Baja competencia
Costa Rica tiene el peor indicador de Regulación de Mercado de Productos (PMR, por sus siglas en inglés) entre los países de la OCDE. Dicho indicador, mide la eficiencia de las políticas que promueven la competencia en un territorio.
Establecer una empresa para producir en Costa Rica es más caro que en el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluidos los países latinoamericanos en ella, como México, Chile o Colombia.
El cálculo lo realizó la propia OCDE para su más reciente informe de Estudios Económicos Costa Rica 2023, publicado este mes de febrero.
Mientras que en Costa Rica los trámites obligatorios para establecer una compañía con responsabilidad limitada pueden costar alrededor de unos $984, el promedio de la OCDE cae a solo $546, por poner un ejemplo.
Lo mismo pasa cuando se busca establecer una empresa personal, sin empleados. Estos trámites pueden costar hasta $320 en Costa Rica; mientras que en países como Chile o México no se requieren mayores inversiones.
¿Por qué ocurre este fenómeno?, las respuestas varían; sin embargo, el exceso de trámites y permisos requeridos es uno de las principales que menciona la OCDE.
“Entre las barreras que dificultan la entrada, las cargas administrativas y el sistema de licencias y permisos son las más problemáticas”, dictaminó la entidad internacional.
Ventanillas únicas
A pesar de los anuncios gubernamentales de los últimos años, relacionados con reformas y reducción de trámites, la OCDE determinó que existen problemas de forma y de fondo persistentes, que hacen mucho más incómodo formalizar un negocio en el país.
En cuanto a la forma, la organización calificó como un “desafío pendiente” que las ventanillas únicas existentes no permiten resolver todos los requisitos administrativos en un solo lugar.
Además, señaló que existen carencias tecnológicas de peso y que “adoptar el gobierno electrónico puede ser un medio poderoso para facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos a un costo mínimo”.
La OCDE también mencionó como un obstáculo para la digitalización de trámites la carencia de un sistema más accesible para la ciudadanía de la firma digital, la cual “se percibe como engorrosa” y a veces no es suficientemente validada por las propias instituciones públicas.
“Algunos países de la OCDE ejemplifican el efecto transformador que puede tener un mecanismo de firma digital ampliamente aceptado y fácil de usar para reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento de los trámites administrativos”, anotó la entidad.
En cuanto al fondo de los