Falta de liquidez tiene en jaque a Hacienda
Debe pagar letras del tesoro antes de que concluya el año
El plan de pagos que propuso el Ministerio de Hacienda para cancelar los ¢498.000 millones que le prestó el Banco Central de Costa Rica (BCCR) incluye seis fuentes de recursos, entre ellas canjes de deuda, subastas, contratos de colocación y hasta mayores inversiones por parte operadoras de pensiones complementarias.
Existe un compromiso de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, de cumplir con el pago de las letras del tesoro antes del 31 de diciembre, justamente en el mes cuando el Gobierno necesita más recursos para depositar aguinaldos y otras transferencias de fin de año.
En medio de la compleja coyuntura fiscal que atraviesa el país y que genera presiones para obtener recursos, surge esta pregunta: ¿podrá Hacienda cumplir con el pago de las letras?
Plan de pago en detalle
EF revisó el acta de la sesión 58462018 de la Junta Directiva del BCCR. En este documento se detallaron los términos y condiciones bajo los cuales se emitieron las letras del tesoro y la estrategia que utilizará la Tesorería Nacional para saldar esa deuda.
El plan de pagos propuesto por Hacienda incluye seis puntos:
Contratos de colocación de entre $600 millones y $800 millones, previstos para la tercera semana de noviembre. Hacienda adjudicó $600 millones el 19 de noviembre. Este monto fue negociado con dos empresas por $200 millones ($100 millones cada una) y también una de las firmas se dejó $400 millones para colocarlos al mejor esfuerzo.
En la modalidad al mejor esfuerzo, el intermediario se compromete únicamente a vender los valores que pueda colocar en el mercado, pero sin comprometerse a alcanzar el máximo establecido.
“Es muy difícil que una empresa llegue a hacer una oferta de mejor esfuerzo por simplemente hacerla, normalmente tiene una muy buena probabilidad de que se concrete”, explicó Aguilar.
Hacienda solicitó una autorización a la Contraloría General de la República (CGR) para aumentar el monto de los contratos hasta en un 50% con cada una de las empresas. Sin embargo, la respuesta está pendiente.
Recuperación de la inversión en Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) por $200 millones, antes del 31 de diciembre.
La deuda de Bancrédito con el Gobierno es de ¢133.000 millones, pasivo que ahora pertenece al Banco de Costa Rica (BCR), luego de que absorbiera a la entidad cartaginesa.
La fusión entre ambos bancos se concretará formalmente el 30 de noviembre. En esa misma fecha se definirá el monto real que debe cancelar el BCR a Hacienda y también se fijarán otros términos como el plazo y tasa.
El BCR presentará una propuesta a Hacienda y luego debe recibir el visto bueno, explicó Rossy Durán, gerenta Corporativa de Finanzas del BCR.
Esta obligación será saldada mediante certificados de depósito a plazo. Sin embargo, una parte de la deuda –aún se desconoce el monto– será condonada por el Gobierno para evitar una afectación al BCR.
El plan consiste en que el Gobierno perdone parte del pendiente, recupere una porción y el BCR mantenga sus indicadores intactos, explicó Marco Hernández, interventor de Bancrédito.
Recursos provenientes de la amnistía fiscal, sujeta a la fecha de aprobación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580. La reforma fiscal aprobada en primer debate por los diputados incluye un transitorio que pretende abrir un periodo de beneficios para los contribuyentes que están morosos.
El texto plantea el perdón de deudas generadas por intereses o multas del impuesto sobre la renta a personas y empresas que están en informalidad o que dejaron de pagar los impuestos por un largo periodo de tiempo. Lo anterior con el fin de reinsertarlos en el régimen tributario. Hacienda estima que si se aprueba el plan de ajuste fiscal, la amnistía podría generar entre ¢150.000 millones y ¢200.000 millones. Una parte de este dinero se destinaría al pago de las letras del tesoro.
Eso sí, los recursos no ingresarán a las arcas del Estado hasta que se apruebe la reforma fiscal.
“Eso requiere de la aprobación de la reforma fiscal, la publicación de la ley y el lapso estimado de ingresos de hasta tres meses. Si usted suma todas las fuentes de ingresos que pusimos, generan más de lo que necesitamos para pagar las letras del tesoro que son $800 millones”, apuntó Aguilar.
Si se aprueba el plan fiscal, la amnistía empezaría a regir al día siguiente, por un periodo de tres meses.
Ingresos provenientes de las colocaciones de subastas y ventanilla.
Entre octubre y noviembre, Hacienda captó $894,3 millones en subastas en colones (principalmente) y en dólares, un 30% más respecto a los mismos meses del año pasado. Además, en octubre, obtuvo ¢194.630 millones a través de Tesoro Directo.
Estos recursos también se destinarán para atender obligaciones de los vencimientos de la deuda pública y otros pagos del cierre de año.
En el último trimestre, el Gobierno debía cancelar $2.600 millones, según datos de Hacienda, a setiembre. Esta cifra se redujo gracias al “megacanje” realizado en octubre.
Reestructuración del 50% de inversiones de las entidades estatales por $700 millones.
El 26 de octubre, Hacienda anunció el canje de ¢318.593 millones (de ¢2 billones ofertados) en instrumentos de deuda interna con vencimientos entre 2018 y 2020.
La Tesorería Nacional anunció que en las siguientes semanas el monto de los intercambios de títulos de deuda aumentaría hasta alcanzar los ¢400.000 millones, mediante negociaciones directas con instituciones públicas.
El intercambio de títulos de deuda permitió reducir los vencimientos de los próximos dos años.
Cambios a la normativa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) relacionados con el límite de las operadoras y la ponderación de inversiones en dólares del 75% al 50% de los títulos del Ministerio de Hacienda.
Antes de que Conassif aprobara la modificación al tope de inversión de las operadoras de pensiones complementarias (OPC) en bonos estatales, Hacienda ya contemplaba este cambio como parte de las fuentes de financiamiento para atender la deuda de las letras.
Hasta ahora, las normas dictaban que un máximo del 50% de los recursos administrados podían ser invertidos en bonos del Gobierno Central y un 35% en el sector público.
El tope fue unificado y definido en 80%, en el Reglamento de Gestión de Activos, que se trabajada desde hace tres años, de forma que más dinero de los fondos de pensiones pueda llegar a las arcas del Gobierno Central.
“Eso no va a ocurrir como nosotros habíamos creído. No es que está cerrado, pero se comparte con todos, entonces competimos con el Banco Central, con el ICE...”, explicó Aguilar.
Aunque el déficit fiscal y los problemas de liquidez asfixian la disponibilidad de recursos para que Hacienda pague las letras del tesoro, el Gobierno es optimista y apuesta por un plan con múltiples fuentes de financiamiento para saldar esta deuda en el tiempo pactado con el Banco Central.