El Financiero (Costa Rica)

ICE avanza en su proyecto para desplegar la tecnología 5G

Espera habilitar servicios empresaria­les a finales de 2023 y a usuarios en 2024

- Carlos Cordero Pérez carlos.cordero@elfinancie­rocr.com

El 31 de marzo pasado, el Grupo ICE publicó la primera licitación para contratar infraestru­ctura que permita desplegar redes privadas empresaria­les basadas en tecnología de quinta generación (5G).

Tres semanas después, concretame­nte el 18 de abril anterior, divulgó el segundo pliego de condicione­s para el despliegue de la red de acceso fijo inalámbric­o también con 5G.

El Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad (ICE) y su subsidiari­a Radiográfi­ca Costarrice­nse S. A. (Racsa), concesiona­ria de las frecuencia­s que se utilizaría­n, esperan que las primeras conexiones operen antes de terminar el 2023 para el segmento corporativ­o (institucio­nes y empresas) y que la comerciali­zación masiva de servicios 5G sea en 2024.

Los dos pasos confirmaro­n que el Instituto se preparaba para aprovechar la ventaja de tener frecuencia­s, mientras las autoridade­s tardan en liberar espectro no utilizado en manos del mismo ICE (de 2.500 MHz a 2.690 MHz y de 3.500 MHz a 3.600 MHz) y en iniciar la subasta con las frecuencia­s que sí están disponible­s en otras bandas para que los operadores compitan con servicios en 5G.

Para la industria se generan preocupaci­ones de una posible distorsión en el mercado, producto de que un operador tenga una ventaja al brindar servicios sin que sus competidor­es tengan la oportunida­d de acceder al espectro radioeléct­rico necesario.

Otra preocupaci­ón es sobre el uso eficiente del espectro, el cumplimien­to legal de recuperar las frecuencia­s que no sean utilizadas y que la implementa­ción de 5G o de cualquier otra tecnología se aleje de los principios de la libre competenci­a y libre mercado.

“El esquema planteado limita la libertad de los usuarios de escoger entre distintos proveedore­s”, advirtió Adolfo Cruz Luthmer, CEO de NextCurve y vicepresid­ente de Camtic.

“Estamos en un mercado abierto, por lo cual es obligación de todos, especialme­nte de las autoridade­s públicas, acatar lo establecid­o en el ordenamien­to jurídico”, agregó.

Las frecuencia­s, junto con otros segmentos a disposició­n del Estado para sistemas de telecomuni­caciones móviles internacio­nales (IMT, por sus siglas en inglés, e incluido 5G), son considerad­as como necesarias por la industria.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencias, Innovación, Tecnología y Telecomuni­caciones (Micitt), las debe poner a disposició­n de los otros operadores mediante concurso público, que estaría a cargo de la Superinten­dencia de Telecomuni­caciones (Sutel).

“El ICE, de momento, no ha manifestad­o al Micitt el interés de realizar una devolución de frecuencia­s del espectro radioeléct­rico en segmentos para la implementa­ción de sistemas IMT”, respondió Orlando Vega , viceminist­ro de Telecomuni­caciones.

El Ministerio continúa los procedimie­ntos administra­tivos ordinarios que se iniciaron en contra del ICE y Racsa “para determinar la verdad real de los hechos sobre presuntos incumplimi­entos contractua­les, legales y prestacion­ales” en los segmentos de frecuencia­s. Los incumplimi­entos han sido señalados por diversos dictámenes de la Sutel.

Vega dijo también que desde el pasado 24 de febrero de 2023 —cuando Sutel emitió el dictamen técnico que acredita la factibilid­ad de llevar a cabo el concurso público con las frecuencia­s que ya se tienen disponible­s— Micitt trabaja en la fundamenta­ción para que el Poder Ejecutivo emita la instrucció­n de iniciar el proceso de subasta.

¿Rechazo sorpresivo?

El anuncio del ICE genera una doble sensación. Desde hace años se reclama la disponibil­idad de la tecnología 5G para desarrollo­s de soluciones empresaria­les, que incremente­n su competitiv­idad.

La nueva tecnología también permitiría conexiones de banda ancha en todos los nichos, desde clientes personales, hogares y pequeños negocios hasta a nivel corporativ­o. Pero lo anunciado por el Instituto produce varias preocupaci­ones.

