En cobro judicial
Mayoría de operaciones en cobro judicial se dan en el sector no regulado.
En Costa Rica hay una nebulosa que imposibilita conocer el verdadero nivel de endeudamiento de la población. ¿Cuán grande es? Nadie lo sabe, ni siquiera las autoridades financieras.
Sus consecuencias, en cambio, son más tangibles. La falta de datos concretos entorpece la creación de políticas públicas para mejorar la condición financiera del país y no permite proteger ni premiar a los malos y buenos deudores, respectivamente.
La carencia informativa proviene de un sector crediticio que opera fuera de la lupa de los reguladores y que, ante la falta de datos oficiales, se intuye que está compuesto por algunos de los estratos más vulnerables.
¿QUIÉNES SON LOS NO SUPERVISADOS?
El sector no regulado está compuesto por todas las entidades que brindan servicios financieros pero que no están bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) debido a que, en teoría, no realizan intermediación financiera.
En el ecosistema no supervisado están las empresas financieras que se dedican primordialmente al crédito de corto plazo como Beto le Presta, Instacredit o Rayo. También están las de comercio, como tiendas departamentales y de electrodomésticos —que brindan créditos para financiar las compras en sus almacenes— y las empresas de telecomunicaciones.
Estas tres ramas normalmente suelen considerarse como empresas formales, aunque no estén supervisadas, porque suelen estar debidamente inscritas en el país bajo alguna actividad económica.
No obstante, en el sector crédito también existe una rama informal: prestamistas no inscritos que van desde quienes dan créditos bienintencionados a familiares o amigos hasta grupos organizados, algunos vinculados con actividades delictivas, que dan los temidos préstamos gota a gota en condiciones de usura.
¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS NO SUPERVISADOS?
Si bien no hay datos oficiales, sí existen algunos estudios que han intentado arrojar un poco de luz sobre los vacíos informativos.
Uno de los más constantes, debido a que se realiza con una periodicidad anual, es el Informe de Deuda Morosa que elabora Equifax en colaboración con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Hasta el momento se han hecho tres entregas de este documento que comparan los datos de los primeros semestres del 2019, 2020, 2021 y 2022.
El último informe encontró que en los últimos dos años ha habido un incremento en los montos morosos vinculados a este sector. Según el informe, para el primer semestre del 2022 el monto total de mora del sector no regulado creció interanualmente en un 11%, mientras que la del supervisado bajó en un 9%.
Además, el monto promedio de mora por persona también ha venido en ascenso: pasó de ¢389.722 a ¢415.400 entre el primer semestre del 2021 y el mismo periodo del 2022.
También se mapeó que la mayoría de deudores del sector no regulado tienen operaciones en el sector comercio (71%), seguido del financiero (42%) y por último en el de te
algoe ( 13%). o lecomunicaciones (13%). Los porcentajes suman más de 100 porque un mismo deudor pue