Una cuestionable labor del Banco de Costa Rica
En el Estado que tenemos, las autoridades encargadas del tránsito no son capaces de administrar un sistema eficiente de emisión de licencias de conducir, documento esencial para miles de ciudadanos.
Ante esto, se ha recurrido a un mecanismo del que existen pocos precedentes a nivel mundial: asignarle la función a un banco.
En lugar de hacerlo mediante una adjudicación transparente y abierta, y darle oportunidad de participar a varios bancos —u otras entidades— que reúnan condiciones y tengan interés en brindar el servicio, se recurrió a designar con carácter exclusivo a un banco estatal.
Tradicionalmente, el servicio había funcionado bien. Sin embargo, con el tiempo, esta especie de monopolio empieza a enfrentar problemas para satisfacer la demanda. La persona que gestiona una cita hoy (en abril) en la Gran Área Metropolitana (GAM), es probable que la obtenga para julio o más adelante.
La contratación directa entre entes públicos — en el caso de las licencias, entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco de Costa Rica (BCR)— puede ser una modalidad apropiada en ciertas circunstancias. Sin embargo, no debería desplazar a los procedimientos abiertos y competitivos para la selección de contratistas.
“En Costa Rica —según nos dice la OCDE en su Estudio Económico Costa Rica 2020— las entidades públicas recurren excesivamente a las exenciones otorgadas por ley con el fin de permitirle a otras semejantes una mayor flexibilidad para contratar con otras entidades públicas sin un proceso de licitación pública. También utilizan varias excepciones a los procedimientos ordinarios (…) Todo esto impide que el sector privado compita en condiciones de igualdad para las contrataciones públicas, lo que también implica costos excesivos para el Estado y una prestación de servicios deficiente” (p. 44).
El convenio de exclusividad en este caso nos recuerda otros, como la exclusividad concedida al mismo BCR para recaudar los impuestos y timbres relacionados con transacciones inscribibles en el Registro Nacional, que se mantiene actualmente, y la que se otorgó por muchos años al fallido Banco Crédito Agrícola de Cartago para recaudar el impuesto de salida del país, que llegó incluso a colapsar con largas filas el aeropuerto Juan Santamaría.
En relación con las licencias de conducir, en conferencia de prensa del pasado 21 de marzo, el ministro del MOPT puso en evidencia diferencias entre esa institución y el BCR sobre si el convenio había vencido o no, y habló de romper la exclusividad. Otros bancos públicos habrían manifestado interés en ofrecer también el servicio. No se ha sabido más.
Ante consulta de este periódico, el gerente de gestión del sector público del BCR atribuyó los tiempos de espera actuales a un “incremento significativo y no previsto con la debida antelación” en la demanda del servicio, supuestamente motivado por la alta concentración de pruebas de manejo aprobadas en el primer trimestre del año. La explicación no convence.
El MOPT debería valorar con prioridad la situación y las alternativas al actual régimen de exclusividad. El BCR, por su parte, debería valorar si realmente puede prestar bien este servicio. A la larga es un tipo de servicio que no debería estar prestando una entidad financiera y conviene que las autoridades valoren otros esquemas.
La tercerización es una herramienta recomendable cuando una institución — como el MOPT con las licencias de conducir— no tiene capacidad de prestar eficientemente un servicio. Es así porque la prioridad en las instituciones no es proteger su aparato burocrático, sino satisfacer las legítimas necesidades de los usuarios y el interés general. Lo que no debería hacerse es recurrir a negociaciones poco claras entre entes públicos, conceder exclusividades no previstas en la legislación y saltarse procedimientos de selección abiertos y competitivos, que son los que pueden darle a la administración los elementos para escoger el mejor camino a seguir.