Fonatel, acosado por ineficacia del pasado
La pobre ejecución de proyectos entre 2013 y 2016 hace que los recursos de Sutel sean apetecidos por el Gobierno, quien tampoco establece las acciones para reducir la brecha digital.
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La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sostiene que los programas de Fonatel brindan acceso a servicios de voz y de Internet a 1,3 millones de habitantes en Costa Rica que tenían dificultades para obtener esos servicios.
Durante la emergencia por la pandemia del COVID-19 y hasta mayo anterior, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) destinó casi $15 millones para conectividad a comunidades, hogares y centros públicos de varias entidades.
No basta. Sutel y Fonatel arrastran una imagen de ineficiencia tras un inicio de desastre entre 2013 y 2016, que ha dado pie a una amplia diversidad de propuestas de ley para acarrear recursos del fondo a diferentes usos específicos, apalancar a otras entidades y pagar deuda pública.
Todos estos planes podrían verse frustradas legalmente, incluso por la improcedencia de delegar funciones del Estado en un ente privado (como la Fundación Omar Dengo) y de utilizar estos recursos para otros fines distintos a los de reducir la brecha digital.
A los operadores, que son los adjudicatarios de los contratos de Fonatel, los recursos les ayudan en sus balances, especialmente ahora que aumentó tanto la demanda de Internet y como los suscriptores con problemas de pago por desempleo. En telefonía móvil también hay una disminución del consumo de prepago y de la compra de terminales.
En medio del pulso por los recursos, la Superintendencia sostiene que desde el 2017 mejoró la ejecución de los presupuestos de Fonatel.
Admite, eso sí, que son necesarios ajustes legales: que otros operadores concursen en las licitaciones, encargarse del cobro de la contribución parafiscal y disminuir los umbrales de las sanciones actuales (0,025% y 0,5% de ingresos brutos) a las compañías.
Los recursos de Fonatel se gestionan en fideicomisos del sistema bancario nacional y provienen de la contribución parafiscal de los operadores (cuyo cobro realiza el Ministerio de Hacienda), concesiones, multas a las firmas del sector, e intereses tanto de las multas como los rendimientos de los mismos fideicomisos.
Sus programas son definidos por el Poder Ejecutivo, encabezado por el Micitt, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). Sutel realiza las licitaciones y supervisar su ejecución.
Cambio de ritmo
La Superintendencia realizó la licitación para el primer proyecto de Fonatel en 2013: llevar telefonía e Internet a más de 10.000 personas y 11 escuelas, colegios y centros de salud de Pacuarito, cerca de Siquirres.
El proyecto empezó a implementarse al año siguiente y terminó en mayo de 2019, cuando tres de sus cuatro programas cumplieron el 100% en las metas.
Del 2011 al 2013 Fonatel zozobró entre los procesos para estructurarse. En los siguientes tres años su capacidad de ejecución fue menor al 10% del presupuesto.
A partir del 2017 la ejecución fue mucho mayor y se activan los programas de conexión para hogares y centros públicos. En 2019 empieza a operar el de espacios públicos.
En todo el periodo se invirtieron $140 millones.
Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Sutel sostiene que de 2016 a 2019 se disminuyó de 41% al 13% el porcentaje de hogares de escasos recursos que no tenían Internet.
Además, que entre 2012 y 2019 en la Región Central la cobertura de Internet pasó del 62% al 97% de las personas en edad escolar. Lo mismo habría ocurrido en las otras regiones, donde se pasa de menos del 50% en el 2012 a entre el 88% de la Huetar Norte y el 97% del Pacífico Central en el 2019.
El resultado es, afirma Sutel, “consistente con el desarrollo del programa Hogares Conectados”, de Fonatel, y con sus decisiones para propiciar la competencia en el mercado.
Sutel contabiliza 932.564 personas cubiertas con el programa de comunidades y 472.585 personas de bajos recursos con el de hogares. Se suman centros de educación, comunitarios y de salud de 263 distritos y zonas de acceso inalámbrico en 470 distritos.
El cambio se explica por dos factores: en noviembre del 2015 se publicó el plan nacional de telecomunicaciones con nuevas metas para los programas; y un aumento paulatino en la capacidad de ejecución de Sutel y Fonatel.
Programa
Lo que falta
Claramente nada de eso es suficiente. Para los próximos siete años se programa invertir $470 millones en brindar Internet a 140.000 familias, en 513 parques y plazas, y en centros de educación y públicos.
Para lograrlo se deberá consolidar la mejora en ejecución y superar los múltiples obstáculos: trámites ante la Secretaría Técnica Ambiental, gestión de terrenos con derechos posesorios, expropiaciones, y limitaciones en áreas protegidas.
Se agrega falta de coordinación entre instituciones que atrasa la conexión a los centros educativos, de salud o comunitarios, así como problemas de infraestructura de las instalaciones de esos centros.
Los proyectos de Fonatel también han tenido que lidiar con falta de reglamentos de infraestructura o con restricciones sin criterio técnico que imponen algunos municipios y problemas de la bases de datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) entre otros.
En los territorios indígenas la complejidad es mayor, pues se deben lograr acuerdos con las comunidades.
Los procesos licitatorios siguen siendo un dolor de cabeza. Por ejemplo, la presentación de objeciones y aclaraciones a los carteles de los concursos de los proyectos de territorios indígenas, ante la Contraloría General de la República, generaron un atraso de nueve meses.
Cuando al fin se superaron, la única oferta recibida contemplaba a 14 de los 16 territorios.
En la actualidad Sutel y Fonatel deben, además, lidiar con interes políticos diversos que miran los millonarios fondos, así como con la falta de definición del Ejecutivo, de avanzar en las propuetas que se le han presentado para resolver los problemas urgentes de conectividad.