La Corte: de árbitro a un gremio más
En nuestro editorial anterior, titulado Un árbitro muy necesario, indicamos que la Corte Suprema de Justicia es un árbitro muy necesario en el proceso de aprobación de la reforma fiscal. Agregamos que la deslegitimación de este Poder puede tener consecuencias funestas para la institucionalidad democrática del país.
Sin embargo, en días recientes la Corte decidió abandonar su papel de árbitro institucional y descendió al terreno del juego de los grupos de presión que pretenden una tajada más o menos grande de la Hacienda Pública. La reacción de la Corte ante el plan fiscal se puede resumir así: “No tengo objeciones, si no tocan mis salarios”. Egoísmo y miopía juntos. La Corte perdió su norte y, en vez de velar por los intereses nacionales, veló por sus intereses gremiales.
Cuando escuchábamos el debate de los magistrados nos preguntábamos: ¿estamos escuchando a los más altos jueces de la República o a los miembros de un sindicato? Es normal que un gremio defienda sus intereses, pero resulta repudiable el uso de la investidura de un poder de la Re pública para entrar en la rebatiña como uno de los tantos grupos de presión.
En la actitud de los magistrados hay una fuerte dosis de miopía. La mayoría de ellos se detuvo a examinar los límites establecidos por la reforma fiscal a los privilegios de su sistema salarial; pero no hicieron el análisis de cuáles son las consecuencias sobre el salario real de los funcionarios judiciales en caso de una crisis económica inducida por la ausencia de una reforma fiscal. Si hubiesen partido de una visión de defensa de los privilegios de su gremio, habrían tomado una decisión inteligente. Lamentablemente, este Poder salió de este proceso con su credibilidad aún más erosionada, con lo cual le causó un daño irreparable a la institucionalidad del país. ¿Cómo depositar confianza en unos magistrados que velan por los intereses de su gremio, en vez de los del país?
En particular, el señor Fernando Cruz no ha estado a la altura de las circunstancias porque, en vez de actuar como el presidente del Poder Judicial, decidió actuar como jefe del sindicato. No ha logrado entender que si el Estado en su conjunto no es viable económicamente, tampoco lo será su feudo judicial.
Las consecuencias de esta decisión están apenas por verse. Dependerán del pronunciamiento de la Sala Constitucional y de la capacidad de la Asamblea Legislativa para salirse de este embrollo.
La consecuencia más inmediata serán las dificultades de la Tesorería Nacional para financiar el déficit por el resto del año. En el segundo semestre del 2018 las necesidades de financiamiento en el mercado interno son de ¢2 billones (dos millones de millones). El Gobierno deberá cancelar a finales de diciembre la suma de ¢498.000 millones de Letras del Tesoro al Banco Central. La decisión de la Corte encarece los fondos que pretende obtener el Ministerio de Hacienda mediante los Contratos de Colocación.
La Corte pone cuesta arriba la aprobación de la reforma fiscal en un contexto económico local e internacional muy difícil. Nos preocupa el comportamiento del mercado cambiario. En las últimas semanas, ha existido una tendencia alcista del tipo de cambio, a pesar de que el Banco Central ha vendido divisas para evitar una mayor devaluación. En este semestre las reservas monetarias internacionales se han reducido en casi $1.000 millones. Esta tendencia se ha acentuado en las últimas semanas como resultado del riesgo de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El otro fenómeno preocupante es el contexto económico internacional. La FED ha continuado su proceso de aumento de las tasas de interés y de retiro de los estímulos monetarios. Esto hará que el financiamiento externo de Costa Rica sea menor y más caro. Adicionalmente, la semana pasada el FMI recortó el pronóstico del crecimiento de la economía mundial y advirtió que los riesgos son a la baja.
Es difícil no estar pesimista cuando la institucionalidad del Poder Judicial resulta secuestrada por los intereses gremiales, y cuando el contexto económico local e internacional son muy complejos.
Sin embargo, no queremos terminar este editorial con una nota pesimista. El presidente Carlos Alvarado ha reaccionado en forma correcta: con mesura, inteligencia y valentía para lograr el avance de la reforma fiscal. También hemos observado igual conducta en la mayoría de los legisladores.
Dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, actuando a la altura de las circunstancias. ¿Será mucho pedir que se les sume el tercero?