Surge pugna entre ICT y Monte del Barco
Entidad pública canceló la concesión en el Polo Turístico de Papagayo
La cancelación de las concesiones del proyecto Monte del Barco en el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) provocó un enfrentamiento entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Grupo Aldesa, propietaria de las empresas que perdieron sus derechos en la zona.
Se trata de Monte del Barco S.A. y Goda S.A., empresas que el 9 de julio solicitaron por la vía administrativa la reposición de sus concesiones, alegando que el ICT les quitó su derecho a la defensa y procedió en forma ilegal.
EF tiene copia de una carta enviada el 18 de julio por el presidente de inversiones Monte del Barco y Goda, y de Grupo Aldesa, Javier Chaves, a la ministra de Turismo, María Amalia Revelo.
En ese documento se enumeran una serie de supuestas irregularidades con las que se justifica la cancelación de las concesiones.
Este medio también obtuvo copia del recurso de reposición, interpuesto por Rebeca Chacón Montero, del bufete Zürcher, Odio & Raven, como representante de Monte del Barco y Goda.
Aldesa confirmó la autenticidad de los documentos, aunque sus voceros se limitaron a dar esta declaración general:
“No hemos recibido respuesta de la Ministra (Revelo), el siguiente paso es que la Junta Directiva resuelva el recurso de revocatoria y, si es contrario (si no lo revoca) acudir a la vía Contencioso Administrativa contra el Gobierno y los miembros de la junta directiva del ICT en lo personal”, afirmaron vía correo electrónico.
Las consultas sobre este tema fueron enviadas tanto a Aldesa como al ICT el pasado 30 de julio. Luis Jara, encargado de prensa del ICT, afirmó que la autoridad en turismo requerirá más tiempo para responder.
Grupo Aldesa ha enfrentado dificultades desde marzo anterior, cuando Aldesa Corporación de Inversiones, el ala de inversiones privadas del grupo, pidió al Juzgado Concursal un régimen de administración y reorganización por intervención judicial, para atender problemas de liquidez. Esta sociedad es distinta a Aldesa Sociedad Fondos de Inversión, administradora del proyecto Monte del Barco.
Resolución rápida
El caso comenzó el 11 de marzo, cuando la Junta Directiva del ICT, en su sesión N°6063, resolvió solicitar a Aldesa un informe completo del estado de situación financiera de ambas concesiones.
Las empresas presentaron el documento el 27 de marzo, como consta en la secretaría de actas del ICT. La decisión de cancelar la concesión se tomó en la Junta Directiva del 1 de julio, se comunicó a las empresas el 4 de julio y fue incluida en un hecho relevante de Aldesa SFI el 8 de julio.
En la carta a la ministra Revelo, Chaves reclama que el documento de recibido de este informe fue la última comunicación del ICT, antes de informarles sobre la cancelación de las concesiones.
“(...) la junta directiva de la institución violó el debido proceso y, al hacerlo, aparte de los perjuicios potenciales en contra de mis representadas, generó inseguridad jurídica que no es propia de un estado de derecho, como Costa Rica”, afirmó Chaves en el documento.
En el recurso de reposición, las empresas argumentaron que de haber existido inconformidad con los datos aportados, la Junta Directiva debió informar y otorgar 30 días para subsanar el incumplimiento. Además, señalaron que una cancelación de concesiones requiere de un informe previo del Consejo Director de Papagayo.
Esto es relevante porque si las empresas prueban que la Junta Directiva no cumplió con los requisitos que establece el reglamento para quitar una concesión, la decisión tomada podría ser nula, aunque permanecerían sus efectos sobre las inversiones en la zona.
Solicitud cambiada
Además del aparente error de procedimiento, la queja principal de los inversionistas representados por Chaves está en que uno de los argumentos utilizados en su contra es el incumplimiento en la presentación de una certificación de solvencia económica. Es decir: a las empresas se les habría pedido un tipo de documento (informe) y la sanción argumentaría el incumplimiento sobre otros datos (certificación).
“No puede alegar la Junta Directiva del ICT que la solicitud de un informe que detallara la situación económica de las concesionarias en vista de una noticia que circulaba en la prensa nacional, se pueda traducir como requerimiento formal a las concesionarias de presentar los estados financieros, cartas de negociación con los inversionistas y estados de balance, pero lo que es inaudito, es que lo haga hasta en la resolución final y no en la intimación del proceso administrativo ni en la comparecencia oral por parte del órgano director del procedimiento (...)”, afirmó la representante legal de las empresas en el recurso de reposición.
“La responsabilidad que están asumiendo la Institución (ICT) y los miembros de la junta directiva por el perjuicio que decisiones arbitrarias de la administración le estarían causando a mis representadas”.
Javier Chaves
Presidente, Grupo Aldesa