El impuesto a las transacciones golpearía la bancarización
Bancos alertan que se incentivaría uso de efectivo e informalidad
El impuesto a la transacciones bancarias que propone el Gobierno como parte del programa que se negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) afectaría la bancarización en Costa Rica y promovería la informalidad.
La inclusión de personas al sistema financiero es un esfuerzo desarrollado durante los últimos años por los intermediarios (bancos, cooperativas y mutuales, etc.) y por los reguladores como la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Un 78,64% de la población mayor de 18 años que habita en Costa Rica tenía al menos una cuenta bancaria a abril del 2020, la cifra representó un crecimiento con respecto al año anterior cuando el nivel de bancarización era levemente inferior al 70%, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) alertó, el jueves 17 de setiembre en un comunicado, que la eventual aplicación del impuesto a las transacciones es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del sistema financiero nacional.
La entidad, que agrupa a 14 bancos públicos y privados del país, señala que este tributo generaría al menos seis aspectos negativos:
Desincentiva el ahorro, motiva el uso de efectivo y favorece la desbancarización.
Fomenta que las personas aprendan a eludir el pago del impuesto.
Expone a los clientes a inseguridad con el mayor uso de efectivo y fomenta el lavado de dinero.
Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero ( offshore).
Conduce a un crecimiento en el sector informal que tendrá impactos negativos para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.
Provoca un efecto en cascada que incrementará los costos de producción y los precios finales al consumidor.
La ABC recordó que diversos estudios del Banco Mundial concluyeron que el uso de tarjetas de crédito y débito como medios de pago reducen casi en un 50% el costo asociado al efectivo y se convierten en mecanismos más simples para la inclusión financiera.
“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, indicó Mario Gómez, asesor legal de la ABC.
El economista Eli Feinzaig coincide en que la aplicación de este tributo representaría un freno y un retroceso a los procesos de bancarización y es una invitación a que muchas personas se queden en la informalidad.
“Para quienes están amarrados a la formalidad es un golpe grosero porque es impuesto que se cobra a la entrada y a la salida, es decir, lo cobran cuando se recibe el salario y luego cuando se hacen pagos como el alquiler de la casa, los servicios públicos o cualquier otra transacción electrónica”, señaló Feinzaig.
Incluso el Gobierno reconoce que el aumento en la población con acceso a cuentas bancarias facilitó la entrega más certera de subsidios por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en los últimos años y, sobre todo, los bonos Proteger en el contexto de la crisis.
Hacienda calcula que el gravamen generarían un 3% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir ¢1,03 billones al año durante los primeros dos años.
Los esfuerzos de digitalización de pagos y transacciones en general recibieron un impulso extraordinario por las medidas impuestas para controlar la propagación de la COVID-19.
Por ejemplo, la plataforma Sinpe Móvil alcanzó en julio un nuevo récord histórico de crecimiento en las transacciones con 4,53 millones de movimientos, frente a 3,28 millones registrados un año atrás.
Experiencia internacional
En los últimos años países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el impuesto a las transferencias financieras. En todos los casos se reportó un alto impacto distorsivo documentado por estudios.
Existen diferencias sustanciales en los resultados entre naciones desarrolladas y las que se encuentran en vías de desarrollo.
En Colombia, por ejemplo, este tributo incrementó el costo de la intermediación financiera. Se empezó a aplicar en ese país en 1998 con el objetivo de solucionar la crisis que atravesaba el sector bancario.
La tarifa del impuesto fue fijada en 0,2% para retiros realizados de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de depósito en el Banco de la República y la emisión de cheques de gerencia.
Algunos meses después de la introducción del tributo las transacciones interbancarias fueron declaradas exentas. Posteriormente, en diciembre de 2000, mediante la Ley 633, la tasa se incrementó a 0,3%.
En diciembre de 2003, con la Ley 863 (de Colombia), se aumentó nuevamente la tarifa a 0,4%, de manera transitoria para el periodo comprendido entre la fecha de inicio de la ley y el 2007. Así se describe en el estudio Represión Financiera y el Costo del Financiamiento en Colombia, elaborado y publicado por el Banco Mundial (BM) en junio del 2006.
Otra investigación publicada en mayo del 2013 por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), analiza el impacto del impuesto alas transacciones financieras en América Latina entre 1990 y 2012.
El informe concluye que la recaudación anual con este tributo en países como Ecuador, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay y Panamá; superan un punto del Producto Interno Bruto (PIB).
La aplicación de este tipo de tributo en esos países generó una contracción en los depósitos bancarios e incrementó la preferencia por el dinero en efectivo.