Para la descarbonización necesitamos nuevas reglas fiscales
La política climática enfrenta una coyuntura crítica. Los científicos más destacados del mundo perciben que la ventana para evitar los peores estragos del calentamiento global se cierra rápidamente.
Con la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) el año pasado, Estados Unidos finalmente actuó de manera significativa para reducir sus emisiones nacionales. Ahora Europa está tratando de responder con prisa.
Pero el limitado enfoque técnico dominante en la Unión Europea —y especialmente en Alemania, su mayor estado miembro— está llevando a Europa hacia bancos de arena fiscales y agitación social.
Para trazar un curso más seguro y sostenible, hay que vincular la política climática con la política económica en términos más amplios y, especialmente, la política fiscal. En otras palabras, la acción climática significativa requiere una estrategia que considere a la economía en su conjunto.
Hasta la fecha, los gobiernos europeos se han unido en torno a una respuesta de ingeniería para combatir el cambio climático. Por ejemplo, el plan Objetivo 55 de la Comisión Europea divide al problema en partes pequeñas y manejables, crea metas para cada sector y determina la reducción de carbono que pueden lograr las diversas soluciones en forma individual.
La respuesta que está surgiendo frente a la IRA aplica el turbo a este paradigma, con procedimientos de planificación más veloces y más libertad de acción para los subsidios industriales, pero no lo cambia.
No es un paradigma ciego ante las preocupaciones sociales, pero también en este caso el esquema mental dominante favorece la soluciones técnicas: para que la fijación de precios del carbono resulte aceptable se crea un dividendo de carbono; para atender a la pobreza energética se crea un beneficio monetario condicionado a la situación económica; para disipar el temor al desempleo en la industria de los combustibles fósiles se crea un programa de capacitación en habilidades verdes... y la lista continúa.
Aunque cubren una brecha importante, estas políticas son un inquietante eco de la llamada tercera vía propugnada en la década de 1990 y a principios de la década de 2000. En ese entonces se dijo a los votantes que no debían preocuparse por perder sus empleos debido a la automatización y la globalización, nuevas y mejores oportunidades se perfilaban en el horizonte.
Los trabajadores podían inscribirse en programas de reentrenamiento y mantenerse gracias a los beneficios del bienestar social hasta que adquirieran las habilidades demandadas.
Sabemos cómo terminó esa historia. Resulta que los empleos bien remunerados pueden desaparecer y ser reemplazados con empleos inseguros y mal remunerados. El deterioro sostenido puede afectar a regiones enteras, algo que ocurrió en muchas economías avanzadas. Después de haber pasado por esto, muchos trabajadores votaron según su experiencia.
La política climática no debe caer en la misma trampa, la marea en ascenso de la descarbonización, como ocurrió antes con la de la globalización y la automatización, no elevará todas las embarcaciones automáticamente.
Ciertamente, no existe una disyuntiva entre la prosperidad y la protección climática en el largo plazo: solo podemos prosperar en un planeta sano; pero durante el período de transición, el abandono de los combustibles fósiles aumentará los costos y la inestabilidad económica debido al mayor precio de la energía, cuellos de botella temporales, cambios en los patrones comerciales e inestabilidad financiera.
Solo con un cambio fundamental de mentalidad se puede evitar la tercera vía 2.0. Con la descarbonización debe haber buenos empleos, salarios elevados y seguridad económica, y no podemos dejar a ninguna región de lado.
Un problema que abarca a la economía en su conjunto exige que vinculemos la política climática a políticas económicas y fiscales más amplias. Si nos centramos únicamente en la reducción de emisiones perderemos de vista el bosque por mirar los árboles.
Aunque es posible que un dividendo climático beneficie a los hogares con bajos ingresos, la inversión en educación probablemente lleve a mejores empleos y salarios más elevados en términos generales.
Del mismo modo, las mejoras en las condiciones de empleo y las remuneraciones del sector público —que frente a las de otros países de la UE son relativamente malas en Alemania— fortalecerán las normas en los mercados de trabajo. Y tal vez sea necesario el resurgimiento de la política regional, aprovechando programas de la UE como el Fondo Social para el Clima o el Fondo de Cohesión, más antiguo, para garantizar la distribución de la prosperidad de manera pareja entre los países y en ellos.
Para detener el cambio climático serán necesarios cambios drásticos en el comportamiento humano y nuestras economías. Si esos imperativos chocan contra una precariedad generalizada, tanto la gente como los gobiernos pueden verse rápidamente abrumados.
Esto resultó evidente durante la crisis del costo de vida del año pasado. Incluso en Alemania el 40 % de la población carecía de ahorros sustanciales a los que recurrir. Cuando se sintió el impacto de la subida en los precios de la energía y los alimentos, y la inflación triplicó o cuadruplicó su nivel habitual, al gobierno alemán, como a otros en Europa, no le quedó más opción que brindar un apoyo fiscal masivo.
No hace falta pertenecer a la línea dura fiscal para darse cuenta de que lanzar paquetes de asistencia de esta magnitud cada vez que la transición climática enfrente dificultades no es sostenible. Las acciones preventivas son más eficientes que los rescates. Reducir el temor y la ansiedad económicos también ayudará a lograr las mayorías necesarias para la propia transición climática acelerada.
Para lograr el pleno empleo permanente, buenos salarios incluso en la base de la distribución y, por lo tanto, seguridad económica, necesitamos un nuevo enfoque para las normas fiscales. La capacidad de gasto en el corto plazo no es el problema: las normas fiscales de la UE demostraron su flexibilidad en las emergencias recientes.
En lugar de ello, a nivel europeo, las acciones preventivas requieren superar la inútil obsesión de los gobiernos con la proporción de deuda a PIB. Los responsables de las políticas debieran centrarse en indicadores macroeconómicos más relevantes, como el equilibrio fiscal primario (que excluye los servicios de la deuda), e indicadores más significativos de prosperidad a largo plazo, como la aptitud de los activos del bloque para la neutralidad en carbono.
Solo con un cambio fundamental de mentalidad se puede evitar la tercera vía 2.0. Con la descarbonización debe haber buenos empleos, salarios elevados y seguridad económica, y no podemos dejar a ninguna región de lado.