¿Qué pasará si se da marcha atrás a la reforma fiscal?
Proceso para iniciar un nuevo plan es largo y desgastante
la más grave amenaza con devolver el proceso a cero.
Los sindicatos exigen retirar el proyecto fiscal, esta opción es inviable. La reforma arribó al Plenario y ahí experimentaría sus últimos cambios con las votaciones de las mociones de reiteración, y se votará.
Cambios que erosionen el rendimiento de la reforma, una votación adversa o un traspié en la Sala IV le propinarían el golpe de tener que iniciar el viacrucis de nuevo.
Precisamente, este proyecto es una evidencia de lo costoso y desgastante que significa empezar desde cero un nuevo plan.
Este expediente es herencia del propuesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís al final de su periodo. Ese plan a su vez viene de un primer paquete de ocho proyectos presentados en 2015. Además, de mayo a setiembre del 2018 llegaron a la Asamblea Legislativa cuatro textos sustitutivos más. Este plan fiscal ya suma un camino largo.
También ganó varias batallas: la aprobación para realizar el trámite por vía rápida; la aprobación de uno de los textos sustitutivos del gobierno de Alvarado para sustituir lo propuesto en la administración Solís y la salida de comisión para entrar al Plenario.
Tras superar casi un año de trámite legislativo, el Gobierno espera que culmine antes del fin del 2018.
Sin reforma
Si la reforma no se aprueba o se aprueba con cambios que signifiquen menos dinero, Hacienda deberá conseguir nuevos ingresos para enfrentar el faltante en sus finanzas que va a seguir creciendo.
En cuatro años –sin reforma fiscal– el financiamiento del presupuesto pasaría de depender en un 53% de la deuda a un 70%. Es decir, solo el 30% de los gastos del Gobierno Central se pagarían con recaudación tributaria.
Lo más preocupante de este panorama es que gran parte de esa deuda se deberá usar para pagar otras deudas. Es decir, que el círculo vicioso de pedir prestado para pagar lo que se debe seguirá creciendo.
Para el 2019, el pago de la deuda representa el 41,6% del total del presupuesto. Un 15,3% se va en el pago de intereses y un 26,3% en amortización.
Si crece más la deuda como porción del PIB afectaría directamente el mercado financiero nacional. Los precios de los bonos costarricenses en el exterior se irían a la baja en su valor relativo. También caería la calificación del país y los intereses de los préstamos subirían.
Las calificadoras de riesgo han advertido una y otra vez de este panorama. La última fue Moody’s que señaló que sin plan fiscal, la calificación del país podría seguir bajando.
A esto se suma que el Gobierno se vería obligado a pedir –nuevamente– fondos a corto plazo con intereses más altos para cumplir con sus obligaciones más básicas como pagar salarios. Esto ya sucedió al cierre del gobierno pasado y la consecuencia fue el “hueco” de ¢900.000 millones con los que se topó esta administración.
El panorama con reforma tampoco es el mejor, pero permite más margen de maniobra. La suma de los ajustes de gasto planteados por la Ministra de Hacienda y la aprobación del plan fiscal permitirían que el presupuesto del 2022 se financie en un 62% con de deuda, según estimaciones de Hacienda.
La otra opción a la que podría recurrir el Gobierno –y posiblemente ejecutar de manera paralela a más deuda– son más recortes. La misma Rocío Aguilar ha sido enfática en el tema. Si la reforma fiscal no pasa o pasa a medias, al Gobierno no le quedará más opción que tocar salarios y programas sociales.
Cualquiera de las opciones, si no hay recursos frescos que entren al flujo de caja, a mediano y largo plazo Costa Rica se deberá enfrentar recortes, más deuda y menos inversión estatal.■■