Agenda del FMI registra pobre avance
Empleo público es el único de los seis proyectos que ha salido de comisión.
Pese a la aprobación definitiva del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las iniciativas de ley que el Gobierno convino con el organismo internacional para estabilizar las finanzas públicas, como contrapartida, caminan a paso lento y entre tensiones que dificultan su aprobación.
El proyecto que más avanzó hasta el momento es la reforma a empleo público. Este ya se aprobó en primer debate y se trata de un texto fundamental para el Fondo, según explicó el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en una reciente entrevista con EF.
Sin embargo, actualmente pasa por una consulta de constitucionalidad, de la cual dependerá la prontitud con la que pueda avanzar a su votación definitiva en segundo debate.
Los otros proyectos de ley con un efecto fiscal importante que componen la agenda –todos orientados a generar nuevos ingresos para las arcas estatales– ni siquiera han salido de las comisiones legislativas que los analizan; en las cuales todavía se realizan consultas y audiencias a sectores interesados.
El plan de empleo público, en conjunto con la aplicación de medidas administrativas para la contención de gasto, representa dos terceras partes del ajuste fiscal acordado con el Fondo para revertir el déficit primario. Los demás proyectos representan una tercera parte del ajuste.
El FMI aprobó la ruta de acuerdo con Costa Rica desde el 1° de marzo pasado. No obstante, la Asamblea Legislativa apenas lo ratificó este 19 de julio, a pesar de que estuvo listo para su aprobación desde la ultima semana de junio. La lentitud ha marcado la discusión de la agenda con el Fondo.
Los proyectos principales
La agenda con el FMI está compuesta por seis proyectos con efecto fiscal, además del convenio de financiamiento en sí mismo.
La primera es la reforma al empleo público, que es la principal medida en materia de contención del gasto público; y los otros cinco son proyectos en materia de nuevos ingresos para:
Establecer un sistema de renta global para personas físicas y aumentar la base de contribuyentes
Fijar un aporte solidario de las empresas públicas del Estado, de hasta un 0,2% del PIB, por cuatro años
Rediseñar el impuesto a las casas de lujo y cobrar una tasa flat del 0,5% a las viviendas con un valor superior a los ¢150 millones (incluido el terreno)
Gravar los premios de lotería que superen el medio salario base (¢231.100), y
Eliminar algunas exoneraciones, quitar la no sujeción del salario escolar al Impuesto sobre la Renta, estandarizar el cobro de rentas de capital en un 15% (y aumentar la tasa en 1,5 puntos por dos años) y adicionar 5 puntos a las tasas sobre remesas
Los últimos tres proyectos se encuentran la Comisión de Asuntos Jurídicos y, según la presidenta de ese foro, Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), su trámite es lento. Adujo que no solo existen trabas porque los diputados tienen diferencias de fondo con las iniciativas, sino además porque el Ejecutivo tampoco ha buscado los acuerdos políticos necesarios.
Los otros dos proyectos, el de renta global y el de aporte de empresas estatales, están en las comisiones de Asuntos Hacendarios y de Asuntos Económicos, respectivamente: y también siguen lejos de avanzar al Plenario legislativo.
El de renta global avanza, pero todavía deberá someterse a “un amplio proceso de discusión nacional”, advirtió diputada liberacionista y presidenta de Hacendarios, Ana Lucía Delgado.
La gran mayoría de estos proyectos además enfrentan una realidad compleja de partida, pues diputados de bancadas como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Restauración Nacional (PRN) o el bloque independiente Nueva República, entre otras, ya han manifestado que optarían por no aprobar reformas relacionadas con cuestiones de impuestos o nuevos ingresos.
Estos factores dejan como único proyecto con un nivel mayor de avance al plan de empleo público, que ya se aprobó en primer debate.
No obstante, este texto deberá superar una consulta de constitucionalidad. Además, requerirá el respaldo final de al menos 38 legisladores en caso de votarse en segundo debate: seis más que en la primera votación, cuando 32 diputados lo dieron su visto bueno, 15 lo rechazaron y 10 estuvieron ausentes.
Prioridades
Pese al lento avance de las iniciativas de la agenda, el Gobierno sostiene que todos los proyectos que se propusieron al Fondo pueden caminar al mismo tiempo en el Congreso, sin la necesidad de priorizar uno por encima del otro.
Así lo manifestaron en entrevistas recientes con EF el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte.
Ambos afirmaron que la mayoría de los textos son de fácil tramitación, pues apenas se trata de ligeras reformas a legislaciones ya existentes, con excepción del texto de renta global, que sí varía sustancialmente los parámetros actuales.
Consultada por EF, la ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, Pilar Garrido, aseguró que el acuerdo con el Fondo es “una tarea indispensable del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, por lo que confía en su aprobación por parte de una mayoría legislativa.
Recién aprobado el convenio macro con el Fondo, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, llamó al Poder Ejecutivo a ser “congruente” y acercarse a las fracciones. “Lo que le resta a esta Asamblea Legislativa en materia de consolidación fiscal solo será posible si hay una genuina voluntad por parte del Ejecutivo para construir, modificar y mejorar mucho de la agenda que está pendiente”, concluyó.