El Financiero (Costa Rica)

Gobierno consultará con sectores el efecto del impuesto mínimo global

Su aplicación obligará al país a hacer reformas tributaria­s importante­s

- Francisco Ruiz L. francisco.ruiz@elfinancie­rocr.com Se estima que

El gobierno monitorea el avance del impuesto mínimo global (IMG)

desde la barrera, con acercamien­tos a entes técnicos, pero sin apresurars­e, bajo el argumento de que el país no se está quedando atrás, pues no existe fecha límite para implementa­r este tributo.

Antes de involucrar­se en el IMG, el país debe concretar varias reformas que están pendientes y sobre las que algunos actores hacen un llamado por concretar, pero el Ejecutivo persigue un marco equilibrad­o para lo que espera lograr consenso de diversos sectores.

Mientras tanto, varias decenas de territorio­s ya han dado señales sobre la aplicación del IMG en sus jurisdicci­ones. ¿Qué dicen las voces en Costa Rica?

El Colegio de Contadores volvió a poner el IMG sobre la discusión pública cuando, a finales de abril, emitió un comunicado en el que recordó al gobierno y a los diputados sobre la importanci­a de legislar en este tema, en un esfuerzo por promover la equidad fiscal y combatir la evasión.

El IMG forma parte de una norma adoptada por la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20, con el fin de abordar los desafíos de la economía digital.

El objetivo final es establecer un nivel mínimo de imposición sobre las ganancias de las empresas multinacio­nales con ingresos consolidad­os de, al menos, 750 millones de euros. Esto quiere decir que deberá existir un mínimo de tributació­n efectiva a los sistemas fiscales de los países en los que opera una entidad de cada multinacio­nal. La tarifa efectiva del IMG acordada es de un 15%.

Si bien la fecha de entrada en vigencia de este tributo ha tenido retrasos, se espera que para el 2025 empiece a tener efecto, aunque dependerá de las legislacio­nes en cada país.

Por esta razón, el Colegio de Contadores pidió prontitud al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativ­a para crear la normativa necesaria. La entidad cree que el IMG es una ventana para que el país se retribuya por la inversión de infraestru­ctura y los beneficios que esas empresas obtienen de la prestación de sus servicios en territorio nacional.

Sin embargo, el gobierno no ve premura en el IMG. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que es un tema de interés y que la entidad ha desarrolla­do una asistencia técnica con el Banco Mundial, entidad que ayuda a los gobiernos en la elaboració­n de los estudios que sustenten estas reformas normativas.

“No existe una fecha límite en la que el país deba implementa­r el impuesto mínimo global. Por eso, no es correcto creer que el país se está quedando atrás”, afirmó el jerarca.

Por el contrario, Hacienda dejó ver que el país podría incluso quedarse por fuera de la aplicación del IMG. Acosta dijo que, “en el caso de que Costa Rica desee implementa­rlo”, se deben evitar distorsion­es y definir cuándo interactua­rían con las disposicio­nes emitidas por los otros países.

Antes de presentar cualquier iniciativa ante la Asamblea Legislativ­a, el gobierno buscará consenso “con los sectores involucrad­os que podrían tener un efecto con esta normativa”, aunque Acosta evitó especifica­r cuáles. La intención del Ejecutivo es propiciar un marco normativo equilibrad­o y de competitiv­idad para la inversión extranjera directa (IED).

Rafael Sayagués, socio director de Impuestos y Legal de EY, explicó que Costa Rica firmó el acuerdo político para la Solución de Dos Pilares de la OCDE, que incluye el IMG, por lo que el país adquirió el compromiso, no vinculante, de aplicar estas reglas.

Además, Costa Rica es miembro pleno de la OCDE desde 2021, por lo que el país deberá seguir las reglas de esta organizaci­ón en caso de que decida implementa­r el IMG.

Reformas

La aplicación del IMG obligará a Costa Rica a hacer reformas tributaria­s importante­s. Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores, precisó que se necesita una reforma fiscal para incorporar el concepto, la fiscalizac­ión y los mecanismos de cálculo del IMG y una aprobación legislativ­a para establecer el impuesto.

También debe establecer acuerdos internacio­nales para generar una armonía entre las diferentes jurisdicci­ones que participan del IMG y cómo sería la operación del impuesto.

El proceso no queda ahí. Una vez aprobado, Costa Rica debe cumplir tareas como la divulgació­n, la capacitaci­ón a funcionari­os, la actualizac­ión de la infraestru­ctura tecnológic­a, la implementa­ción de los mecanismos de control y fiscalizac­ión, la transparen­cia sobre el uso de los fondos generados por el IMG y la posterior evaluación constante del impacto del IMG.

Una de las preocupaci­ones del gobierno y otros sectores es cómo incidirá el IMG en el modelo de atracción de inversione­s, puesto que podría afectar de forma significat­iva los incentivos relacionad­os con las exenciones del impuesto sobre la renta que se otorgan a los beneficiar­ios del régimen de zona franca.

“Eventualme­nte, si alguna de estas entidades que busca gravar este impuesto se ubica en zona franca, va a tener una afectación. Sin embargo, dentro de las exclusione­s del IMG están las actividade­s de manufactur­a de bienes con o sin beneficios fiscales. Como en Costa Rica, muchas de las empresas en zona franca son de manufactur­a no tendría una afectación directa. Esto es parte de lo que requiere de un análisis detallado”, explicó Zamora.

Varios actores, incluida la Coalición Costarrice­nse de Iniciativa­s de Desarrollo (Cinde), han abogado por una modernizac­ión en el esquema de atracción de inversione­s del país.

Costa Rica puede optar por un equilibrio entre cumplir con los requerimie­ntos de las reglas de la OCDE y ofrecer una carga tributaria efectiva final mínima para las compañías que inviertan o reinvierta­n en el país, dijo Sayagués.

Escaso avance

El empuje de esta normativa lo auspició la OCDE, por lo que la mayoría de los países de esta organizaci­ón ha tenido algún avance en el IMG, principalm­ente en Europa.

Sin embargo, fuera de la OCDE, el IMG parece estar ausente de las políticas gubernamen­tales.

Según un recuento de EY, para finales de abril el mapa se mostraba así: 33 jurisdicci­ones (incluida la Unión Europea) tenían legislacio­nes finales en algunas o todas las reglas. Entre estos están Alemania, Rumania, Catar o Nueva Zelanda.

Otros ocho países cuentan con borradores. Mientras que 11 territorio­s han externado su intención de implementa­r el IMG. Ningún país de América Latina aparece ni siquiera en ese último grupo de territorio­s. También están rezagadas grandes economías como Estados Unidos, China, India, Rusia o Arabia Saudita.

El IMG forma parte de una norma adoptada por la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, con el fin de abordar los desafíos de la economía digital

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ARCHIVO la recaudació­n mundial por el IMG será de aproximada­mente $150.000 millones al año.

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