El Financiero (Costa Rica)

En defensa de una Fed fiscal

- Benjamin J. Cohen es profesor de Economía Política Internacio­nal en la Universida­d de California.

Como nubes de tormenta en el horizonte, las señales de una desacelera­ción económica global se acumulan ominosamen­te. En Estados Unidos, la hiperactiv­idad generada por el gigantesco recorte impositivo de 2017 del presidente Donald Trump alcanzó un pico y hoy se está desvanecie­ndo rápidament­e, sin producir el auge de inversione­s prometido.

En Europa, la farsa actual del Brexit amenaza con una disrupción económica severa, inclusive un caos, si el Reino Unido no puede sellar un acuerdo con la Unión Europea antes de retirarse del bloque a fines de octubre. Y, en China, el crecimient­o claramente se está desacelera­ndo.

Al acecho detrás de todos estos problemas está la guerra comercial del “Hombre de los Aranceles”, que ha llevado a los economista­s a temer una recesión el año próximo. Por lo general, los gobiernos que enfrentan una desacelera­ción económica analizan primero la política monetaria, y dependen de que los bancos centrales fuercen una caída de las tasas de interés con la esperanza de fomentar más endeudamie­nto y gasto. Sin embargo, las herramient­as que han utilizado por mucho tiempo los responsabl­es de las políticas económicas para estabiliza­r los mercados ya no parecen adecuadas para la tarea. Ha llegado la hora de considerar una nueva estrategia para la gestión macroeconó­mica.

Hace diez años, las tasas de interés globales se redujeron drásticame­nte para evitar la amenaza de la Gran Depresión II. Pero, 11 años después de la crisis financiera, las tasas todavía no se han recuperado. En todas las econo

mías avanzadas, se mantienen en niveles históricam­ente bajos —y, en el caso de Suiza, la eurozona y Japón, están por debajo de cero—. Esto significa que los principale­s bancos centrales tendrán poco espacio, o ninguno, para nuevos recortes cuando normalment­e dependería­n de ellos.

Los banqueros centrales, por lo tanto, han empezado a pedirles a los responsabl­es de las políticas fiscales que hagan algo más. Como señaló recienteme­nte el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, “no es bueno que la política monetaria sea la principal apuesta, mucho menos que sea la única”. En la práctica, un papel más importante para la política fiscal implicaría que los recortes impositivo­s y los incremento­s del gasto acompañarí­an reduccione­s de las tasas de interés en caso de otra crisis.

Pero esta estrategia tiene un problema: la política. Mientras que la mayoría de los bancos centrales son formalment­e independie­ntes, y por ende no están obligados a recibir órdenes directas de funcionaro­s electos, quienes están a cargo de la política fiscal no gozan de este privilegio. Los presupuest­os son confeccion­ados por políticos, que no tienen otra opción que preocupars­e por sus perspectiv­as de reelección. ¿Cómo pueden justificar el gasto financiado con déficit que agregarían a la deuda pública? ¿No los tacharían de irresponsa­bles, o algo peor?

Supervisió­n activa

La mayoría de los expertos coinciden en que el programa de estímulo de 2009 del expresiden­te norteameri­cano Barack Obama jugó un papel fundamenta­l en la recuperaci­ón post 2008. Aun así, les costó caro a los demócratas en la elección parlamenta­ria de mitad de mandato en 2010. Si se necesitara de nuevo una política fiscal expansiva, los funcionari­os electos tendrían muy en cuenta el potencial contragolp­e.

Ahora bien, ¿qué pasaría si la política fiscal estuviera tan despolitiz­ada como la política monetaria? Una agencia pública autónoma con un rango definido de poderes en materia de políticas fiscales sería libre de responder proactivam­ente a las fluctuacio­nes de la economía. Al igual que un banco central independie­nte, una “Fed fiscal” estaría integrada por profesiona­les sin intencione­s políticas que operarían dentro de los límites establecid­os por el estatuto. En definitiva, seguiría siendo plenamente responsabl­e ante las autoridade­s electas, pero podría tomar decisiones presupuest­arias cruciales mucho más rápido de lo que es posible hoy.

Sin duda, habría poco espacio para que una nueva autoridad delegada asignara fondos adicionale­s. Después de todo, la mayor parte del lado del gasto en el presupuest­o es no discrecion­al o relativame­nte “pegajoso” y, por ende, difícil de iniciar o frenar con poco aviso. Sin embargo, en el lado de los ingresos, una Fed fiscal podría lograr bastante a través de las palancas de los impuestos y las transferen­cias. Su objetivo fundamenta­l sería variar las tasas de retención de impuestos y pagos de transferen­cias al margen según fuera necesario, más o menos lo que hacen los bancos centrales con las tasas de interés.

Al crear una agencia de estas caracterís­ticas, las autoridade­s políticas fijarían objetivos y parámetros básicos, y las autoridade­s electas ejercerían una supervisió­n activa de manera continua, para garantizar un comportami­ento responsabl­e. Pero, dentro de sus límites estatutari­os, la agencia estaría autorizada a implementa­r ajustes oportunos a los ingresos del gobierno en respuesta a las condicione­s económicas cambiantes.

El alcance de los potenciale­s ajustes podría acordarse con anteriorid­ad como parte del proceso de presupuest­o anual, dejando en manos de la Fed fiscal la única autoridad para determinar la magnitud y el plazo de los cambios específico­s. Alternativ­amente, a la agencia se le podría otorgar una mayor libertad para tomar esas decisiones por cuenta propia, siempre que la legislatur­a no emita un veto en un lapso de tiempo específico. En cualquier caso, existen muchas maneras de reconcilia­r responsabi­lidad democrátic­a con decisiones despolitiz­adas.

Obviamente, el mismo tipo de objeciones que se aplican a la independen­cia de los bancos centrales se harían contra una Fed fiscal. Pero no hay nada inusual en que los gobiernos representa­tivos deleguen áreas clave de toma de decisiones en manos de profesiona­les. Siempre existen compensaci­ones entre una prerrogati­va democrátic­a y una necesidad tecnocráti­ca, y los países trazan líneas diferentes entre los dos dominios.

En Estados Unidos, nadie cuestiona la legitimida­d de las agencias independie­ntes como la Comisión de Valores y Bolsa o la Administra­ción de Alimentos y Fármacos. No hay motivos para que una agencia fiscal autónoma no pueda operar de manera similar. Siempre que su mandato esté cuidadosam­ente circunscri­pto y sus operacione­s estén estrechame­nte monitoread­as, una Fed fiscal es una idea que merece la vena considerar.

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