No a una nueva Sharia versión Costa Rica
La civilización occidental separó la órbita religiosa de la política, acabó con las guerras religiosas y protegió la libertad de conciencia de la oscuridad de la Inquisición.
Los liberales costarricenses del siglo XXI redujeron el poder de la Iglesia Católica y desarrollaron un estado en torno a la idea de ciudadanía, a pesar que mantuvimos su confesionalidad.
En el presente la diferenciación religiosa nos brinda un panorama variado de creencias que hace más necesaria la reafirmación de la ciudadanía como igualdad de derechos básicos, garantizados por la Constitución Política de Costa Rica y los tratados de derechos humanos.
Ha hecho bien la Alianza Evangélica Costarricense en pedir a los pastores que se aparten de la política electoral.
Hace bien la doctrina católica en afirmar la laicidad aunque se oponga al laicismo.
Las creencias religiosas tienen un lugar en la deliberación pública, la libertad de expresión y de culto las amparan.
Lo que no es de recibo es borrar la separación entre la ley civil y la ley religiosa.
Agua bendita
Mal hacen los políticos oportunistas buscando baños de agua bendita o imposiciones de manos en procura de legitimarse, abriendo así las puertas a una nueva y peligrosa fusión de lo religioso con lo político.
La Sharia islámica, insertada en una concepción teocrática, establece una sola ley y los no creyentes están obligados a seguirla, bajo amenaza de sanciones estatales.
Curas y pastores deben dedicarse a su ministerio y resistir las tentaciones electorales.
La conversación pública no debe excluir la discusión sobre valores, pero una vez concluida, la obligación de acatamiento a la ley se impone.
Pastores y curas regresen a sus templos y en lo privado observen libremente sus valores, respetando los mínimos de la convivencia pluralista, incorporados democráticamente en el derecho.