La oferta universitaria pública y el futuro de Costa Rica

La universidad cumple una serie de roles importantes para la persona y la sociedad. No conviene juzgarla desde perspectivas monolíticas. Debe contribuir a mejorar la sociedad a través del currículo académico, así como del fortalecimiento de la democracia, el estímulo de la reflexión, el debate de ideas, la investigación y la innovación, lo cual es particularmente ineludible para las universidades públicas.

Afortunadamente, estas gozan de la mayor credibilidad y valoración positiva de su trabajo, según reportan año con año las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Como elevador social solo es efectiva si es accesible a todos los segmentos de la población. No es nueva la discusión sobre la importancia de que las universidades públicas fortalezcan los programas de becas, cobren razonablemente a quienes sí tienen capacidad de pago y adecúen horarios para el segmento estudiantil que necesita trabajar al tiempo que estudia.

Equidad es también adaptar la oferta académica para propiciar la efectiva inserción laboral y el progreso socioeconómico de la población con menos oportunidades, que representa poco más de la mitad del estudiantado de la universidades públicas. Además, se espera que los graduados contribuyan al bienestar colectivo, al crecimiento económico y a la competitividad del país; es decir, que agreguen valor social y económico. Es entonces inevitable que la oferta académica superior esté sometida continuamente al vaivén de los dictados del mercado laboral, a su vez determinados por el modelo de desarrollo del país y por las tendencias mundiales.

Actualmente, por ejemplo, es conocida la demanda insatisfecha de personas graduadas en carreras científicas, tecnológicas e ingenierías (STEM). Según la OCDE, la insuficiencia de ese tipo de

profesionales pone en peligro el motor económico más fuerte del país, que es la inversión extranjera.

De acuerdo con un reportaje publicado por la semana pasada, en el TEC y la UNA han aumentado los cupos para carreras de esas áreas, pero en la sede central de la UCR se han duplicado los cupos en ciencias sociales con difícil inserción laboral. Otra discusión de larga data es la asignación de recursos entre las distintas universidades públicas; el TEC tiene una oferta mucho más robusta, diversa y especializada de carreras STEM, pero recibe solo cerca del 12% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo cual limita su capacidad de admisión. De hecho, según otro reportaje de Ingeniería en Biotecnología y en Mecatrónica, Ingeniería Física, Ingeniería en Computación y en Diseño Industrial son las cinco carreras del TEC con los cortes más altos. En la UCR, tres de las cuatro carreras con cortes más altos son del área de medicina y salud.

El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública presentado por MIDEPLAN para el próximo cuatrienio aspira a incrementar la cantidad de graduados en carreras de mayor demanda laboral. Se trata de una propuesta aspiracional, pues no es una decisión que compete al Poder Ejecutivo. Pero aún si hubiera voluntad y capacidad de las universidades públicas de ampliar la oferta formativa en carreras STEM — sabiendo que el proceso de adaptación y cambio de currículos y de adquisición y preparación de recursos es lento—, hay que considerar también el lado de la demanda. Es ahí donde el Poder Ejecutivo a través del MEP sí puede y debe tener incidencia.

Debemos preguntarnos por qué hay una altísima demanda estudiantil de cupos para carreras de ciencias sociales con pocas oportunidades de empleabilidad, en vez de solo culpar a la UCR por doblar los cupos para Ciencias Políticas y Psicología. La educación terciaria pública no tiene capacidad para enmendar todas las falencias de los ciclos de educación pre terciaria. La educación pública en su conjunto, a lo largo de todos sus ciclos, debe responder a una visión de Estado construida a través del diálogo nacional abierto y plural, y a un modelo de desarrollo que permita el mayor bienestar y acceso a oportunidades para la mayor cantidad de personas. Solamente una política de fortalecimiento integral de la educación pública — desde preescolar hasta el ciclo diversificado— que eleve la calidad de la enseñanza en general y en particular (ciencias, matemática, física y química) y que exponga tempranamente a los estudiantes a la tecnología propiciará el aumento de la demanda estudiantil por carreras STEM. No puede caminar el MEP para un lado y el CONARE para otro. El diálogo y la colaboración entre jerarcas del ministerio y de las universidades deben ser permanentes.

