Precio del arroz: una propuesta de cambio que fracasó
OCDE recomendó a Costa Rica eliminar las protección
La competencia es débil en sectores clave de la economía costarricense como la banca, la producción de alimentos, la electricidad y el transporte. Una cantidad relativamente pequeña de empresas domina el mercado.
Así lo señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio sobre Costa Rica 2020, publicado en julio de este año.
¿Qué pasa con el precio del arroz? La organización internacion evidenció que las tarifas del grano son más altas, por ejemplo, que en España, Chile, Francia y México.
Como suele ocurrir en mercados con débil competencia donde la producción de un bien se concentra en pocas manos o compañías, los costos para los consumidores son altos.
El arroz es de consumo masivo que forma parte de la canasta básica alimentaria de los más pobres y a la vez es el producto con mayor protección en el país.
El 70% de la población nacional consume el grano todos los días. La OCDE concluyó que las políticas de fijación llevaron las tarifas muy por encima de las internacionales lo que crea rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores.
“Las políticas actuales contribuyeron poco a mejorar la productividad entre arroceros o el bienestar económico de los pequeños productores. Todo esto sugiere que el entorno regulatorio actual es regresivo y favorece una mayor pobreza y desigualdad de ingresos”, indica el informe.
Sin embargo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, considera que hay más factores en juego. El pasado 26 de agosto enfatizó respecto a política del precio de que no se trata de favorecer únicamente a productores o consumidores, sino que se requieren ajustes para no afectar a ninguno de los dos grupos.
Según Alvarado se requiere de un “difícil balance” para conseguir una liberalización del valor del arroz sin quedarle mal a los consumidores y a los productores, sobre todo a los más pequeños.
Esta nueva discusión sobre el precio del grano ocurrió debido a que, Pilar Garrido, ministra de planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, anunció, el pasado 27 de julio durante un foro en LEAD University, que iniciarían un proceso de ajustes para “liberalizar” los precios del arroz, el café y el azúcar con el objetivo de aliviar la carga económica a los hogares.
Las declaraciones de la jerarca activaron una serie de reacciones en diferentes sectores. Los arroceros −representados por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)− pusieron en marcha una campaña en redes sociales y en las afueras de los supermercados para defender el modelo actual que le permite al Gobierno definir el costo del grano por decreto.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrieron, desde mayo, una mesa de negociación para conversar sobre el tema por orden de la ministra Garrido.
El fracaso
Una reunión de última hora, el 23 de agosto, en la que participaron el MEIC, el MAG, el Consejo Nacional de la Producción (CNP), Conarroz, los productores y los industriales; se tradujo en un acuerdo que puso fin rápidamente a las intenciones del Gobierno de liberalizar el mercado del grano.
Victoria Hernández, ministra de economía, reconoció en entrevista con EF, que la entidad había iniciado una serie de valoraciones de posibles escenarios para aplicar ajustes al modelo con el objetivo de impactar el precio de este alimento al consumidor.
“Planteamos en el Consejo Económico del Gobierno, a inicios de este año, la revisión del modelo calculando los diferentes escenarios, donde busquemos no dejar desprotegido al productor y también cómo generamos una mejora en el bolsillo de la persona consumidora”, apuntó la jerarca.
Sin embargo, las presiones del sector arrocero se impusieron en la mesa de diálogo y finalmente el Ejecutivo desistió de sus intenciones iniciales.
Renato Alvarado, ministro de agricultura y ganadería, aceptó en entrevista con La Nación, que las presiones de los arroceros pesaron para que dieran marcha atrás.
El Presidente insistió en que este tema carece de sencillez. “Hay una posición de liberalizar el precio del arroz, sin más, porque lo mismo se trató de hacer en frijol y no ha bajado el precio al consumidor, pero en teoría usted liberaliza el precio, baja y se traslada al consumidor final. Hacer eso va a destruir el empleo de los productores, sobre todo de los más pobres y pequeños del país, y estaríamos, una parte del país, sufriendo y entonces si yo soy presidente para todas las personas no puedo tener solo una solución”, aseveró Alvarado.
Luis Corea, presidente de la Asamblea Nacional de Productores de Arroz, aseveró que eliminar la regulación significa desarticular y desaparecer al sector agrícola del grano que genera 33.000 empleos directos e indirectos en el país.
¿Quién maneja la industria?
Actualmente existen en el país diez empresas inscritas ante Conarroz con un total de diez plantas arroceras. La mayoría de estas procesadoras se localizan en la Región Chorotega (6), en la Región Pacífico Central (4) y en la Meseta Central (2).
En el periodo 2018-2019 participaron 577 productores en la cosecha nacional, 13 menos que en el año anterior.
Un 42% son pequeños agricultores, es decir, que cosecharon áreas menores a diez hectáreas totales. Solo un 6% de los productores cosecharon áreas mayores a las 200 hectáreas de terreno.
Ese 6% representa a 33 agricultores nacionales que concentran el 52% del total de área sembrada en el país (19.154 hectáreas), mientras que 240 productores a pequeña escala se reparten apenas un 4% de la producción.