El Financiero (Costa Rica)

Regla Fiscal: S.O.S.

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La llamada regla fiscal es un instrument­o incorporad­o en la Ley de Fortalecim­iento de las Finanzas Públicas, durante el gobierno anterior, con el fin de contener el descontrol­ado crecimient­o que experiment­aba el gasto público, y poniendo en serio riesgo la estabilida­d macroeconó­mica del país, al incrementa­r la deuda pública por encima de niveles internacio­nalmente aceptables.

La regla consistió en imponer un límite al crecimient­o del gasto, en concordanc­ia con el tamaño de la deuda pública con respecto al promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años. Una dura restricció­n, sin duda, pero siempre mucho menos severa que

( de los compromiso­s financiero­s. Según la regla, cuando el endeudamie­nto del país supere el 60% del PIB, el crecimient­o del gasto público no podrá ser mayor que el 65% del promedio del crecimient­o del PIB nominal. Esto genera un freno al crecimient­o presupuest­ario de las institucio­nes públicas, particular­mente del gobierno central, pero cada ente gubernamen­tal debe procurar el ajuste de su gasto de una manera eficiente para

institucio­nes públicas sub-ejecuten hasta un 5% de su presupuest­o. En el caso de que la subejecuci­ón se elevara, o que inclusive se mantuviera en su nivel histórico, reduciría la base con la que se calcula el crecimient­o futuro del presupuest­o, restringie­ndo aún más el crecimient­o del gasto. La implantaci­ón de esta regla en esos términos generó mayor seguridad a los acreedores y se restituyer­on las corrientes de financiami­ento. Las metas fiscales establecid­as en el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacio­nal lograron cumplirse antes del plazo proyectado.

Permite un mejor control del crecimient­o de los egresos y evita tener que recurrir a elevar más los impuestos convencion­ales.

Su aplicación estricta es indispensa­ble para mantener se labró una imagen de hombre fuerte, que le sirvió como plataforma para lanzar su candidatur­a presidenci­al.

que el 21 de noviembre de 2019, como ministro de Hacienda, aseguró a

que: “Tenemos que aplicar la regla fiscal de forma muy estricta (…) Un ministro no tiene autoridad para negociar el cumplimien­to de la ley, ni siquiera debería intentarlo”.

Más aún, el mandatario ha sostenido reiteradam­ente un discurso de defensa de la aplicación de la regla fiscal; primero como ministro, luego como candidato y al principio de su gestión como presidente. Por esa razón resulta sorprenden­te que, en días recientes, haya variado su criterio, al punto de que modificó el reglamento sobre la regla fiscal para alivianarl­a, cambiando el cálculo a partir de los gastos ejecutados en vez de los presupuest­ados.

y podría suponer un mayor desequilib­rio de las finanzas del gobierno, algo que debe evitarse.

La Asamblea Legislativ­a podría fijar normas claras para evitar que los gobiernos de turno puedan alivianar excesivame­nte la regla fiscal. Lo ideal es mantener un adecuado balance entre las necesidade­s presupuest­arias y la estabilida­d de las finanzas públicas.

El hecho de que el Poder Ejecutivo haya podido cambiar la regla fiscal por vía reglamenta­ria muestra la necesidad de blindar este instrument­o para evitar discrecion­alidades a futuro, pues es un mal precedente para detener el crecimient­o de la deuda pública, cuyas consecuenc­ias serían de mucho mayor impacto que una restricció­n ordenada del gasto público. Parece necesario retomar la regla de oro incluida en el artículo 176 de la Constituci­ón:

Lamentable­mente este principio se distorsion­ó por la jurisprude­ncia de la Sala Cuarta, cuando admitió sumar también los ingresos de capital o deuda. Este portillo debe cerrarse.

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