El costo de la desconfianza
Tal y como reportamos en esta edición del EF, el índice empresarial de confianza y el índice de confianza de los consumidores han caído de manera significativa. Adicional a esto, según la encuesta anual de Latinobarómetro, a finales del año pasado un 53% de los costarricenses aprobábamos la gestión del Gobierno, pero curiosamente solo el 33% de los ciudadanos confiaba en la Administración; 27%, en la Asamblea Legislativa; 49%, en nuestro Poder Judicial.
Más grave aún, sólo 21% pensábamos que se gobernaba para el bien común; 19%, que la distribución de la riqueza era justa, y 11% manifestó que se puede confiar en los conciudadanos.
Vivimos en una sociedad de profunda desconfianza. En un ambiente así, las relaciones entre personas, organizaciones y sectores se tornan más tensas y distantes. La consecuencia es que se aumentan todos los costos de transacción en la sociedad. Hacer negocios resulta más caro, lo mismo que lograr contratos, convergencias y consensos políticos.
Al haber menos transacciones económicas y políticas, se ven golpeadas la inversión, innovación y la gobernanza, y, en consecuencia, sufren el empleo, la competitividad, el progreso social y la sostenibilidad. Ésa es nuestra situación hoy.
Pero, ¿por qué se ha perdido confianza en el Gobierno? ¿Por qué se han deteriorado las relaciones entre los sectores del país? ¿Por qué tal nivel de desconfianza entre los ciudadanos? La respuesta es múltiple.
En primer lugar, se han disminuido las expectativas positivas que había con respecto a la capacidad y compromiso del Poder Ejecutivo. Después de su valiente posición ante la huelga del 2018 y la aprobación del Plan Fiscal, todos tuvimos la expectativa de que se seguiría adelante y se revisaría el empleo público, moderaría el gasto y trabajaría para resolver los problemas profundos de la competitividad: excesos burocráticos y tramitomanía, costo de la energía, reforma educativa y el costo del capital.
Curiosamente, en todos estos campos ha habido buenas noticias. La ministra de Hacienda presentó un presupuesto muy moderado y se han aprobado reformas importantes en los esquemas de compensación para las nuevas contrataciones en algunas instituciones del Estado.
La Asamblea Legislativa ha sido bastante productiva y ha aprobado proyectos importantes; entre ellos, el de educación dual. A nivel del Ejecutivo se trabaja para agilizar instituciones como Setena y se actualizó la estrategia del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Pero como suele ocurrir con este tipo de avances, el impacto se solo se verá más adelante, en tanto que el alto desempleo y los altos costos son una realidad hoy. Asimismo, en materia energética no hay avances claros y la situación fiscal y el empleo público — pese a algunos progresos— distan mucho de estar resueltos. Claramente, le ha faltado una estrategia de comunicación al Gobierno.
En segundo lugar, con un desempleo alto y una desaceleración económica, se cierran empresas, sobre todo MiPyMEs, y la población empieza a apretarse el cinturón para tratar de mantener la calidad de vida con menos ingresos y recursos. Esta situación es aprovechada por sindicatos y otros grupos afectados por los cambios tecnológicos, por ejemplo los taxistas, para reclamar y “nacionalizar” crisis que son exclusivamente sectoriales pero que contribuyen a minar la confianza de muchos otros sectores y comunidades. Todas las huelgas y conatos de huelga crean una sensación de crisis y minan más la confianza.
Tercero, hay una sensación de impunidad en el ambiente. Resulta curioso porque casos sonados han sido resueltos recientemente y la fiscal general ha dado muestras de carácter y consistencia; no obstante, la verdad es que las ruedas de la justicia giran demasiado lento en nuestro país creando una sensación de impunidad y pérdida de prestigio del Poder Judicial. Pensiones de lujo, retiros tempranos, excepciones a la regla fiscal y otras decisiones minan la confianza en esta institución. Además, la permisividad que se percibe, no necesariamente en el Poder Ejecutivo, pero sí en instituciones como Conare, CCSS, ICE, Recope, Japdeva, CNP y similares hacen que un Gobierno que a lo interno está trabajando relativamente bien, luzca mal a lo externo. Tuvo que intervenir la contralora de la República para frenar el vergonzoso “acuerdo” que firmaron el presidente ejecutivo de la Caja y dos ministros con los sindicatos.
La confianza se destruye con una o dos malas decisiones y se requiere de grandes y visibles esfuerzos para recuperarla. El Gobierno permitió que se esfumara parte del valioso capital político que amasó a finales del año pasador y ahora todos pagamos el costo. Es indispensable recobrar la credibilidad. Oportunidades sobran: empleo público, FEES, Japdeva, Recope y muchas más. La excelencia en la comunicación ayudaría también.
Y lo que más ayudaría sería un cambio de actitud en la mayoría de las instituciones públicas y privadas, poniendo al país por delante de intereses sectoriales, sindicales y políticos.
Recuperarían así la confianza que han perdido por la inconsistencia entre discursos y acciones.
“La confianza se destruye con una o dos malas decisiones y se requiere de grandes y visibles esfuerzos para recuperarla”.