COP26 inicia bajo la presión de indicadores ambientales en rojo
Debate sobre reglas para los mercados de carbono se vislumbra como el más difícil
El próximo 1.° de noviembre dará inicio en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su edición número 26 (COP26), aplazada un año debido a la pandemia de COVID-19.
La Conferencia toma lugar tres meses después del informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) que llamó la atención sobre el avance acelerado del cambio climático, y seis años luego del Acuerdo de París, del que restan puntos pendientes que deberán concretarse en Escocia.
El objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5°C, pero Naciones Unidas advirtió esta semana sobre la poca ambición en los esfuerzos para alcanzar ese límite, y los ojos están puestos especialmente en los grandes emisores como Estados Unidos, China, India o la Unión Europea, ampliamente criticados como causantes del calentamiento en detrimento de naciones más pequeñas.
Pendientes
Desde el punto de vista de científicos y organizaciones, una de las claves del éxito de la COP26 es culminar el Libro de Reglas de París, cuyo principal pendiente es el artículo 6, sección que se ocupa de la reglamentación del mercado mundial del carbono.
Con él, se busca que países y empresas que producen grandes emisiones las compensen mediante la compra de carbono internacionalmente. Es decir, que si un país o empresa emite más de lo permitido, podrá pagar a otro para que reduzca una cantidad de gases equivalente.
Este artículo está escasamente desarrollado en el Acuerdo de París, por lo que su reglamentación es una de las prioridades de la negociación de este año.
“Eso ha sido fuente de muchísima discusión en los últimos seis años y ese tema ha quedado sin solucionarse. La presión en esta COP es muy grande”, contó Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y miembro negociador de la delegación costarricense.
Aquí la discusión será difícil. Países como Brasil o China quieren incluir créditos de carbono viejos de proyectos que no necesariamente cumplen con los nuevos estándares que quieren implantarse.
Para la ministra de Ambiente, Andrea Meza, estos créditos deben servir para movilizar dinero para proyectos que de verdad contribuyan a reducir emisiones y que, además, respeten los derechos humanos.
Meza admitió que esta puede ser una nueva oportunidad de mercado para Costa Rica, pero las nuevas obligaciones podrían también ser un obstáculo.
“Si yo vendo un crédito de carbono a otro país para que ese país lo meta en su contabilidad (de reducciones), eso yo no lo puedo usar en mi inventario; se lo tengo que trasladar al del otro país y no al mío”, explicó Meza.
Por eso surgen también otros mecanismos como el pago por resultados, que funciona como un esquema de pago por servicios ambientales a nivel global. El Fondo Verde del Clima es un ejemplo de ello, pues da financiamiento a países de acuerdo a los servicios ambientales que ofrecen al planeta. Un crédito de este tipo fue el que se le dio a Costa Rica para financiar el tren eléctrico.
Otro pendiente es el tema del financiamiento. La transición energética, la mitigación y la adaptación son procesos que no todos los países pueden costear. Algunos de los que menos recursos poseen son también los que enfrentan mayores amenazas, como los Estados insulares del Pacífico, países de África o del Caribe.
El objetivo es que las transferencias de dinero para la acción climática ascienda a los $100.000 millones anuales, respaldado principalmente por las naciones más desarrolladas. No obstante, todavía no se llega a ese monto.
De acuerdo con la organización no gubernamental La Ruta del Clima, el financiamiento para el clima movilizado por las naciones desarrolladas llegó a los $78.900 millones en el 2018.
Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima, reclamó que el artículo 8, que se refiere a la reparación de daños y pérdidas, no está incluido en la agenda de la COP26.
“Es parte de un esquema estructural de cómo los países desarrollados han hecho que el tema de la afectación a los más vulnerables tenga una menor atención”, manifestó Martínez, quien agregó que exigir ese pago es una de las exigencias de las ONG.
Girot mencionó que justamente este tema es otra de las tareas de esta COP26, pues se incluye en la Red de Santiago, que nació en la COP25 de Madrid. Con ella se busca apoyar a los países que enfrentarán pérdidas irreparables y cambios irreversibles, de forma que se debe determinar cómo se les va a compensar a largo plazo.
Hacia el 1,5
La meta establecida en París fue limitar el calentamiento global hasta un máximo de 1,5°C, pero parece estar aún lejos.
“Los aumentos registrados de temperatura ya andan por 1,1° y muy probablemente llegaremos a 1,5°”, dijo Girot, quien recalcó la importancia de seguir presionando sobre la urgencia de actuar.
La ONU advirtió esta semana que las nuevas previsiones prevén una reducción de las emisiones para el 2030 del 7,5%, cuando se necesita un 30% para estar en los 2 ºC, y del -55% para 1,5 ºC.
Parte de esta responsabilidad se le achaca a los países del G20, especialmente a los principales emisores de gases de efecto invernadero como son EE. UU., China, India, la Unión Europea (UE) o Japón.
La ONU alertó que existe poca ambición en las promesas nacionales para reducir las emisiones, las cuales deberían ser siete veces más importantes para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC.
“Sí hay poca ambición pero también hay un poco más de conciencia. Efectivamente, los enunciados de los gobiernos nos dejan mucho que desear (...). El entorno político y económico de esos países impide que haya un avance hacia ese camino”, aseguró Kifah Sasa, oficial de Naturaleza, Clima y Energía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En este punto entran en juego las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). En ellas los países ofrecen sus contribuciones individuales, cuánto pueden aportar en la reducción de emisiones.
La voz de Costa Rica
La delegación costarricense está compuesta por 75 personas, entre negociadores, funcionarios, representantes de ONG, entre otros.
El país va con la consigna de mantener la “ambición”.
“La expectativa es grande, enmarcada dentro de lo que hemos denominado ‘ambición’, que viene de la mano de mantener el 1,5°C”, declaró Ana Patricia Villalobos, negociadora de cambio climática de la Cancillería, por medio de un Facebook Live.
La ministra Meza replicó la idea de la ambición y la necesidad de que las decisiones y negociaciones sean coherentes con mantener vivo el 1,5°.
“Necesitamos que Glasgow salga con resultados robustos y alineados con esta visión de ambición”, agregó.
La COP26 será la primera de esta década. Una década que se vislumbra decisiva.
“Si yo vendo un crédito de carbono, el país comprador lo mete en su contabilidad (de reducciones). No lo puedo usar en mi inventario”.
Andrea Meza Ministra de Ambiente