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El Tribunal Contencioso-Administrativo anuló una resolución de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), tomada en el 2013, la cual autorizó el uso de redes de arrastre en el Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) de San Juanillo, en la península de Nicoya.
La sentencia se dictó el 19 de julio, tras la demanda que interpusieron varios pescadores artesanales, quienes consideran que el aval contradice un voto de la Sala Constitucional del 2013, el cual prohíbe esa técnica por dañar el ambiente.
Con la aprobación, segúnlos demandantes, Incopesca se apartó del criterio técnico elaborado por representantes de la misma institución, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y pescadores, el cual señala que el uso de redes de arrastre debe prohibirse.
Incopesca alegó que tal criterio era solo una propuesta.
Además, consideró que “toda actividad pesquera genera un impacto ambiental, en mayor o menor grado, por lo que si se parte de la premisa de los denunciantes, no se podría realizar ningún tipo de actividad”, según consta en la sentencia.
No obstante ello, los jueces consideraron que la medida de Incopesca violentó 11 normas y tratados sobre pesca responsable y biodiversidad.
Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, asegura que el fallo es positivo.
“La sentencia respalda el trabajo que hemos hecho para asegurar la captura sostenible del camarón”, manifestó.
Meneses explicó que la entidad cuenta con una zonificación de las costas, para identificar las regiones que deben liberarse de la pesca de arrastre. Además, informó de que pronto firmarán, en conjunto con la Universidad de Costa Rica (UCR), un plan que determina las capacidades de captura de camarón.
Pese al mandato de la Sala IV que prohíbe la pesca de arrastre, el Gobierno promueve un proyecto de ley para regular esa técnica de captura.