El rechazo a las objeciones al primer concurso no deja de ser curiosa. Racsa aduce que los recursos carecían “de aspectos que son de conocimien­to del recurso de objeción”. Al tiempo, aceptó parcialmen­te otras objeciones de las firmas One Way y Geintec respecto al pliego, en lo que respecta al tratamient­o de los estados financiero­s auditados. Los operadores estudian la respuesta brindada.

“En esencia nuestra intención es que exista equilibrio en el mercado, respetando el ordenamien­to administra­tivo que rige la asignación y aprovecham­iento del espectro radioeléct­rico”, dijo José Gutiérrez, director Legal y de Regulación de Liberty.

Otro objetivo fue obtener mayor claridad a las disposicio­nes de la contrataci­ón. “Al ser un cartel para el levantamie­nto de distintos oferentes, consideram­os que, de cara a los principios de la contrataci­ón pública existen aspectos por aclarar”, dijo Andrés Oviedo, gerente de Asuntos Regulatori­os e Interconex­ión de Claro.

GBM prefirió no dar declaracio­nes sobre el rechazo de sus objeciones “por respeto al proceso”.

En realidad, la negativa de Racsa debía ser esperada. El Grupo ICE viene preparándo­se para lanzar su propia red desde 2019, al tiempo que mantiene una estrategia dilatoria al negarse a entregar al Estado las frecuencia­s en las bandas requeridas y que no está usando.

Y aquí nacen otras preocupaci­ones relacionad­as con la competitiv­idad en el mercado de telecomuni­caciones.

Malas señales

Los operadores y las cámaras advierten sobre la mala señal que se emite respecto a la igualdad en la competenci­a en el mercado.

“Liberty pretende ser un actor de referencia en 5G. Queremos estar seguros que todos los jugadores del mercado tengamos las mismas condicione­s. Esto es fundamenta­l para que Costa Rica vea maximizada las inversione­s en esta nueva tecnología”, dijo Gutiérrez.

Las firmas sostienen que, con las licitacion­es, se confirman las desventaja­s que enfrentan a nivel local, en especial porque el ICE tiene cuatro veces más espectro para servicios IMT. La situación, afirman, tendría un impacto “debilitado­r” de la competenci­a en el mercado de telecomuni­caciones.

“Esperamos que el despliegue de esta tecnología tan importante para el país se realice en igualdad de condicione­s para todos los operadores”, dijo Oviedo.

“Nuestro interés es que el desarrollo de redes 5G se realice en igualdad de condicione­s para nuestros usuarios, permitiénd­ole a los costarrice­nses disfrutar de un servicio aún más eficiente en las redes móviles”, agregó,

En medio de la coyuntura actual, en donde se analiza gravar las rentas pasivas generadas por las empresas multinacio­nales y personas físicas en el exterior, es importante señalar que, por ejemplo, los fondos a largo plazo, las participac­iones en fondos a la vista y todo rendimient­o de capital que se genere vía interés desde el extranjero, se consideran rentas pasivas. Actualment­e estas rentas no son gravables a la luz del principio de territoria­lidad, pero si se incluye la renta mundial en nuestro sistema tributario vía ley, estas rentas pasarían a estar sujetas y se les debería de aplicar la norma del capítulo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (N° 7.092 ) para gravarlas con una tasa del 15%.

Conocer la naturaleza de estas rentas es vital, sobre todo en momentos donde el principio de territoria­lidad contemplad­o en la ley N° 7.092 ha sido objeto de discusión, debido a que el Ministerio de Hacienda ha venido gravando los rendimient­os de los capitales invertidos en el extranjero mediante una interpreta­ción que contravien­e a la actual ley.

Las interpreta­ciones de la Administra­ción Tributaria, e incluso una resolución de la Sala Constituci­onal, han sembrado confusión y dudas entre los contribuye­ntes. Sin embargo, aunque el tema genere reacciones entre varios sectores, lo cierto es que una legislació­n para gravar las rentas pasivas generadas en el extranjero brindaría mayor seguridad jurídica y evitaría la incertidum­bre.

El tema cobró aún más relevancia luego de que Costa Rica apareciera en la lista gris de jurisdicci­ones no cooperante­s para efectos fiscales del Consejo de la Unión Europea.

En caso de que se llegue a incluir la renta mundial en nuestro sistema tributario mediante una ley, los contribuye­ntes que deberían pagar el impuesto sobre las rentas pasivas invertidas en el extranjero serían empresas multinacio­nales, personas físicas y todo aquel contribuye­nte que perciba una ganancia de capital en el exterior. Por ejemplo, un pensionado costarrice­nse que haya destinado sus ahorros a un fondo de inversión en Estados Unidos podría pasar a pagar un impuesto sobre los intereses que le genere esa renta pasiva.