Una deseable congruencia transversal a todos los ciclos educativos no implica, en absoluto, anulación de la autodeterminación del estudiante con el fin de que responda a determinada ideología o visión de gobierno, ni limitaciones a la libertad de enseñanza y a la independencia universitaria. Se trata del balance entre la autonomía de las universidades públicas y su función social. La conocida frase de don Pepe “¿Para qué tractores sin violines?” podría preguntándonos: ¿para qué chatbots sin conciencia? El humanismo y la ciencia, la reflexión y la acción son necesarios para la convivencia social.

Apesar de que ya todos estamos convencidos de la importancia de gestionar la transformación digital como un proceso clave dentro de nuestras empresas, en Centroamérica y el Caribe seguimos encontrando importantes barreras que están limitando la capacidad de adopción de nuevas tecnologías:

La miopía de solo ver al cliente en la relación actual que tiene con la empresa y no “subir un nivel” para explorar el ciclo de vida completo, creando nuevos espacios de interacción y descubriendo nuevas necesidades que atender.

Encontramos rigidez de un modelo operativo que no permite flexibilidad para cambiar la forma de hacer las cosas, condicionando los procesos a los líderes de los departamentos, en una visión segmentada de la cadena de valor.

Falta de una arquitectura empresarial que conecte las necesidades del negocio con infraestructura tecnológica, por lo tanto, lo que generalmente encontramos es un ‘espagueti’ de sistemas, aplicaciones, bases de datos y protocolos de comunicación, construidos sobre la marcha para atender el negocio.

Financiamiento desenfocado de las prioridades del negocio o en apuestas tecnológica de bajo impacto (bajo retorno a la inversión digital RODI).

Cultura cerrada a la experimentación y con miedo al cambio, limitando los espacios para la innovación digital.

Escasez de talento con las capacidades técnicas y blandas, no solo para la gestión de la tecnología, sino también para la gestión propia de la transformación.

Marco regulatorio que en algunas industrias puede desestimular la utilización de tecnología para activar procesos de cambios y optimización.

Existe, además, una trampa que desvía los esfuerzos de transformación en la región: la actualización de tecnología, una percepción de que con solo la inversión en catch up es suficiente para mantener al negocio relevante en la actual dinámica del mercado.

Nuestra encuesta global de EY Parthenon 2022 sobre el Índice de Inversión Digital determinó que las empresas están invirtiendo un 65% más en transformación digital, en donde un 72% de los encuestados afirman un compromiso para transformar sus operaciones en los próximos dos años, realizando una medición disciplinada del retorno de la inversión digital (RODI), con valores promedios de 7,6%.

A pesar de que en el 2022 ya el 41% de las empresas realiza mediciones al retorno de la inversión digital, aún existen muchas organizaciones a nivel global que tienen dificultad para medir y lograr los resultados que demandan las inversiones digitales. Tres de cada cinco empresas no saben cuánto gastaron o desconocen el costo operativo digital o no son capaces de determinar el impacto del proyecto digital: ingreso incremental, optimización de costos o mejoras al capital circulante.

Todos estos retos en la medición del impacto de la transformación digital generan un umbral de confianza que limita a la empresa a desarrollar las nuevas capacidades digitales y de gestión que la transformación necesita. En el 2022 el 31% del gasto digital de las empresas se asignó para crear capacidades, mientras que un 69% se asignó a la ejecución de proyectos e iniciativas. Esto sugiere que las empresas están pasando de solo invertir en las principales eficiencias operativas internas a desarrollar nuevos productos, canales y servicios digitales que les permitan acercarse a sus clientes, para conocerlos, protegerlos,

“En Centroamérica y el Caribe se da la percepción que invertir en ‘catch up’ es suficiente para mantener al negocio relevante en la actual dinámica del mercado. Sin embargo, esa es una trampa que desvía los esfuerzos de transformación digital en la región”.