo de convertir esa aventura regional en un fracaso adicional, dada la mayor fragilidad de los controles en esas circunstancias. Mucho menos debe el ICE caer en la tentación de incursionar en la construcción de obra pública, pues hay razones sobradas para dudar de su calidad y eficiencia en esas labores.
La institución sí tiene una responsabilidad insoslayable en varios campos. Debe invertir en la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para que los servicios que el ICE y otros actores proveen lleguen a todo el país. Es imperativo garantizar y facilitar el acceso universal a Internet de banda ancha y sería obtuso impedir o dificultar el uso pagado de esa infraestructura a otros operadores. También debe profundizar los cambios internos para participar más apropiadamente en el mercado de las telecomunicaciones, un mercado abierto y competitivo que ha redundado en beneficios para los consumidores. Es en este contexto que la innovación y los nuevos servicios anunciados por la presidenta cobrarían sentido.
Costos excesivos
En el sector de la energía, los retos no son menores. El argumento de que el país ha adoptado una matriz verde no debe servir de excusa para encubrir los costos excesivos que produce la ineficiencia, la impericia y hasta la corrupción en muchos de los proyectos y programas. Tampoco la desaceleración económica que ha sufrido el país en los últimos años –y la consecuente reducción de la demanda– debe servir de consuelo para no avanzar hacia un modelo de generación eléctrica en competencia, con una mayor participación del sector privado. La perenne reticencia al cambio no debe continuar.
La meta de asumir un papel protagónico en la “descarbonización” de la economía –que aplaudimos– implica un gran desafío para el ICE. No solo deberá aceptarse la posibilidad irrestricta de la generación distribuida y del autoconsumo en energía solar, ojalá acompañada de redes inteligentes, sino también la urgencia de reducir los costos de la energía hidroeléctrica de manera que sirva de incentivo efectivo para la transición, así como la identificación de fuentes de financiamiento para crear un sistema eficiente de transporte colectivo y un programa atractivo para la sustitución masiva de vehículos automotores. El uso del gas natural puede llegar a tener un papel relevante, lo cual no debe descartarse por más aversión que se tenga a esta discusión en algunos círculos políticos y sindicales.
Guardamos la esperanza de que las nuevas autoridades vengan con cambios genuinos y profundos de actitud y de visión para que el ICE logre salir avante y cumplirle a los costarricenses. El país no puede darse el lujo de cuatro años más de lo mismo.
“La nueva jerarca del Instituto Costarricense de Electricidad se apuntaría un punto a su favor con su renovado compromiso con la transparencia, valor tan echado de menos en esa institución”. “Guardamos la esperanza de que las nuevas autoridades vengan con cambios genuinos y profundos de actitud y de visión. El país no puede darse el lujo de cuatro años más de lo mismo.”.