¿Nuevo impulso al Estado empresario?
Municipalidades pueden asociarse con privados en negocios.
Costa Rica insiste en que el Estado sea empresario. Al menos esta fue la visión de la Asamblea Legislativa al aprobar una reforma que permite a las municipalidades crear sociedades anónimas para que actúen como una empresa pública y en asocio con el sector privado.
El pasado 18 de julio, el Poder Legislativo votó en segundo debate la Reforma Integral de la Ley N.° 8.828, Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, del 29 de abril de 2010 (9720).
Mediante esta legislación, las municipalidades tendrán luz verde para crear un híbrido que será conocido como Sociedad Pública de Economía Mixta (SPEM).
“El tema son los nuevos esquemas que podrían ser alternativas para atender los bienes públicos de manera más eficiente”, manifestó Carlos Andrés Rodríguez, director de Incidencia Política, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
La SPEM tendría un esquema de gobernanza propio y podría incursionar en cualquier actividad empresarial como energía, gestión de residuos, transporte o plantas de asfalto, según Rodríguez. La única limitación se da con los servicios públicos de acueductos y alcantarillados, pues es un servicio social sin fines de lucro.
A pesar de que esta reforma podría dar más agilidad a los gobiernos locales, el fantasma del Estado trae a la memoria malos recuerdos. El texto recién aprobado tiene diversas similitudes con la Ley N.° 5.122, de 1972, con la que se creó la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa), según Eliécer Feinzaig, economista y empresario.
De acuerdo con Feinzaig, generar 82 codesas es lo que permitiría la reforma.
El abecé
Para que un gobierno local pueda incursionar en el mundo empresarial, será necesario que dos tercios del total de los miembros del concejo municipal aprueben la creación de una SPEM.
Esta sociedad anónima –en la que podrán participar una o más municipalidades– será capaz de ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo comunal y regional. Además, tendrá que gestionar los servicios públicos de los gobiernos locales, según consta en la ley.
El 51% de las acciones estará en manos de las municipalidades y el porcentaje restante será de los privados. Para la elección de un actor privado, la SPEM deberá seguir el procedimiento de la Ley de Contratación Administrativa (7.494). En contraste, para adquirir bienes y servicios la sociedad está exenta de dicha legislación.
La empresa contratará el personal necesario para operar, es decir, los colaboradores de la SPEM no serán trabajadores municipales, explicó el director de Incidencia Política de la UNGL.
Sobre ese punto, la reforma es clara en que funcionarios de alto rango –como alcaldes, vicealcaldes, intendentes–, funcionarios directos de la municipalidad y familiares por afinidad o consanguinidad no podrán trabajar en dichas sociedades.
El alcance de las SPEM es amplio y va desde contratar estudios técnicos, realizar de preinversión de un proyecto e incursionar en el campo tecnológico hasta emitir bonos apegados a las regulaciones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Ahora bien, ¿estaría dispuesto el sector privado a ser socio minoritario de una empresa en la que el accionista mayoritario es una municipalidad, un tipo de institución que generalmente cuenta con altos niveles de subejecución?
“Sí, lamentablemente en condiciones muy perversas. Si una empresa tiene una idea para desarrollar un negocio y no tiene capital, la municipalidad pone el capital y desarrollan el negocio sin garantía de que vaya a ser rentable”, manifestó Feinzaig.
Excluir a la competencia podría ser uno de los frutos de las alianzas público-privadas, según Feinzaig, ya que si una SPEM se dedica a la recolección de basura y el privado no enfrenta un vencimiento de contrato, impediría a otro actor ofrecer un servicio más barato.
“Ese es el gran reto. Se trata de un negocio bien estructurado con un buen modelo de negocios”, defendió el director de Incidencia Política de la UNGL.
Los gobiernos locales tienen una gran expectativa sobre la reforma y obtendrían grandes beneficios al poder hacer contrataciones más efectivas, opinó Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
Contar con una ley que le permita a la Municipalidad de Tilarán emprender proyectos de energía eólica es la expectativa de Juan Pablo Barquero, alcalde del gobierno local; las sociedades ayudarían a dinamizar las economías de las comunidades, explicó el jerarca durante la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Cambio Climático (Precop 25).
¿Resurrección de Codesa?
La recién aprobada reforma tiene una serie de similitudes con la Ley N.° 5.122 con la que se creó Codesa, una empresa de capital mixto con personería jurídica que tenía las características de una sociedad anónima y le permitía al Estado actuar como empresario.
Tras décadas en las que el Estado tuvo en sus manos diversas empresas, la institución agonizó, dejó deudas millonarias al país y la Asamblea Legislativa firmó el acta de defunción con un proyecto de ley en la década de los noventa.
Ahora, el fantasma del pasado revive, pues la norma contempla artículos que, según Feinzaig, “son una copia al carbón”.
El economista descubrió grandes similitudes entre el texto recién aprobado y la legislación que data 1972. “Los redactores tomaron la ley de Codesa y la convirtieron en algo municipal”, aseguró.
Considerar que la reforma permite la creación de nuevas Codesas es una visión del siglo pasado, según la presidenta ejecutiva del IFAM, quien afirma que en este caso se habilita una alianza para brindar servicios y desarrollar infraestructura pública para el desarrollo comunal y regional.
Este año se hizo la reforma a la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta (8.828) que se promulgó en el 2010. En años anteriores se dieron dos intentos de crear SPEM, según Cristian Alpízar, director ejecutivo del IFAM, pero los gobiernos locales cometieron el error de no incorporar al sector privado.
Una de ellas fue la sociedad pública de economía mixta Ecotecnología de Altura S. A., que reunió a las municipalidades de Tilarán, Cañas, Abangares y Bagaces; asimismo, la municipalidad de Golfito procuró crear una empresa, pero también el total del capital accionario estuvo en manos del gobierno local.