Opciones no reguladas
Dentro de los créditos de entidades no reguladas, la mayoría de deudores tomaron un préstamo de sus familiares, amigos y conocidos.
legal. Los problemas se originan, más bien, al no contar con información certera sobre los alcances y consecuencias de estos negocios.
Esta oscuridad crediticia hace que se desconozca el verdadero nivel de endeudamiento de la sociedad y se cree un vacío informativo que dificulta la generación política pública alrededor del sector financiero. En especial cuando es un sector que, basado en estudios como los que se mencionaron anteriormente, parece tener situaciones que necesitan de atención.
“No se pueden tomar decisiones de política pública o tener alguna iniciativa para trabajar el sobreendeudamiento si no se tiene idea de cuál es ese valor”, dice Javier Cascante, exsuperintendente de Sugef y asesor de la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi).
“Ese es posiblemente uno de los elementos más cruciales que deberían tener claro los diputados y los gobernantes: no tiene sentido hacer política pública si no hay un estudio de línea base. Aquí en Costa Rica hablamos muchísimo y hacemos un montón de cosas en materia de educación financiera, pero nos debemos preguntar: ¿qué hemos logrado? Sí, aportan, ¿pero estamos atacando el problema de fondo? ¿Conocemos el problema de fondo? No, porque no se han desarrollado los estudios técnicos para comprenderlo como sí lo han hecho ya en otros países”, considera Danilo Montero, director de la OCF.
“No podemos comenzar a generar leyes sin disponer de un estudio que nos aporte un punto de partida mucho más analítico. No es lógico hacerlo a base de lo que ‘yo creo’ o a ‘mí me parece’, ‘yo siento’, ‘yo intuyo’, (...), el problema es dónde están los estudios que permitan reconocer a la gente, en qué edades o ubicación están los problemas, cuáles son los temas en que está más débil la población”, agrega Montero.
Para los prestamistas, ya sea supervisados o no, también representa un problema no conocer el verdadero nivel de endeudamiento que tienen sus clientes. Hoy una persona puede tener un historial limpio en bancos y al mismo tiempo tener deudas hasta el cuello en el sector no supervisado.
Que no existan estos datos también es un problema para los deudores, ya sea por su buen o mal comportamiento. Por ejemplo, un deudor que ha sido buen pagador en el sector no supervisado tiene menos posibilidades de acceder a futuras operaciones más formales por la misma invisibilidad en la que operó.
“Muchas veces los deudores no tienen acceso al crédito porque no tienen una cuenta bancaria o un historial crediticio en el sistema financiero formal”, dice Cascante.
Por otro lado, la falta de un registro más global hace que sea más probable que a las personas sobreendeudadas se les otorgue más crédito, agudizando todavía más el problema.
AUMENTO EN ACTIVIDADES ILÍCITAS
Como ya se mencionó, el crédito no es un crimen, pero sí parece que actividades criminales están proliferando alrededor del negocio de prestar dinero en lo que se conoce como los préstamos gota a gota.
En este tipo de préstamos una persona saca un crédito informal, sin documentos, sin fiadores y con intereses elevados que no respetan los límites de la ley de usura. Cuando al deudor se le imposibilita continuar haciéndole frente al pago, los cobros se comienzan a realizar bajo amenazas de muerte, de agresiones físicas o de daño a familiares.
Durante el primer semestre del 2022 las denuncias por este tipo de operaciones fue tan alta que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) convocó una conferencia de prensa en agosto para alertar sobre el tema.
Al OIJ le preocupó un dato en particular: durante todo el 2021 se habían registrado 300 denuncias por extorsiones derivados de préstamos gota a gota, mientras que solo en los primeros seis meses del 2022 ese número ya llegaba a 215.
“Una de las situaciones que lastimosamente tiene como objetivo este tipo de delitos es buscar población vulnerable, siempre las víctimas van a ser personas a las que lastimosamente se les dificulta buscar un préstamo de manera formal o regular en una entidad bancaria o cooperativa y pues obviamente este tipo de grupos aprovechan para realizar su actividad comercial”, dijo Osvaldo Ramírez Miranda, jefe de la Unidad de Investigación de la Sección de Delitos Varios de la Policía Judicial en dicha conferencia.
También mencionó que estas actividades se han ido expandiendo y que no son solo un puñado de delincuentes las que las hacen, sino que se han ido creando redes más grandes.
Según dijo entonces Ramírez, por préstamos de ¢200.000 a las personas se les cobran ¢50.000 semanales solo en intereses sin que la deuda llegue a bajar.
“Hay condiciones de usura que generan presiones no sólo económicas a las personas, sino psicológicas (...) a mí realmente me alarma porque lo vemos como si fuera un problema aparte, pero es un problema de política pública en donde este país poco ha avanzado”, dice Rocío Aguilar, superintendenta de entidades financieras.
UNA CENTRAL CREDITICIA COMO POSIBLE SOLUCIÓN
La Sugef está trabajando en un proyecto de ley para la creación de una Central Crediticia. Esta propuesta lo que busca es ampliar lo más que se pueda el ángulo de captura de las operaciones de crédito fuera del sector supervisado.
El proyecto volvería obligatorio el registro de información crediticia de los prestamistas no supervisados para que forme parte de una base de datos protegida. Actualmente, el Centro de Información Crediticia (CIC) cumple una función similar, pero solo con los datos de las entidades bajo el manto de Sugef.
De momento el proyecto de ley se encuentra en revisión con un abogado constitucionalista para definir cómo se procedería en materia de protección de datos.
Cascante, aunque dice desconocer todos los alcances del proyecto, ve con buenos ojos la creación de dicha central. “Entre mayor información haya, mejor va a ser el entendimiento del tema. Una de las ventajas en este tipo de iniciativas es el hecho de se va a conocer en mejor medida el nivel de sobreendeudamiento de las personas físicas y jurídicas”, dice el vocero de Asocomi.
“Una central crediticia no solo a ver la parte negativa, sino también la parte positiva: que el sistema financiero pueda conocer que hay una serie de sujetos que tienen un muy buen comportamiento de pago, aunque no sea información que esté en el CIC hoy día, me parece que es un elemento que puede contribuir muchísimo para que estos clientes puedan ser atendidos en el sector formal”, considera Aguilar.
En el ecosistema no supervisado están las empresas financieras que se dedican primordialmente al crédito de corto plazo como Beto le Presta, Instacredit o Rayo.
“De los 11 países de América Latina donde opera Equifax, solo en Costa Rica los ciudadanos no tienen derecho a conocer el buen comportamiento de pago (información positiva) y que se considere en las evaluaciones cuando se adquiere un crédito. Si el país avanzara con una ley explícita para el uso de información positiva, un 21% de la población económicamente activa accedería a una opción de crédito en el mercado formal, lo que ayudaría a aliviar la situación de los ciudadanos excluidos por Ley de Usura o aquellos que son víctimas de altas tasas de interés en manos de prestamistas informales”, explicó César Calomino, gerente general de Centroamérica, México y el Caribe de Equifax, en la presentación del III Informe de Deuda Morosa.
En una entrevista con El Financiero en el mes de febrero, Federico Odio, gerente general de BAC Credomatic vio con buenos ojos la creación de una central crediticia con esas características. “Sería muy beneficioso, en tanto tengamos más y mejor calidad de información, vamos a poder tomar mucho mejores decisiones”, dijo.
Siempre habrá un porcentaje de informalidad que quedará por fuera de la lupa, eso es inevitable. Sin embargo, tanto Aguilar como Cascante consideran que al ampliar el rango de captura del historial crediticio se permitirá proteger a más personas.