Delito sexual, la causa más común
Entre 2016 y 2022, 59 extranjeros fueron expulsados de Costa Rica debido a una causa por delito sexual.
Las deportaciones y las expulsiones son dos de los mecanismos con los que cuentan los países para controlar los flujos migratorios y castigar a un extranjero en caso de un delito, respectivamente.
Ambos procesos pueden sonar similares, pero guardan una diferencia esencial.
Las deportaciones se realizan cuando se detecta que una persona extranjera está en una condición migratoria irregular debido, esencialmente, a cuatro razones: el ingreso por un puesto fronterizo no habilitado, cuando su ingreso o permanencia se sustenta en documentos falsos, cuando permanezca luego de vencer el plazo autorizado y cuando se le haya indicado salir del país pero no lo haya hecho.
Sin embargo, hay condicionantes que impiden aplicar una deportación. Las personas menores de edad, los refugiados y los solicitantes de refugio quedan por fuera de este mecanismo, según explicó Jordan Arias, abogado especialista en derecho migratorio de Ecija Legal.
Las expulsiones funcionan como un acto de protección del país, pues se dan cuando la persona se encuentra legalmente en Costa Rica pero las autoridades consideran que su comportamiento compromete la paz, el orden público y la seguridad del país. Por ejemplo, puede ser a raíz de un delito como homicidio o abuso sexual.
Esta acción implica que la persona expulsada pierde el estatus migratorio que tenía en territorio costarricense.
La orden de deportación la emite la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), mientras que la orden de expulsión proviene del Ministerio de Gobernación y Policía, pero ambas medidas las ejecuta la primera de estas entidades, a través de la policía de migración y la asesoría legal.
EF solicitó a la DGME los datos de deportaciones y expulsiones desde 2015.
Las deportaciones
Desde 2015, Costa Rica ha ejecutado 7.173 deportaciones. Los años 2019, 2018 y el mismo 2015 registran las mayores cantidades.
En ese último año, los cubanos fueron los que registraron más deportaciones, con 589 casos, en medio de un contexto definido por un amplio flujo migratorio de isleños que intentaban cruzar Centroamérica rumbo a Estados Unidos. En ese momento, Nicaragua cerró su frontera de Peñas Bancas, lo que dejó a cientos de cubanos varados del lado costarricense.
Sin embargo, en los años siguientes la cifra cayó drásticamente a menos de una decena de cubanos deportados.
Tendencia contraria siguieron las deportaciones de nicaragüenses, que fue la segunda más común en 2015 pero que se incrementó desde 2016 hasta llegar a un máximo de 1.452 tres años después, lo que coincidió con las protestas ciudadanas y la represión gubernamental que ahondó la crisis social en el país vecino.
En general, los nicaragüenses son los que acumulan más deportaciones en los últimos ocho años, con 5.196, el 72,4% del total.
Los colombianos son la tercera nacionalidad que más deporta Costa Rica, con un grupo de 302 personas desde 2015.
Entre las primeras 10 nacionalidades, ocho corresponden a países latinos. Los únicos que no pertenecen a esta región
¢32.000 (limpieza profunda)
¢37.000