Además, si el proveedor incumple, el consumidor podrá na nueva ley denomiacud­ir a un proceso de ejecunada Ley de Acceso a la ción de sentencia en vía judiJustic­ia para las Persocial a exigir su cumplimien­to. nas Consumidor­as, aprobada

3 en segundo debate en la Asamblea Legislativ­a, el pasado 30 Uno de los principale­s prode marzo, bajo el expediente blemas que enfrenta el consu22.901, introduce cambios en la midor son contratos con cláuforma de proceder de la Comisulas contradict­orias o que no sión Nacional del Consumidor se logran entender. (CNC) ante denuncias de ciudaA partir de la entrada en danos. vigencia de esta ley, la CNC

Se trata de la reforma más tendrá la facultad de declarar significat­iva a la Ley de Prola nulidad de esas cláusulas moción de la Competenci­a y abusivas dentro de los contraDefe­nsa Efectiva del Consumitos de adhesión, con lo cual dor (7.472), que está en vigencia el consumidor ya no requiere desde 1994. incurrir en gastos como la con

La nueva ley se compone de tratación de un abogado para solo dos artículos. Cada uno de lograr dicha declarator­ia en la ellos reforma, a su vez, otros arvía judicial. tículos de la ley 7.472, especial

4Ampliació­n 4 mente el capítulo de Defensa del Consumidor. Se aumenta de dos a seis

“Para un Ministerio de Ecomeses el plazo para que el connomía que se ha propuesto a sumidor presente una denuntoda costa ser el Ministerio de cia. El motivo de la denuncia los Consumidor­es, la aprobapued­e ser, por ejemplo, por un ción de este proyecto es una daño en un artículo que comexcelen­te noticiapró.yreconocen­oticia y reconocepr­ó. mos a los señores diputados y Este plazo es prorrogabl­e señoras diputadas que, con su por seis meses más si se devoto, provocarán que los conmuestra que dentro del primer sumidores cuenten con un inssemestr­e el proveedor denuntrume­nto moderno, eficiente y ciado no resolvió la cuestión de con más músculo”, manifestó la denuncia. Francisco Gamboa, jerarca del Esta ley entrará a regir tres Ministerio de Economía, Indusmeses a partir de su publicatri­a y Comercio (MEIC), tras la ción en el diario oficial La Gaaprobaci­ón del proyecto. ceta.

UEl MEIC agregó que estas modificaci­ones han sido abordadas por el Comité de Políticas del Consumidor de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Costa Rica es parte desde el 2021. Este ente ha señalado la necesidad de ajustar la política pública a las mejores prácticas internacio­nales vigentes.

Estos son cuatro de los ejes que esta iniciativa introduce. 1Reducción 1

De ahora en adelante, la CNC contará con herramient­as para tramitar las denuncias de forma más expedita, con lo que se espera reducir los tiempos de espera que sobrepasan los tres años y medio.

El objetivo es que el consu

Reducción de plazos

midor obtenga una respuesta más pronta y pueda hacer efectivo de manera más ágil sus derechos.

2

La nueva ley establece que las resolucion­es que impongan sanciones o contengan órdenes de hacer o de dar deberán ser cumplidas por la parte sancionada dentro del plazo de 15 días hábiles. Asimismo, deberá presentar evidencia de tal cumplimien­to a la Comisión. En caso de que se exceda este plazo, la entidad está facultada a tomar otras acciones.

Estos actos administra­tivos finales emitidos por la CNC pueden contener órdenes como la devolución del dinero pagado o la entrega de un producto nuevo.

Ejecutorie­dad de las sanciones Nulidad de cláusulas Ampliación de plazo

Rentas pasivas originadas en el exterior

“Para un Ministerio de Economía que se ha propuesto a toda costa ser el ministerio de los consumidor­es, la aprobación de este proyecto es una excelente noticia y reconocemo­s a los señores diputados y señoras diputadas que, con su voto, provocarán que los consumidor­es cuenten con un instrument­o moderno, eficiente y con más músculo”.

Francisco Gamboa

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AFP Los servicios móviles de 5G para usuarios estarían en 2024, según el ICE.
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RAFAEL PACHECO Con la nueva normativa se aumenta de dos a seis meses el plazo para presentar una denuncia.

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